Soelsac: el mapa de expedientes abiertos por denuncias cruzadas entre Fittipaldi y Saillén

Gabriela Stefi Pérez (24) se desplomó el sábado de la semana pasada, poco después de las 14, durante un almuerzo en el Club Yapeyú al que asistió convocada por el Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac).

Un proyectil de nueve milímetros se le incrustó en el cuerpo, le quebró la clavícula izquierda, la primera costilla y atravesó una vena provocándole un shock hipovolémico.

De los 10 disparos que se realizaron desde la vereda de enfrente del club, el segundo, posiblemente, haya sido el que terminó con su vida. Las cámaras del interior del local la muestran girando levemente la cabeza y cayendo, cuando todos se levantan asustados por el tiroteo.

La hipótesis principal es que el ataque era una advertencia más en un derrotero de hechos violentos denunciados. Pero, el portón de ingreso al club y una puerta lateral apenas entreabiertos habilitaron una línea diagonal al tirador, por la que se coló la bala impactando en el cuerpo de Gabriela.

La fiscal Silvana Fernández llegó al lugar apenas fue notificada del hecho. Estuvo hasta la una de la madrugada. Garantizó que la escena del crimen no se contaminara. Analizó cada detalle junto a peritos planímetros y balísticos.

Todo quedó en manos de la División Homicidios de la Policía de Córdoba, en especial la ardua tarea de individualizar al autor de los disparos. Una vez detenido, se apuntará a la autoría intelectual del homicidio calificado por el uso de arma de fuego. No caben calificaciones menores.

La tragedia que enluta a la familia de Gabriela Pérez tuvo alertas previas. PERFIL CÓRDOBA publicó el 6 de agosto último la existencia de una escalada de violencia en la interna sindical del Soelsac que enfrentan al actual secretario General, Sergio Fittipaldi, y al dirigente del Surrbac (Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba), Franco Saillén.

El viernes pasado la Fiscalía General, finalmente, conformó una Unidad de Investigación que aglutinará cinco expedientes que se tramitaban por separado. También intervendrá en eventuales futuros hechos delictivos y coordinará operativos con la Policía de Córdoba y organismos vinculados al gremio. La unidad está integrada por los fiscales Silvana Fernández, Patricia García Ramírez y Guillermo González.

Por qué imputaron a Saillén  y al sobrino de Fittipaldi.

El primero en denunciar fue el sector de Saillén. Él no está afiliado al Soelsac, pero apoya a una agrupación disidente que le disputa poder a Fittipaldi y está integrada –mayoritariamente– por mujeres, llamada ‘Más Soelsac’. Públicamente y desde sus redes, cuestiona la conducción del actual secretario General y sus políticas gremiales.

La presentación judicial se realizó el 19 de mayo. Refería un episodio de presuntas amenazas que terminó con un auto chocado. La investigación continuará a cargo de la fiscal Patricia García Ramírez y tiene a tres personas imputadas, entre las cuales se encuentra Gonzalo Nicolás Miranda, sobrino de Fittipaldi. El jueves pasado se lo pudo ver en la barandilla de la Fiscalía para un trámite judicial. Son asistidos por el abogado Alexis Kohmann, el mismo que oficia de vocero de Fittipaldi.

Un segundo expediente se abrió por la denuncia de una mujer, Norma Beatriz Yañez, ya que el 18 de julio cuando se encaminaba al Club Argentino Peñarol para un acto, se topó con dirigentes de ‘Más Soelsac’ y fue atacada. La fiscal Jorgelina Gutiez imputó por amenazas y daño a Franco Saillén y a otras dos personas y dictó una medida de prohibición de acercamiento a ella y a testigos que declararon en la causa. Ese expediente será acumulado al resto.

Hasta el viernes pasado, antes de la integración de la nueva Unidad de Investigación, los hechos violentos entre militantes de ambas facciones internas del Soelsac habían generado ocho imputaciones en tres causas diferentes.

CRONOLOGÍA VIOLENTA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Mensajes, amenazas, empujones, daños a vehículos, exhibición de armas y acusaciones de traición, fueron los ingredientes que cocinaron el desenlace trágico del 9 de septiembre en el Club Yapeyú, donde Gabriela Pérez terminó siendo el blanco accidental que pagó con su vida una escalada de violencia que nadie detuvo: ni los protagonistas ni los organismos involucrados de diferente modo. El telón de fondo de esta tragedia es el proceso electoral en Soelsac.

Las denuncias realizadas desde mayo son prueba elocuente de ese derrotero.

El 17 de ese mes sucedió el primer hecho denunciado. En las afueras de una escuela de Villa Azalais se produjo una agresión mientras miembros de ‘Más Soelsac’ circulaban en un Volkswagen Bora. Relataron amenazas y “violencia física y psicológica”. El vehículo fue, además, chocado por un Fiat Siena. En la presentación aludieron desafiliaciones arbitrarias de trabajadores no afines a Fittipaldi, hechos que fueron notificados al Ministerio de Trabajo de la Nación. La fiscal Patricia García Ramírez imputó y ordenó la detención de María José Varela, Gonzalo Nicolás Miranda (sobrino de Sergio Fittipaldi, secretario General del Soelsac) y de Tomás Tello por los delitos de amenazas calificadas, daño y lesiones reiteradas. Actualmente, se encuentran libres.

El 8 de agosto último el abogado Alexis Kohmann, patrocinando a Sergio Fittipaldi, presentó en la misma Fiscalía otra denuncia relatando una serie de episodios ocurridos entre el 2 de junio y el 18 de julio pasados. La fiscal García Ramírez analizó cada hecho y resolvió que las denuncias por posteos de Franco Saillén en sus redes sociales desafiando y desacreditando la gestión de Fittipaldi, audios de WhatsApp y mensajes a afiliados convocándolos a votar a ‘Más Soelsac’, no encuadraban en amenazas sino en injurias y resolvió archivarlas. La contra denuncia por el ataque del 17 de mayo en la escuela de Villa Azalais, sobre el que Fittipaldi ofreció una versión inversa, aclaró que estaba en investigación y, por último, sobre otros dos sucesos dijo que había expedientes ya abiertos en otras fiscalías por lo que debían seguir su curso en esas oficinas. La semana pasada, el defensor de los imputados, Kohmann, se opuso al archivo mencionado por lo que un Juzgado de Control revisará la decisión.

Los otros dos sucesos se refieren a dos denuncias. Una de ellas fue presentada en la Unidad Judicial el 2 de julio por Javier López. Señaló que se presentaron en su casa dos personas, Miguel Velázquez y Carlos Zárate. Lo trataron de ‘traidor’, le dijeron que por más que denunciara “cuando te agarremos, te vamos a quebrar” y le enviaron mensajes con imágenes de dos armas de fuego, de las cuales una era una Bersa Thunder. El fiscal Guillermo González imputó la semana pasada por presuntas amenazas calificadas a Velázquez y Zárate.

La otra fue realizada por Norma Beatriz Yáñez. La mujer relató que el 18 de julio cuando se dirigía a un acto del gremio en el Club Argentino Peñarol fue interceptada por un grupo de personas de ‘Más Soelsac’ quienes la atacaron. La fiscal Jorgelina Gutiez imputó por ese hecho a Franco Saillén, César Alderete y Matías Romero por el presunto delito de amenazas y daño.

Por último, hubo una presentación el viernes 9 de septiembre, el mismo día en que Pérez fue asesinada. A través de un correo electrónico a la Fiscalía del Distrito I Turno 6, a cargo de José Bringas, que ingresó a la 1 de la madrugada, Sergio Fittipaldi relató haber recibido amenazas a través de terceros.

Un funcionario judicial dijo a este medio: “Tiró una bomba, pero la mandó por mail por lo que no ingresó al sistema”. Recién el lunes lo leyeron. En ella, Fittipaldi asegura que fue amenazado de muerte por dos barrabravas, uno del sector ‘La Igualdad’ del Club Atlético Belgrano y otro de Talleres. Da nombres y refiere que uno tiene antecedentes por narcotráfico, que teme hasta por su libertad porque podrían plantarle droga. En el mismo correo pide seguridad para la asamblea que debía realizarse el jueves 14 de septiembre y que el Ministerio de Trabajo de la Nación suspendió porque no fue comunicada en los plazos previstos por ley.