Dos indicadores sociales fundamentales de la economía que se conocieron esta semana dieron cuenta del nivel de la crisis estructural que enfrenta la Argentina. Según el Indec, la desocupación a escala nacional llegó al 9,6% en el segundo trimestre y en el Gran Córdoba a 10,8%. En tanto, la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia informó que la pobreza superó el 30% en el primer semestre de 2018, mientras consultoras privadas anticipan que a nivel nacional se registrará un salto del 25% al 32%.
Para completar el panorama, la relatora especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU, Hilal Elver, sentenció tras recorrer el país: "En la Argentina casi cuatro millones de personas enfrentan una seria inseguridad alimentaria". En Córdoba, esta emergencia la padece un 27,5% de niños y adolescentes de entre 0 y 17 años; de ellos, un 16% la sufre en carácter moderado y un 12% en condición severa, según datos del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia.
Se está debilitando la trama de la red que sostiene al tejido social. La Administración Schiaretti anunció el refuerzo de $3.500 millones en las partidas destinadas a gasto social; al final del año se habrán invertido $ 12.500 millones en este presupuesto. En lo inmediato se aumentarán los fondos para Tarjeta Social, viviendas sociales, Paicor, asistencia a madres y niños y préstamos personales a través del Banco de la Gente.
¿Suficiente para la crisis? Según la OIT, las redes de asistencia social son imprescindibles para que las personas vulnerables no caigan al vacío, y puedan allí rebotar -en el tiempo más acotado posible- hacia un territorio de lo que define como “trabajo decente”. Los datos de la coyuntura muestran tres razonas fundamentales por los que la generación de empleo genuino y decente se complicará en la Argentina, a menos al mediano plazo.
1-Recursos privados inhibidos. El Informe de Coyuntura del Ieral, del 20 de septiembre, da un dato demoledor: un 80% del ajuste fiscal previsto en el Presupuesto 2019, es explicado por suba de impuestos o menor gasto de capital (obras de infraestructura). Si se aprueba, la presión tributaria nacional subirá de 24,4% del PIB el año pasado a 25,2% en 2018 y a 26,2% en 2019.
Para las empresas de Córdoba esa carga impositiva terminará superando el 35% si se adiciona la provincial y municipal. El objetivo de déficit cero se respaldará en el esfuerzo del sector privado, mientras se sostiene un gasto público total que, medido como porcentaje del PIB, es similar al promedio de los países más ricos de la Ocde (40%). En esos países desarrollados, la desocupación no supera el 5%, mientras en la Argentina se descuenta que llegará a dos dígitos en la próxima medición.
2- Capital social vulnerable. Según la encuesta de hogares del Indec correspondiente al primer trimestre del 2018, se estima que entre la población menor de 20 años de edad la pobreza alcanza al 38%.
“Estos datos muestran que los niños y los jóvenes sufren cinco veces más pobreza que los mayores”, señala la consultora Idesa. Esta realidad no sólo anticipa un deterioro del potencial de recursos humanos futuro, sino explicita la realidad de familias jóvenes que en el presente no logran hacer pie en un escenario laboral estable. Los últimos datos de desempleo reflejan que entre los desocupados, la mayor tasa la tienen las personas de hasta 29 años con secundaria completa. Si no se reconvierte ese capital humano con capacitación específica y entrenamiento laboral, quedarán atrapados en las redes del asistencialismo.
3- Magra inversión en capacitación. A pesar de contar con el mayor gasto social de América Latina (29% del PIB), en Argentina hay déficit en las políticas activas de formación para el trabajo. Según la Ocde, América Latina gasta en promedio 1,3 puntos del PIB en acciones de capacitación, mientras que Argentina gasta apenas 0,5%. “Este tipo de acciones exigen un elevado nivel de coordinación y previsión de las habilidades requeridas en el mercado de trabajo, aspectos no siempre contemplados en el diseño de estas políticas”, señala el economista Rodrigo González, de Fundación Ideal. Y concluye: “El 75% del gasto nacional en políticas laborales activas financia programas de empleo público”.
