"Una de las personas que participaron en el asesinato de Maders era allegado al poder"

La noche del 6 de septiembre de 1991 una noticia conmocionó la ciudad: en la puerta de su domicilio, calle Larrauri 3695 de barrio Residencial Vélez Sarsfield, había sido asesinado de dos balazos el ingeniero Regino Maders (45), exsenador provincial por la UCR, exdecano de la UTN y, en ese momento, funcionario de Epec.

Dirigente de la línea interna Movimiento de Renovación y Cambio del radicalismo cordobés, Maders estaba investigando varias líneas de supuestos hechos de corrupción.

En 2005, la Cámara 1ª del Crimen de Cruz del Eje condenó a prisión perpetua al expolicía Oscar Hugo Síntora, sindicado como el que efectuó los disparos mortales con una pistola 9 mm. Hoy goza del beneficio de la prisión domiciliaria en esa ciudad del oeste provincial.

En otra causa, caratulada como ‘caso Maders II’, fue acusado como autor intelectual del asesinato, el exdiputado provincial, también radical, Luis Medina Allende –ya fallecido–, quien resultó absuelto en 2008.

 

El juez original.

El primer juez en hacerse cargo de la investigación fue Guillermo Johnson, por entonces al frente del Juzgado de Instrucción de 16ª Nominación, con quien dialogó PERFIL CÓRDOBA al cumplirse tres décadas de uno de los casos más resonantes en la justicia penal de la provincia.

–¿Fue el crimen político más importante en décadas en Córdoba?

–Yo estimo que sí. Fue un hecho gravísimo y en cierta forma la sociedad cordobesa todavía no ha saldado esa deuda, porque lo importante es que se hubiera descubierto a los autores intelectuales. Solo se determinó la participación de un autor material, Oscar Hugo Síntora. Cuando me hice cargo de la investigación, vi que la Policía de la Provincia estaba muy condicionada para investigar el hecho. Empecé a desandar todas las hipótesis que estaban sembradas en ese expediente, que era un sumario policial.

Una de las primeras que apareció fue la de un crimen pasional, que se investigó y se agotó. Había algunos problemas familiares, pero se determinó que eso no tenía nada que ver y se descartó.

–También se habló de un robo.

–Sí, los investigadores policiales se cerraron en esa hipótesis, pero los hechos no cerraban: un robo en el que matan por la espalda a una persona y dejan todos los bienes, el portafolios, el llavero, el auto que acababa de guardar. Además, lo balean antes de entrar a la casa. No tenía sentido.

También hay que tener en cuenta la forma en que se produce el hecho: a Maders lo atacan dos personas. Uno –desde un ángulo muy distinto al de los balazos mortales– le hace dos disparos de calibre 22 mm que, rebotan en la vereda y pegan en la casa del frente, donde había una persona despierta que escucha esos dos tiros y siente que las balas golpean en su pared.

Esa persona, que era muy mayor y discapacitada, murió poco después, pero les dijo a los policías que escuchó primero los dos disparos de 22 mm y enseguida otros dos disparos más potentes, que fueron los de la pistola 9 mm que impactaron en Maders. Uno de esos balazos le afectó la aorta y se desangró.

Este vecino, que estaba atento, escuchó correr a dos personas: una era Síntora, mientras que la otra, que corría con zapatos, nunca pudimos saber quién era. Síntora no actuó solo, lo hizo con un cómplice.

–¿Por qué dejó la causa?

–Yo dejé la causa porque no podía investigar con la policía provincial, no solo porque se cerraron en la hipótesis del robo, sino también porque veía una desidia, una falta de interés en la investigación. El juez no investiga, no puede salir a golpear puertas y llamar gente, porque no es su tarea, sino que lo hace con un instrumento auxiliar que es la policía, que investiga y hace la inteligencia en la causa.

Hubiera sido de gran ayuda que la policía se involucrara más en la investigación. No estoy juzgando a la institución, sino a las personas destacadas para esta investigación. El comisario que fue seleccionado, Ramón Yanés, era muy capaz y había dado muestras de ser un muy buen investigador, pero se cerró en lo del robo y tuvimos serias discusiones. Después le encargué ciertas diligencias y nunca las cumplió, hasta que un día le dije: “Bueno, acá termina su labor porque este equipo así no funciona”. Empecé a buscar otros policías, que fue todo un problema.

Tengo que destacar la ayuda de la familia de Regino Maders, quienes se pusieron a disposición del juzgado y colaboraron mucho con la investigación.

Fue entonces cuando pensé en la Policía Federal, para lo cual tenía que pedir autorización a las autoridades nacionales. Yo no lo conocía a (Carlos) Menem –por entonces Presidente de la Nación– pero le mandé una carta pidiéndole que me dejara utilizar efectivos de la delegación local de la Policía Federal; aceptó y me destacaron dos efectivos de esa fuerza. Ellos me aportaron alguna información que tenía que ver con el tráfico de drogas, más allá de los hechos de corrupción que se ventilaban en Córdoba en ese momento.

–¿Cuáles eran esos hechos?

–Fundamentalmente el tema Epec. Al investigar todos los círculos en los que se desenvolvía Maders –política, universidad y la familia– todos comentaban como tema central de preocupación para él lo relacionado a la concesión para la explotación de la usina (Central Francisco) Bazán de Epec.

A través de una denuncia muy fundamentada que recibí de un ingeniero de apellido Llorens, a quien habían perjudicado como proveedor de Epec y conocía los negociados y los acomodamientos en las licitaciones, empecé a ver que en la licitación por la reparación de esa usina, había ofrecimientos a empresas cercanas al poder. Esas relaciones llegaban hasta el hermano de quien era presidente del TSJ en ese momento (Roberto Lousteau Bidaut) y algunas personas que habían sido ministros que formaban parte de esas empresas.

–¿Recuerda cuáles eran esas empresas?

Recuerdo que una era Grandes Motores Diesel; otra era Soinco, y había participado Electro Ingeniería, pero perdió la licitación y luego colaboró con algunos aspectos técnicos de la investigación.

En lugar de buscar la inversión privada, que era lo que se pregonaba y promocionaba por los medios, los que ponían la plata eran los cordobeses, los avales eran del Banco de Córdoba y algunas de las empresas que se presentaban a la licitación estaban fundidas, como GMD. Al revisar los estados contables de esas empresas, secuestré unos expedientes del Banco de la Provincia y descubrí que esas empresas le debían cifras millonarias en dólares al banco y eran las mismas que se iban a encargar de la reparación y la explotación de la usina. Eso no cerraba, porque en definitiva los cordobeses ponían la plata para que otros se beneficiaran con la explotación de la empresa.

Esto, en su momento, fue administración fraudulenta, de la cual participaron los ministros que firmaron los decretos, el fiscal de Estado y hasta el gobernador, además de funcionarios de Epec. Como se hicieron anticipos, se concretó el daño patrimonial a la provincia y por eso yo imputé defraudación.

Esa era una de las preocupaciones que tenía Maders y que configuraban hechos concretos y tangentes que tenía en la investigación. Su hermano Juan, a quien Regino le contaba todo, era una especie de confesor del exsenador, me dijo que también le preocupaba el tema de la corrupción en el Banco Social, por el tema del juego, la instalación de las ‘maquinitas’ (de video póker) y cómo se estaba vaciando el banco. Bueno, ya sabemos cómo terminó, con las condenas a Jaime Pompas que no era solo el presidente del Banco Social, sino también el apoderado de la UCR. O sea, un hombre muy cercano al poder. En torno a las preocupaciones de Maders había un cúmulo de cosas, pero para mí, centralmente, era el tema de Epec.

–O sea que el caso estaba directamente condicionado por la política.

–Claro y cuando yo advertí que no podía avanzar más en la investigación porque el impedimento mayor era político y que no conseguía investigadores ya que la policía, por más buena voluntad que pusiera, obedecía órdenes del poder, comencé a investigar solo, con un fiscal (que era sobrino de Pompas) quien más que controlar la investigación me controlaba a mí.

Cuando renuncié, uno de mis argumentos fue que la figura del fiscal general es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, porque es una persona que dura cinco años en su cargo y es propuesta por el Ejecutivo. Y si se revisa la historia de los fiscales generales, siempre fueron personas permeables o cercanas al gobierno de turno, en todos. No digo que sean empleados del poder político, pero son afines.

Volviendo a lo de Maders, yo vi que por los caminos de la Justicia no podía avanzar, porque tenía una Cámara de Acusación, un fiscal, un Tribunal Superior en los que había algunos que eran muy buena gente y otros no tanto, que me condicionaban para investigar ese hecho, entonces decidí renunciar.

–¿Algún día se sabrá la verdad sobre este caso?

–Siempre dije que cuando cambiara el signo político en la provincia íbamos a saber qué había pasado con Maders, pero la verdad es que, lamentablemente, las cosas no fueron así y nada se pudo hacer. Lo que pasa es que hay conexiones entre los partidos políticos; hoy yo, mañana vos.

En aquel entonces se desguazó la causa, se la cerró. Yo a (Luis) Medina Allende lo investigué porque conocía mucho del hecho, pero nunca me dieron los papeles para imputarlo. Después lo imputaron sin pruebas concluyentes y lo tuvieron que sobreseer. Dijeron que yo lo había imputado. Mentira, yo no lo imputé y sabía cómo iba a terminar: sobreseído y después no se lo podía volver a juzgar por la misma causa. Lo llevaron a juicio sin pruebas y bueno, el resultado fue ese.

 

La íntima convicción sobre los autores intelectuales

–En una nota de La Voz del Interior, en 2004, le dijo al periodista Carlos Paillet que tenía la íntima convicción de quiénes… (interrumpe).

–La tengo, tengo la íntima convicción de quienes fueron los instigadores o autores intelectuales del asesinato de Maders, pero no puedo decir lo que no pude probar en el expediente. No quiero ser sometido a una querella que voy a terminar perdiendo. Es el poder.

En el proceso penal, para que se entienda, el juez tiene que manejarse con la sana crítica, que es un estado de convicción que se alimenta de la experiencia y de normas lógicas. En otras épocas no fue ese el principio rector de la psicología judicial, sino la íntima convicción, en la que el juez tiene percepciones que no las tienen otros protagonistas tan cercanos como él a la causa. Yo tengo mi íntima convicción, pero como esta no puede ser controlada por las partes sabiamente en los procesos penales, no es un estado psicológico que pueda ser volcado válidamente en un proceso.

Todos los jueces tenemos la íntima convicción en las causas; en una época se juzgaba y se condenaba con la íntima convicción, fue en la Edad Media, pero como no puede ser controlada por las partes y concretada en pruebas no alcanza para condenar.

Entre esas dos personas que corrieron después de balear a Maders, tengo la íntima convicción que el que lo hizo con zapatos es una persona muy allegada al poder. Y hasta ahí voy a llegar.

 

“Un fuero para la política”

Cuando tramité la causa Epec, el fiscal me pidió participación en todos los actos de la instrucción, no podía tomar ningún acto sin su presencia. Y así se hizo.

En este caso el fiscal no era Pablo Sironi, sino otro (César Sarmiento), a quien se lo llamaba religiosamente en todos los testimonios y diligencias, por orden del fiscal general que en ese momento era Luis Sayavedra; ahí pude ver que era muy permeable a las órdenes que recibía y cómo actuaba en este caso.

Hay un episodio que lo demuestra: cuando yo dicté el desafuero y procesamiento de (Eduardo) Angeloz, le dije al fiscal: “Vení que te quiero notificar”. Él conocía todo el trámite. Vino una mañana, creo que un jueves, y me dijo: “Mañana no voy a poder venir, voy a volver el lunes” y me dejó firmada la notificación. Se enfermó ese fin de semana y el lunes no vino, pero apareció desesperado su secretario y me preguntó: ¿”Doctor, hay tiempo para apelar”? Esto demuestra que cumpliendo directivas del fiscal general lo obligaron a apelar, cuando ya estaba notificado y no había ni mencionado que iba a apelar la medida.

Cuando lo entrevisté, me dijo: “Lo que pasa es que el fiscal general me ordenó que apelara”. Entonces le pedí que a esa orden se la mandaran por escrito y me contestó: “Vos sabés cómo son las cosas acá”.

No quiero dar nombres porque hay gente que ha fallecido y no puede responder, pero en la Cámara de Apelación había un vocal que era hermano de un socio del estudio de Angeloz. Así funcionaba esa Cámara, nunca podíamos elevar a juicio ninguna causa que involucrara a funcionarios porque funcionaba como dique de contención y los jueces no podíamos elevar a juicio muchas causas.

Hoy está el fuero Anticorrupción que es más o menos lo mismo, un fuero para la política.