El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Rosenkrantz, sostuvo durante la apertura del año judicial que buscará "superar la crisis de legitimidad de la Justicia". La complejidad de esta extendida percepción es parte de uno de los problemas más serios que tenemos.
Esta opinión negativa, obliga -como deber moral indeclinable- a emprender y continuar reformas orientadas a construir una Justicia más transparente, cercana y moderna.
La metáfora del vaso medio lleno y medio vacío será un lugar común, pero es reveladora. Una Justicia más transparente implica iniciar, continuar y profundizar medidas concretas de visibilización del funcionamiento del Poder Judicial.
En Córdoba existe y se aplica un Código de Ética, un conjunto de resoluciones deontológicas accesibles a través de la página web del Tribunal de Ética Judicial.
Se difunde la actividad judicial mediante estadísticas, estudios sobre ejes temáticos de preocupación común que han sido tratados judicialmente y se publican novedades de importancia para la página web del Poder Judicial. La información sobre el presupuesto, los recursos humanos, el sistema de ingreso y promoción del Poder Judicial está disponible en el sitio de la Justicia.
También se incluye al Observatorio de Causas de Anticorrupción e Interés Público, que permite conocer cuáles son las causas judiciales iniciadas, quiénes intervienen y en qué estado se encuentran.
A su vez, una Justicia más cercana supone modificar la organización y las prácticas, principalmente, en los llamados “fueros sociales”. Los cambios en materia de juzgados y oficinas especializados en violencia de género y familiar como así también el trabajo de coordinación interinstitucional desplegado por la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia produjeron modificaciones hasta en el modo de contactar a las víctimas, mediante una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes, algo inimaginable en un mundo anterior de citaciones y cédulas de notificación en papel.
Las Asesorías Letradas Móviles y su labor con las poblaciones más desventajadas permiten tender puentes para el acceso a Justicia. Hasta el presente, la Justicia de Córdoba es el único Poder Judicial en el que ha comenzado a funcionar una Unidad de la Defensa en contexto de encierro para favorecer el acceso a justicia de las personas privadas de libertad.
En tanto, una Justicia más moderna va del brazo de la simplificación de los procedimientos y de la tecnología aplicada. La simplificación implica dejar atrás procedimientos escritos. La oralización de los procesos se ha iniciado en el Fuero Civil en su primera etapa. Las TIC se utilizan para las cédulas de notificación, las órdenes de pago, las órdenes de allanamiento y las medidas de restricción para agresores, lo que simplifica tiempos y riesgos.
Muchas entrevistas con personas privadas de libertad se realizan por videoconferencia, para evitar traslados que insumen costes personales, institucionales y económicos. No está lejana la generalización del expediente digital. Hasta aquí la parte medio llena del vaso.
Sobre la parte vacía anotamos varias deudas: no se cuenta con una credibilidad en el Fuero Penal Económico. Una revisión de esta competencia aparece de necesario afrontamiento. Queda mucho por hacer en cuanto a la cercanía, esto es, multiplicar programas y poner en marcha otros posibles, probados en diversos países para acortar la distancia entre los ciudadanos y la Justicia.
La modernización, si bien demanda considerables esfuerzos a la organización y a los abogados, debe continuarse y profundizarse para no envejecer en el camino.
