Una oficial denunció violencia de género en el Servicio Penitenciario y una jueza ordenó que la protejan
La denunciante tendrá que ser reubicada en otro ámbito dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, según la disposición judicial.
Servicio Penitenciario de Córdoba, en la mira. |
CEDOC
Una mujer de 30 años, oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), denunció que sufrió reiterados hechos de “violencia de género, violencia laboral y abuso de poder” mientras prestaba servicio en el SPC. Ahora, una jueza de primera instancia ordenó que la víctima sea reubicada en un puesto distinto para protegerla de los ataques.
La decisión fue tomada por la jueza de primera Graciela Vigilanti y remitida a la secretaria de Gestión Penitenciaria, Cecilia Lanzarotti. El escrito judicial ordena que la mujer, que se encuentra con capeta psiquiátrica, sea reubicada al retornar a sus tareas “en otro ámbito u oficina dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que no sea el SPC”, como medida cautelar provisoria para evitar “una escalada de violencia”.
Según publicó En Redacción, la misma jueza había dictaminado en 2022 una orden de restricción contra tres oficiales mujeres del Servicio Penitenciario de Córdoba: Roxana Luján, Mónica Solera, y Laura Ruiz. Implica que existe “prohibición de comunicación por cualquier medio, así como la (posibilidad) de relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier actividad similar (a la denunciante)”.
La oficial también denunció al jefe del SPC, Juan María Bouvier, por “su responsabilidad funcional” sobre los hechos sufridos por la mujer dentro del servicio que depende del Ministerio de Justicia y DD.HH.
La mujer, madre de dos hijos, también sufrió violencia doméstica de parte de sus dos ex parejas, uno suboficial del SPC, y otro oficial de la misma fuerza. En 2021 había denunciado a su primera pareja ante el Tribunal de Conducta Penitenciario, pero no obtuvo respuestas. “Es una institución machista”, había declarado en una entrevista para el mismo medio.
El caso, en detalle
La oficial penitenciaria relató en su presentación judicial que “(en el SPC) he sufrido hechos de violencia de género, violencia laboral, abuso de poder, entendiendo por esta, el abuso de poder que ejerce una persona con la finalidad de excluir o someter a otra. Se manifiesta en mi caso particular y entre otras formas como violencia psicológica, abuso sexual, discriminación laboral, hostigamiento laboral, denigración, faltas de respeto, violencia, daño moral, perdida de chance, todo en el ámbito del trabajo lo que ha derivado en que me encuentre bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, siendo esto de enorme gravedad para mi salud”.
Según cuenta en su planteo judicial, G.R perdió un embarazo sin poder recibir atención médica, tuvo que padecer la prohibición de alimentar a sus hijos recién nacidos, debió realizar jornadas de 12 horas de trabajo sin poder dejar su puesto ni siquiera para ir al baño, recibió sanciones arbitrarias y arrestos, se le impidió ascender, le negaron traslados a otras funciones, y también fue víctima de acoso sexual, publicó En Redacción.
Reveló que, en 2016, cuando se desempeñaba en la UCA, en la Ciudad de Córdoba, pidió audiencia con la directora, Roxana Luján, para denunciar que venía sufriendo acoso sexual por parte del oficial Diego Oliva. Cuenta que Luján le respondió que “como era oficial recién designada debía acostumbrarme a este tipo de tratos ya que son habituales en el ámbito de trabajo del Servicio Penitenciario de Córdoba”.
La historia no terminó allí. Frente a la falta de respuesta de Luján, G.R se presentó ante el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. Precisó en el escrito que fue atendida en esa dependencia por el oficial Néstor Luna. “Me dijo que la palabra del oficial Oliva prevalecería sobre la mía toda vez que tenía mayor jerarquía que la que yo ostentaba en ese momento”.
