Los datos estadísticos del Poder Judicial de Córdoba del año 2016 permiten analizar el costo que representa para el Estado la obtención de una sentencia judicial. El dato surge si se divide el monto ejecutado que alcanzó el año pasado, $6.538, por la cantidad de resoluciones que produjeron los tribunales en todos los fueros, que ascendieron a 169.950.
De allí se llega a la estimación del costo para el erario por cada sentencia: poco más de 38 mil pesos. Si a ello se agrega que en 2016 ingresaron 352 mil causas y se resolvieron solo 169 mil, es decir ,menos de la mitad en números absolutos, cabe la pregunta: ¿Cuán eficiente es el sistema judicial cordobés si se invierte la nada despreciable cifra de 38 mil por cada sentencia? Los números pueden ser caprichosos, pero permiten evaluar y reconsiderar estrategias para optimizar los recursos. Para no escatimar variables en el análisis, es necesario tener en cuenta que si bien un fallo judicial es el producto acabado del sistema, hay otras decisiones que quedan afuera y que clausuran los conflictos en forma provisoria, o definitiva, con otros remedios. Hay mediaciones, juicios civiles que se inician, pero las partes no mantienen la acción.
En los Tribunales de familia, hay medidas precautorias que se van modificando con el tiempo, o también acuerdos de los poderes ejecutivos (provincial, municipal o comunal) en expedientes de ejecución de deudas fiscales. Estos nunca se verán reflejados formalmente como resoluciones, lo que no quiere decir que no hubo un dispendio de recursos para dar respuesta al conflicto.
Otra circunstancia para tener en cuenta es que Córdoba es una de las pocas provincias argentinas que incluyen en el presupuesto judicial no solo el dinero destinado a la actividad de los tribunales, sino también al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, Policía Judicial, Fuerza Policial Antinarcotráfico y las obras y adquisición de bienes de capital. En otras jurisdicciones, esas instituciones tienen presupuestos diferenciados o están incluidos en las cuentas del Ejecutivo.
El documento al que accedió PERFIL Córdoba lleva el título “Poder Judicial: datos estadísticos de 2016” y fue elaborado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, dependiente del Tribunal Superior de Justicia. Contiene un relevamiento desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado. Una cifra interesante es la que revela cuánta fue la inversión anual por habitante: 1.813 pesos. Otro dato a destacar es que, del total del presupuesto, que superó los 6.500 millones de pesos, solo 300 millones fueron aportados por recursos propios, como tasa de justicia, certificaciones, aranceles, entre otros. En Córdoba, la estructura está integrada por un total de 8.047 empleados, de los cuales 508 son magistrados; la mayoría del personal son hombres (62%) en detrimento de las mujeres (38%).
Como es de esperar, el personal posee capacitación profesional calificada, ya que el 77% son universitarios con títulos de grado y posgrado, y el 5% tiene formación terciaria, con lo cual 8 cada 10 empleados ha accedido a algún estudio superior.
Nivel de litigiosidad. Analizar este aspecto es mirar la foto de la sociedad ¿En qué aspectos plantea más conflictos? En punta están las causas ingresadas al fuero Ejecutivo fiscal (3518 cada 100 mil habitantes). En segundo lugar, las controversias civiles y comerciales (2068); luego, las penales (1.619); las de Violencia Familiar (1.160); laborales (899) y, por último, las de Familia, Niñez y Adolescencia (484). La primera conclusión es que el altísimo índice de ejecuciones de tasas e impuestos impagos revela el nivel de evasión impositiva. La segunda es que los tribunales civiles reciben miles de pedidos para ejecutar deudas de tarjetas o bancos que engrosan sus números.
Creció la violencia familiar y, si bien los medios de comunicación están siempre atiborrados de noticias penales, estas no son las más numerosas, aunque inciden en la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad de las personas. ¿Hay más conflictos familiares? Es posible, aunque también es factible que exista más decisión de acudir a la Justicia y denunciar.
Mora y efectividad. En todos los fueros, hay una brecha importante entre la cantidad de causas ingresadas y las efectivamente resueltas. El total de expedientes abiertos suma más de 352 mil; mientras que, como se dijo al inicio, las cerradas son menos de 170 mil. Es un indicador de la mora existente y se puede interpretar como cierta ineficiencia del sistema. Pero también acá, cada fuero tiene sus propias características. En lo que respecta al penal, la relación entre causas ingresadas y resueltas es del 30 por ciento. Quedan sin resolver el 70 por ciento restante.
Domingo Sesín: “Nos falta celeridad”
Con todos los números del informe sobre una mesa, este diario pidió una evaluación de la situación al vocal del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín.
-¿Es eficiente el Poder Judicial de Córdoba?
-Estoy satisfecho con la calidad de sus integrantes. Pero uno nunca está enteramente conforme del funcionamiento y quiere aspirar a mayor perfección. En Córdoba, está asegurada la idoneidad y la independencia, pero nos falta celeridad. No solo faltan más medios tecnológicos y más juzgados, sino fundamentalmente reformas del ámbito procesal que acorten los tiempos.
-¿Reformas que apunten hacia dónde?
-Que garanticen el derecho de defensa y acorten los tiempos del proceso. También hay que trabajar en la prevención del proceso a través de mediación, arbitraje, conciliación y con una gran campaña educativa a los efectos de que la sociedad se haga menos conflictiva, que se pueda convivir más pacíficamente.
-¿Por qué es importante invertir en el Poder Judicial?
-Se invierte para que se garanticen los derechos y libertades del ciudadano y para poner límite al poder político. La clave es la resolución pacífica de las controversias, la sociedad jamás tiene que acudir a la justicia por mano propia, sino buscar soluciones con arreglo a la ley y al derecho.
