El lunes último, por la tarde, familiares de víctimas de diferentes causas judiciales se manifestaron en la escalinata de Tribunales I. La convocatoria se hizo con una denuncia: “Nos une el abandono del Poder Judicial en particular y del Estado en general”.
Lo novedoso es que los convocantes atravesaron por situaciones diferentes, pero los aúna el sentido de injusticia en los expedientes donde ellos advierten que no son escuchados ni tenidos en cuenta como víctimas con voz y participación.
Cada una de sus historias remite a tragedias. Han decidido exponerlas y pedir intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de crímenes viales y casos de gatillo fácil, en su mayoría.
El objetivo es que el organismo internacional se constituya en Córdoba, analice e investigue si el Poder Judicial actúa bajo parámetros de los derechos humanos.
Mateo Aguirre. La Cámara 7ª del Crimen convalidó el martes pasado el acuerdo entre el fiscal, Sergio Ruiz Moreno, y las defensas de los jóvenes —Domingo Nahuel Ghione y Axel Gastón Pérez— que corrieron una picada, de penas de prisión condicional. Aplicaron normas del Código Penal vigentes en 2016, cuando en esa circunstancia atropellaron a Mateo Aguirre, de 8 años, mientras jugaba en la banquina de una ruta en Santa Rosa de Río I. Resultó contradictorio que los condenados por el homicidio (culposo) recibieron menor condena que los policías que los encubrieron, quienes sí tendrán que ir a la cárcel cuando la sentencia quede firme.
Sol Viñolo, Agustín Burgos, Fernanda Guardia. El 17 de mayo, Alan Amoedo alcoholizado, con marcas de cocaína en la sangre, a alta velocidad y sobrepasando un auto por la banquina, arrolló y mató a Sol y Agustín. Fernanda sobrevivió, pero hasta el día de hoy no puede caminar. El seguro no se hizo cargo de ninguno, alegando que el conductor iba alcoholizado. Fue agravada la calificación legal de Amoedo. Está imputado por homicidio con dolo eventual. Mientras sus víctimas ya no están o quien sobrevivió padece numerosas lesiones, él permanece en libertad.
Blas Correas. El 6 de agosto 2020, Blas Correas (17 años) tras un control policial, dos efectivos dispararon al auto donde iba con un grupo de amigos. Intentaron encubrir el crimen, plantando un arma que había en un patrullero. La causa fue elevada a juicio contra 13 policías. El gobernador rompió el silencio hace pocas semanas; no obstante, la familia insiste en que no reconoció la responsabilidad en el crimen policial.
Joaquín Paredes. Durante un procedimiento policial realizado en Paso Viejo, en medio de la pandemia por coronavirus, fue asesinado Joaquín (15 años). Hay cinco policías imputados.
Son algunos de los expedientes que se escribieron sobre las muertes de víctimas. Sus familias denuncian abandono y silencio estatal. “Si algo quedó claro con la sentencia de Mateo Aguirre, es que los fiscales y jueces van a mantener los mismos criterios, nadie saca los pies del plato”, reflexionó Natalia Lescano, madre de Sol Viñolo.
Es increíble que “los encubridores tienen cárcel efectiva y los autores del homicidio prisión condicional”, subrayó. Los legisladores no se vieron interpelados, ninguno se acercó a este grupo de familias, ni siquiera en campaña, relatan.
Con la movida, advierten que en Córdoba no se cumple la ley nacional 27.372 de víctimas. “Cuando se avalaba la violencia de género, se descargaba la culpa en las mujeres —reflexionó— ahora se descarga en los muertos”. Lescano hizo mención a que, en el juicio por el crimen de Mateo Aguirre, se aminoró la culpabilidad del conductor que lo atropelló porque el niño “tenía ropa oscura”.
FESTIVAL
El 17 de noviembre, a seis meses del crimen vial de Circunvalación, se hará un festival frente a Tribunales I, con la participación de Raly Barrionuevo y otros músicos para reclamar justicia.
