Los tiempos de la Justicia van al compás de los t i e m p o s d e l a política. El expediente en el que se investiga en Córdoba al dirigente sindical Hugo Moyano, es una muestra palmaria. Los elementos para iniciar la pesquisa llegaron a la fiscalía de Gustavo Vidal Lascano hace tres años, cuando el líder cegetista tuvo su mayor enfrentamiento con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El funcionario se tomó todo este tiempo para resolver la imputación de Moyano el 29 de diciembre, último día hábil de 2017. Luego, la causa llegó al Juzgado Federal Nº 2 a comienzos del mes pasado, en vísperas de la masiva movilización que lideró Moyano y que muchos interpretaron como demostración de su liderazgo opositor a la administración Macri. A partir de la publicación de este diario sobre la existencia del expediente, se produjeron numerosos trámites para la obtención de abundante prueba documental.
El recorrido. El inicio del derrotero fue un informe enviado a la Unidad de Información Financiera (UIF) por el Registro de la Propiedad de la Provincia de Córdoba, sujeto alcanzado por la obligación de informar sobre operaciones que podrían encubrir lavado de activos. El organismo elevó a la UIF el 20 de marzo de 2014 el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Allí se informaba que el Sindicato de Camioneros había comprado cinco lotes de entre 267 y 360 m2 cada uno. En conjunto suman 1.490 m2. Por esa superficie de tierra en la ciudad de La Falda pagó $6 millones mientras la valuación fiscal era de $964.553. La diferencia resultó llamativa. Se sumaron luego la forma de pago y los protagonistas de la transacción.
En la UIF se expidió primero la Dirección de Asuntos Jurídicos, el 28 de agosto de 2014, y el 15 de septiembre del mismo año, el Consejo de la UIF emitió la resolución que dio participación a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), por entonces a cargo del fiscal Carlos Gonella. El 2 de febrero de 2015, la Procelac envió a la Fiscalía Federal Nº 2 la denuncia para que investigue las maniobras con la hipótesis de la comisión de dos delitos, administración fraudulenta y lavado de activos. Desde ese momento Vidal Lascano tuvo el expediente en su despacho.
Veloz pasamanos. Según la denuncia, el titular de los terrenos era Jorge Cappucchio, quien los vendió a la empresa Kiano S.A. el 11 de octubre de 2013 por $309 mil. En el directorio de Kiano figuraba también Cappucchio. En menos de una semana los mismos lotes fueron adquiridos por Carlos Mesías, quien pagó $500 mil. Finalmente, el Sindicato de Camioneros (representado por Hugo Moyano y Pablo Villegas) pagó $6 millones el 5 de diciembre de 2013 por las mismas tierras. Un dato que no se puede soslayar: Mesías tenía una deuda impaga de $400 mil con Cappucchio. La UIF, con informes financieros, comprobó además que tenía gastos desproporcionados a sus ingresos. Y detectó que había abierto una cuenta en el Banco Santander tres días antes de la operación inmobiliaria con Camioneros, depositó el producto de la venta y cuatro días después retiró todo el dinero. En la escritura celebrada por el escribano Daniel Fernando Abat, de La Cumbre, figura la firma de Hugo Moyano. De ahí que los imputados por el fiscal Vidal Lascano sean Cappucchio, Mesías, Villegas, Moyano y Enrique Mariñansky, este último representante de la firma Kiano S.A. Los terrenos tienen la matrícula con numeración sucesiva: desde 1257269 hasta 1257273.
Indagatoria. En el Juzgado Federal 2 de Córdoba se espera la semana entrante documentación secuestrada en la sede central del Sindicato de Camioneros, por un oficio que ejecutó en Buenos Aires el juez Claudio Bonadío. PERFIL CORDOBA pudo confirmar que en la escritura firmada por el escribano Abat -que ya fue secuestradase certificó el pago “al contado” de los lotes. De ahí que sea necesario contrastar con información del acta que aprobó la compra de tierras y los asientos contables del gremio para comprobar de qué manera salió el dinero. Una vez reunida toda la prueba, el juez fijaría fecha de indagatoria, lo que podría suceder esta semana. Hasta ahora el único abogado que se presentó fue Daniel Llermanos, para asumir la defensa de Moyano.
