La Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió a la provincia de Formosa que informe, en el plazo de tres días, la situación de sus centros de aislamiento para contener la pandemia de COVID-19. La medida fue dispuesta en el marco del conflicto de competencia presentado entorno al habeas corpus del senador Luis Naidenoff por la situación de los centros que se instalaron en la provincia gobernada por Gildo Insfrán y que valieron incluso peticiones internacionales por las condiciones en que estaban las personas obligadas a estar allí.
Se trata de la segunda intervención que hace el máximo tribunal penal del país en torno a la situación formoseña respecto del pretendido control de la pandemia de coronavirus. En ese sentido, en noviembre pasado ya habían ordenado a Insfrán a que permita el ingreso de las personas varadas en las fronteras de las provincias y a las que no se dejaba ingresar.
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En su escrito, la Corte también requirió a Formosa que informe si el Centro de Atención Sanitaria ubicado en el “Estadio Polideportivo Cincuentenario” -uno de los puntos más grandes de encierro de ciudadanos- “ha sido desactivado de manera definitiva, o si se trata de una resolución condicionada a la reducción en el nivel de contagios y, en tal caso, bajo qué pautas se procedería a su reapertura”.
También, si subsisten otros centros que operen en las mismas condiciones y “sobre los protocolos para la protección de derechos humanos que deben respetar las autoridades provinciales que controlan y aplican la regulación sanitaria, incluso respecto de quienes cumplan cuarentenas domiciliarias”.
Control y propagación del COVID-19
En tanto que también exhortaron al gobierno de la Provincia de Formosa sobre la necesidad de llevar a cabo el control y prevención de la propagación del virus COVID-19 con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos, así como también acerca del deber impostergable que pesa sobre los tribunales de justicia de todo el país, en el marco de sus respectivas competencias, de brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido ya vulnerados”.
A comienzos de febrero de este año, el senador Naidenoff denunció que en los centros gubernamentales de aislamiento de la provincia de Formosa (entre ellos, el Estado Cincuencentenario), se estaban produciendo violaciones a derechos humanos de índole constitucional y convencional tales como el derecho a la vida, a un ambiente sano, a la salud física y mental, a la privacidad, intimidad, a la circulación y el derecho a recibir un trato digno -entre otros-.
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En su presentación, el senador nacional afirmó que las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno de la provincia de Formosa provocaban la convivencia en un mismo espacio físico entre personas contagiadas del virus COVID-19 (con o sin síntomas), personas con casos sospechosos sin diagnóstico definitivo, personas que tuvieron contacto estrecho con algún contagiado y personas que ingresaron a la provincia de Formosa y deben cumplir aislamiento -estos últimos, incluso con test PCR negativo-.
Además, denunció que en tales centros de aislamiento no se respetaban mínimamente las condiciones de privacidad, intimidad e higiene, ni las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Y que las personas aisladas -incluso menores de edad- comparten el mismo baño y son retenidas en sitios con divisiones precarias y en condiciones de hacinamiento, sin respetar distanciamiento y sin ventilación ni refrigeración suficiente.
El pedido de Naidenoff fue rechazado por la justicia federal de Formosa, que lo envió a la justicia provincial. Esa medida fue apelada por el legislador, quien llegó con su reclamo a la Cámara de Casación Federal, que determinó que quien debía intervenir en el caso era la justicia federal, que volvió a rechazar su competencia y así, con la apelación de la fiscalía de Estado de Formosa, se llegó a la Corte con el planteo.
CD CP
