La declaración de la pandemia en marzo de este año sorprendió a todos los países del mundo por igual. Sin embargo, las consecuencias de una crisis sanitaria de esta magnitud, con el esperado impacto negativo sobre la economía, afecta a unos y otros de manera diferenciada porque partimos de distintos lugares.
Es un hecho incuestionable que el Covid-19 es una enfermedad desconocida y, por lo tanto, hay cierta confusión con respecto a las posibles respuestas que se pueden brindar desde el sector sanitario. En este sentido, las decisiones desde los gobiernos en relación con la emergencia requieren de agilidad, porque la coyuntura es dinámica e impredecible.
Es un hecho incuestionable que el Covid-19 es una enfermedad desconocida y, por lo tanto, hay cierta confusión con respecto a las posibles respuestas que se pueden brindar desde el sector sanitario
Esta demanda de reacción a los tiempos que marca la emergencia sanitaria habilitó en gran parte del mundo a establecer mecanismos de contratación más rápidos para los insumos de la salud. Se agrega a este contexto que la cuarentena que se adoptó como medida preventiva en muchos países tuvo un significativo impacto negativo en la economía, y en consecuencia se dictaron medidas de asistencia económica para los sectores más desaventajados y para apoyar a las empresas que enfrentan una situación crítica.
Pero aún en un clima de tanta incertidumbre, cuestiones que implican un importante desembolso de fondos públicos deben ser seguidas de cerca. Las crisis, de cualquier tipo, son un caldo de cultivo para irregularidades y desvíos de dinero. Esto no es nuevo y, por lo tanto, son muchas las experiencias pasadas y actuales de las que podemos aprender.
¿Cuáles son las herramientas con las que contamos para llevar a cabo un control efectivo del uso del dinero de los contribuyentes?
En la gestión anterior, se llevaron a cabo políticas como la Ley de Acceso a la Información Pública, la implementación del sistema de gestión documental electrónica, la plataforma COMPRA.AR y la ley que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas. Este conjunto de normas construyeron un andamiaje jurídico e institucional para transparentar las compras y contrataciones públicas, rendir cuentas y garantizar la participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno. Sin embargo, al comienzo de la pandemia, un decreto del Poder Ejecutivo habilitó la posibilidad de eludir estos instrumentos, alegando una necesidad de celeridad en las contrataciones públicas.
Las crisis, de cualquier tipo, son un caldo de cultivo para irregularidades y desvíos de dinero
Este punto generó grandes controversias en la sociedad civil, por cuanto sumado a la atomización de las decisiones que se toman en materia de la emergencia sanitaria y económica, obstaculiza el control ciudadano sobre los fondos públicos. En este sentido, son muchas las propuestas que surgen desde este sector para aglutinar toda la información relativa al uso de dinero público en la gestión de la pandemia y abrirla a la ciudadanía en formatos digitales.
Países como Paraguay ya se adelantaron a nosotros en esto y elaboraron una plataforma digital que publica información sobre programas, subsidios, contratos y ejecución del gasto en formatos abiertos para facilitar el control ciudadano. Esta iniciativa, que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo puede ser fácilmente implementada en la Argentina. Se trata simplemente de usar las herramientas digitales ya existentes, para garantizar la transparencia y trazabilidad de los recursos que son de todos los argentinos.
Así como estamos pendientes de las medidas sanitarias y económicas que se toman en otros países, debemos mirar con igual atención cuáles son las iniciativas de integridad que reafirman la confianza de los ciudadanos en las decisiones públicas.
*Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales (2015-2019).
