En esta obra he intentado presentar una historia razonada de los regímenes desigualitarios, desde las antiguas sociedades esclavistas trifuncionales hasta las modernas sociedades poscoloniales hipercapitalistas.
Todas las sociedades humanas necesitan justificar sus desigualdades. Su historia se estructura en torno a las ideologías que desarrollan para organizar tanto las relaciones entre los grupos sociales como las relaciones de propiedad y fronterizas, a través de complejos y cambiantes dispositivos institucionales. La búsqueda de una desigualdad justa no está exenta de hipocresía por parte de los grupos dominantes, pero siempre cuenta con elementos dignos de plausibilidad y de honestidad, de los que podemos extraer lecciones útiles para el futuro.
En los últimos capítulos de este libro he intentado poner en evidencia el daño causado por el aumento de las desigualdades socioeconómicas observado desde los años 1980-1990. En cierto modo, al no haber sabido renovarse (en un contexto marcado por la internacionalización de las relaciones económicas y la tercerización de la educación), la coalición socialdemócrata y el sistema político izquierda-derecha, que permitieron reducir las desigualdades a mediados del siglo xx, se han ido desintegrando paulatinamente. La revolución conservadora de los años 80, el colapso del comunismo soviético y el desarrollo de una nueva ideología neopropietarista han llevado al mundo a principios del siglo xxi a niveles extraordinarios y descontrolados de concentración de la renta y la riqueza, generando así crecientes tensiones sociales en todas partes. A falta de una salida política constructiva, con un objetivo igualitario y universal, estas frustraciones han alimentado la aparición de brechas identitarias y nacionalistas que hoy observamos en casi todas las regiones del mundo, en Estados Unidos y Europa, en la India y Brasil, en China y en Cercano Oriente.
Mientras sigamos perpetuando la idea de que no existe una alternativa creíble a la actual organización socioeconómica y a las desigualdades entre clases, no es extraño que las esperanzas de cambio se vuelquen en una exaltación de las fronteras y de la identidad.
El nuevo relato hiperdesigualitario surgido en las décadas de 1980 y 1990 no es una fatalidad. Aunque es cierto que, en parte, se trata del fruto de la historia y del desastre comunista, no hay que olvidar que también es el resultado de la insuficiente difusión del conocimiento, de barreras disciplinarias excesivamente rígidas y de la limitada participación de los ciudadanos en las cuestiones económicas y financieras que, con demasiada frecuencia, se han ido dejando en manos de otros.
Partiendo de las experiencias históricas conocidas, estoy convencido de que es posible superar el actual sistema capitalista y trazar lo que podrían ser las bases de un nuevo socialismo participativo de cara al siglo xxi, de una nueva perspectiva igualitaria de alcance universal, basada en la propiedad social, en la educación y en compartir el conocimiento y el poder.
La intención de este último capítulo es reunir algunos de los elementos que permitirían avanzar en esta dirección a partir de lo aprendido en los capítulos anteriores. Comenzaremos por estudiar las condiciones para una propiedad justa, lo que requiere el desarrollo de nuevas formas de propiedad social y el reparto de los derechos de voto y de participación en la toma de decisiones en las empresas.
También requiere reemplazar la noción de propiedad privada permanente por la de propiedad temporal, a través de un impuesto altamente progresivo sobre los grandes patrimonios capaz de financiar una dotación de capital universal con la que organizar una circulación permanente de los bienes y la riqueza. También analizaremos el papel del impuesto progresivo sobre la renta, de la renta básica y la cuestión de la justicia educativa. Por último, hablaremos de democracia y fronteras, de cómo es posible superar la organización actual de la economía mundial en beneficio de un sistema democrático transnacional basado en la justicia social, fiscal y climática.
Digámoslo claramente: sería absurdo pretender dar respuestas perfectamente satisfactorias y convincentes a preguntas de tal complejidad, soluciones que, sin más, bastase con aplicar con los ojos cerrados.
Obviamente, este no es el propósito de las líneas que siguen. La historia de los regímenes desigualitarios muestra que, ante todo, son las movilizaciones sociales y políticas y las experiencias concretas las que permiten un cambio histórico. La historia es producto de las crisis y nunca se ha escrito como los libros la preveían. Sin embargo, considero útil repasar las lecciones que se desprenden de los materiales de los que disponemos, así como las posiciones que debería defender si tuviera un tiempo ilimitado para hacerlo. Ignoro qué forma tendrán las futuras crisis y cómo se alimentarán de las ideas existentes para dar paso a nuevos escenarios. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que, para bien o para mal, las ideologías seguirán desempeñando un papel central.
La justicia como participación y como deliberación
¿Qué es una sociedad justa? En el marco de este libro propongo la siguiente definición imperfecta. Una sociedad justa es la que permite a todos sus miembros acceder a los bienes fundamentales de la manera más amplia posible. Entre estos bienes fundamentales se encuentra la educación, la salud, el derecho al voto y, en general, la participación plena de todos en las diversas formas de vida social, cultural, económica, cívica y política. La sociedad justa organiza las relaciones socioeconómicas, las relaciones de propiedad y la distribución de la renta y de la riqueza con una meta: que los miembros menos favorecidos puedan disfrutar de las mejores condiciones de vida posibles.
Una sociedad justa no implica uniformidad ni igualdad absoluta. En la medida en que dicha sociedad sea el resultado de aspiraciones diversas y de distintas opciones de vida, y en la medida en que contribuya a mejorar las condiciones de vida y a aumentar las oportunidades de los más desfavorecidos, las desigualdades de renta y riqueza pueden ser justas. Pero esto debe demostrarse, en lugar de darse por hecho: no se debe utilizar este argumento para justificar cualquier nivel de desigualdad, como sucede demasiado a menudo.
Esta definición imprecisa de una sociedad justa no resuelve, ni mucho menos, todos los problemas. Solo una reflexión colectiva en torno a la cuestión puede permitir seguir avanzando, a partir de las experiencias históricas e individuales de las que disponemos, y también de la participación de todos sus miembros. Por eso, la deliberación es a la vez un fin y un medio.
Esta definición nos permite establecer ciertos principios. En concreto, la igualdad de acceso a los bienes básicos debe ser absoluta: la participación política, la educación o la renta no pueden proporcionarse de forma más amplia a determinados grupos privando a otros del derecho al voto, o de acceso a la participación política, a la educación o a la salud. Evidentemente, la cuestión sobre dónde terminan los bienes fundamentales (educación, salud, vivienda, cultura, etc.) también forma parte del debate y no puede zanjarse sin tener en cuenta la sociedad en cuestión y su contexto histórico.
En mi opinión, las preguntas más interesantes surgen cuando ahondamos en el estudio de la idea de justicia dentro de sociedades históricas concretas y analizamos de qué manera los conflictos en torno a la justicia se materializan en discursos, instituciones y mecanismos sociales, fiscales y educativos específicos.
Algunos pueden considerar que los principios de justicia que acabo de enunciar son similares a los formulados por John Rawls en 1971. En cierto modo es así, pero a condición de añadir que encontramos principios similares en diferentes civilizaciones, bajo formas mucho más antiguas, y en el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin embargo, las grandes declaraciones de principios, como las proclamadas en la Revolución francesa o en la independencia de Estados Unidos, no impidieron que durante el siglo XIX y principios del XX, en ambos países, persistieran e incluso empeoraran las fuertes desigualdades sociales. Por no hablar de los violentos sistemas de dominación colonial, esclavista y estatutaria vigentes hasta la década de 1960. Por eso conviene desconfiar de los principios abstractos y generales de justicia social y centrarse en cómo se materializan en sociedades concretas y en qué políticas e instituciones.
Los elementos necesarios para un socialismo participativo, en los que profundizaré a continuación, se basan sobre todo en lo aprendido de los desarrollos históricos estudiados en este libro; en particular, en las transformaciones experimentadas por los regímenes desigualitarios desde principios del siglo xx. Dichos elementos están pensados para sociedades históricas particulares, las de principios del siglo xix. Algunos de los elementos requieren de una capacidad estatal, administrativa y fiscal relativamente avanzada y, en este sentido, están más directamente pensados para las sociedades occidentales y no occidentales más desarrolladas. Pero se han diseñado con un objetivo universal, de modo que pueden aplicarse de forma gradual en países pobres y emergentes.
Las propuestas que se presentan a continuación se inscriben en la tradición del socialismo democrático, especialmente en cuanto al énfasis en la superación de la propiedad privada y en la participación de los trabajadores y sus representantes en la gobernanza empresarial (que ha desempeñado un papel esencial en la socialdemocracia germánica y nórdica, por citar dos ejemplos). Prefiero hablar de “socialismo participativo”, para enfatizar así el objetivo de participación y descentralización, pero también para distinguir con claridad esta propuesta del socialismo estatal hipercentralizado de estilo soviético experimentado en algunos países durante el siglo xx (y que todavía hoy opera en gran medida dentro del sector público chino).
El sistema educativo, la propiedad temporal y la fiscalidad progresiva, que ya desempeñaron un papel central en el progresismo anglosajón y (aunque sin éxito) en los debates de la Revolución francesa, tienen un rol esencial en esta propuesta.
Habida cuenta del balance ampliamente positivo del socialismo democrático en el siglo xx, en particular en Europa occidental, considero que el término “socialismo” merece seguir siendo utilizado en el siglo xxi como parte de una tradición que, al mismo tiempo, debe ser superada para dar respuesta a las deficiencias socialdemócratas más flagrantes observadas en las últimas décadas. En cualquier caso, el fondo de las propuestas que se mencionan aquí es más importante que la etiqueta que se les atribuya. Puedo entender que algunos lectores consideren que el término “socialismo” está demasiado desgastado por la experiencia soviética (o por experiencias de gobierno más recientes que, en realidad, no han tenido de “socialistas” más que el nombre) y prefieran desarrollar nuevos términos (aunque yo no comparta esa decisión). Espero, sin embargo, que acepten seguir el razonamiento y las propuestas que siguen a continuación, que en realidad son el resultado de experiencias y tradiciones diversas.
Señalemos, por último, que las propuestas contenidas en este capítulo son fruto de la siguiente reflexión.
Supongamos que disponemos de un tiempo infinito para debatir en una enorme ágora global y convencer a los ciudadanos del mundo de cuál es la mejor manera de organizar el régimen de propiedad, el sistema fiscal y educativo, el sistema de fronteras y el propio sistema democrático. Las opciones que se indican a continuación son las que defendería en ese contexto, sobre la base del conocimiento histórico acumulado para escribir este libro, y con la esperanza de convencer al mayor número posible de personas, con vistas a su posible aplicación. Aunque esta forma de pensamiento es útil, en mi opinión, conviene no olvidar que es relativamente artificial en varios sentidos. En primer lugar, nadie dispone de un tiempo casi infinito. Los movimientos sociales y los partidos políticos tienen muy poco tiempo para tratar de transmitir sus ideas y propuestas a los ciudadanos, quienes les prestan una atención limitada (a menudo, con razón, puesto que pueden tener cosas mejores que hacer en la vida que escucharlos).
En segundo lugar, si realmente se produjera esta experiencia de infinita deliberación, sin duda se tendrían que revisar a fondo las posiciones que voy a defender a continuación, pues no son más que un reflejo de los argumentos, la información y las limitadísimas fuentes históricas a las que he tenido acceso, y que cobran valor con cada deliberación adicional. Ya he debido revisar en profundidad mis posiciones tras las lecturas, las reuniones y los debates en los que he tenido la oportunidad de participar. Y así seguiré haciéndolo en el futuro. La justicia debe concebirse sobre todo como el resultado de una deliberación colectiva, siempre en curso. Ningún libro, ningún ser humano puede definir el régimen de propiedad ideal, el sistema de votación perfecto o una escala de impuestos milagrosa. Solo un vasto experimento colectivo, paralelo al desarrollo de la historia de las sociedades humanas, puede permitirnos progresar, alimentándonos de la experiencia de cada uno y de la deliberación más amplia posible.
Los elementos que se desarrollan a continuación únicamente tienen por objeto señalar posibles vías de experimentación, a partir de la evolución histórica analizada en los capítulos anteriores.
Sobre la superación del capitalismo y de la propiedad privada
¿Qué entendemos por propiedad justa? Esta es la pregunta más compleja que debemos intentar contestar para definir el socialismo participativo y para contemplar la posibilidad de superar el capitalismo.
En el marco de este trabajo de investigación, hemos definido el propietarismo como la ideología política basada en la defensa absoluta de la propiedad privada, y el capitalismo como la extensión del propietarismo en la era de la gran industria, de las finanzas internacionales y, actualmente, de la economía digital. El capitalismo tiene su fundamento en la concentración del poder económico en manos de quienes poseen el capital. En principio, los propietarios del capital inmobiliario pueden decidir a quién desean alquilárselo y también a qué precio, mientras que los propietarios del capital financiero y profesional son los únicos que participan en la gobernanza empresarial (según el principio de “una acción, un voto”, que les permite decidir soberanamente a quién contratar y con qué salario).
En la práctica, este modelo de capitalismo puro y duro ha estado sujeto a diversas variaciones y enmiendas que han contribuido a que la noción de propiedad privada haya evolucionado desde el siglo xix, en concreto a través del sistema legal, social y tributario. Por una parte, el sistema jurídico y social ha permitido limitar el poder de los propietarios, por ejemplo, ofreciendo a los inquilinos una protección a largo plazo contra los desalojos y los cambios en el precio del alquiler; o incluso, a veces, ofreciéndoles la posibilidad de adquirir una vivienda o un terreno a bajo precio al cabo de un tiempo suficientemente largo, lo que equivale a una verdadera redistribución del capital. Del mismo modo, la legislación laboral y social ha moderado notablemente el poder de los accionistas en las empresas, llegándose incluso (en algunos países) al reparto de los derechos de voto en los consejos de administración entre los representantes de los trabajadores y de los accionistas, lo que también podría conducir, si lo llevásemos más lejos, a una verdadera redefinición del derecho de propiedad. También el sistema tributario ha contribuido a limitar los derechos de los propietarios.
El impuesto progresivo sobre sucesiones, cuyas tasas impositivas para las transmisiones patrimoniales más elevadas alcanzaron entre el 30 y el 40% en la mayoría de los países desarrollados en el siglo xx (y durante muchas décadas, entre el 70 y el 80% en Estados Unidos y el Reino Unido), transforma de facto la propiedad permanente en una forma de propiedad temporal. Dicho de otro modo, cada generación puede acumular activos de manera considerable, pero solo si devuelve una parte significativa de estos a la comunidad cuando se transfieren a la generación siguiente, o a otros herederos potenciales, que deben así comenzar sobre una base nueva.
Asimismo, el impuesto progresivo sobre la renta, cuyas tasas alcanzaron niveles comparables con los del impuesto de sucesiones en el siglo xx (o incluso superiores en los países anglosajones), que históricamente estaba destinado ante todo a las rentas más altas del capital, ha contribuido de forma considerable a evitar la perpetuación de las grandes fortunas (salvo que se esté dispuesto a reducir drásticamente el nivel de vida).
Para superar el capitalismo y la propiedad privada y poner en marcha un socialismo participativo, propongo apoyarnos y profundizar en esos dos mismos pilares. Es posible avanzar más de lo que se ha hecho hasta ahora haciendo evolucionar el sistema jurídico y fiscal; por una parte, instituyendo una verdadera propiedad social del capital, mediante una mejor distribución del poder en las empresas; y, por otra parte, introduciendo un principio de propiedad temporal del capital, en el marco de un impuesto altamente progresivo sobre los grandes patrimonios que permita la financiación de una dotación universal de capital y circulación permanente de la riqueza.
Datos sobre el autor
Es director de investigación en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Ehess), profesor en la Paris School of Economics, de la que fue su primer director, y codirector de la World Inequality Database (WID.world).
Es autor de decenas de artículos académicos en algunas de las publicaciones más prestigiosas, como American Economic Review, Journal of Economic Theory y Econometrica.
También de numerosos libros, entre los que se destaca El capital en el siglo XXI.
