La Justicia argentina procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presunta evasión fiscal en un caso que pone bajo la lupa el manejo de recursos retenidos a trabajadores y tributos patronales. A este punto, el juez Diego Amarante consideró que ambos directivos estarían vinculados con la retención y omisión de depósito de impuestos y aportes previsionales, por un monto que supera 19.000 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
A partir de la extensa resolución judicial, los fondos debían haber sido ingresados al Estado dentro de los plazos legales, pero en cambio se habrían utilizado para generar “una mayor disponibilidad de fondos” para la AFA.
De hecho, además de Tapia y Toviggino, la resolución alcanza a otros dirigentes con funciones administrativas y financieras dentro de la asociación, entre ellos Cristian Ariel Malaspina (secretario general), Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo, por su presunta participación en el esquema investigado.
Lo que dispuso el juez fue un embargo de 350 millones de pesos tanto sobre los bienes de la AFA como persona jurídica, como sobre los patrimonios individuales de Tapia y Toviggino. Aunque los procesamientos se dictaron sin prisión preventiva, se impusieron restricciones de libertad: se mantiene la prohibición de salida del país, informar con antelación sus viajes y no pueden ausentarse de su domicilio por más de 72 horas sin aviso previo al juzgado.
Ahora, para el magistrado, la figura de Tapia es central por su rol como representante legal de la AFA: autorizó la mayoría de los pagos electrónicos y tenía conocimiento de los incumplimientos reiterados en el ingreso de retenciones y contribuciones a los organismos correspondientes.
De esta manera, la firma de Toviggino aparece en casi la totalidad de cheques y transferencias de la entidad.
Sobre el tesorero, lo llevó al juez a considerar que su rol en el manejo financiero fue clave para postergar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a favor de otras prioridades económicas institucionales.
Posición de la defensa y etapas procesales
Los acusados, a lo largo de las indagatorias en marzo, presentaron escritos y se negaron a responder preguntas.
Al momento, las defensas insisten en la inexistencia de delito, argumento que fue rechazado en primera instancia y que ahora deberá ser resuelto por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
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