Es la Tierra la que nos permite vivir la vida que tenemos: desde los alimentos que comemos, el agua que tomamos, las materias primas para los productos que producimos, los paisajes que disfrutamos, la naturaleza aporta una multitud de beneficios a la humanidad. La sociedad depende de estos ecosistemas que son el sustento de todas las formas de vida que existen en nuestro planeta. La conexión es innegable: el estado en el que se encuentren nos afecta directamente y nuestras decisiones lo condicionan.
A nivel global y también de manera local, pareciera que nos falta poner en práctica responsabilidades, asumir compromisos e implementar legislaciones que permitan un verdadero desarrollo ya que, si el desarrollo no es sostenible, entonces no es desarrollo, es solo una transferencia de recursos económicos que no considera los impactos ambientales y sociales negativos que de esa transacción pueden devenir. No hay dudas de que llegó el momento de prestar atención a las decisiones y el rumbo del ambiente. Si pensamos en nuestro país:
Leyes que atrasan
Aún están en vigencia en nuestro país leyes anacrónicas que recompensan la caza de nuestra fauna nativa. Es el caso de la provincia de Chubut que a través de la Ley XVII-Nº 52 (Ex 4100) promueve y premia económicamente la obtención de pieles y cráneos de pumas y zorros colorados. Es una Ley que atrasa, porque no incorpora formas de producción que convivan en armonía con la conservación de la naturaleza. Además, posee una Comisión de Control de las Especies Depredadoras de la Ganadería, donde la sociedad civil está solo representada por la Federación de Sociedades Rurales de la Provincia de Chubut: están ausentes la comunidad académica, científica, y representantes de organizaciones ambientales y sociales. Tampoco presenta antecedentes adecuados que fundamenten de manera científica la autorización de matar animales silvestres.
Por qué la naturaleza es esclava y cómo se puede liberar
En el 2018, la provincia publicó que se habían matado 350 pumas y 5.000 zorros y eso no solucionó el problema, el problema sigue existiendo hoy. Matar a los animales silvestres podría atentar contra la misma economía del productor, afectando la posibilidad de mantener certificaciones que le permiten acceder a mercados diferenciales. Desde Vida Silvestre nos hemos contactado con el gobierno de la provincia por este tema con el apoyo de más de 100.000 personas. Sin embargo, aún seguimos esperando que la respuesta se transforme en acciones concretas.
Leyes que no terminan de implementarse
Múltiples trabajos de diferentes organizaciones académicas y de la sociedad civil han dado cuenta de la pérdida de la capacidad productiva de nuestro país. Si complejizamos el análisis, podemos ver que las regiones donde más se ha degradado el ambiente, por ejemplo, a través de la deforestación, coinciden con las que acumulan peores indicadores de calidad de vida para nuestros ciudadanos.
La Ley de Bosques (Ley 26.331) continúa sin implementarse plenamente: el desfinanciamiento de la Ley ya es un clásico argentino. A falta de una ley de presupuesto 2022, este año se replicaría el presupuesto de 2021, haciendo que fuera el el menor porcentaje de presupuesto desde su sanción hace 15 años. Si bien a fines de febrero de 2022, luego de los incendios en la provincia de Corrientes, se anunció que se asignarían 10.000 millones de pesos para la ley de bosques (lo que representa el 25% de lo que la ley de presupuesto mínimos establece), dos meses después aún no se dispone de un instrumento administrativo que formalice este anuncio político.
Además, gran parte de las provincias argentinas no ejecutan ni rinden en tiempo y forma los fondos recibidos para la conservación y manejo sustentable de sus bosques nativos, según información oficial de mayo de 2021. Las diversas jurisdicciones tenían pendiente de presentación o aprobación el 34% de los fondos recibidos para la Ley de Bosques. A su vez, muchas provincias tienen sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos vencidos y los procesos de actualización presentan objeciones desde diversos sectores.
Perder la vida silvestre sería el peor de los negocios
Ley de humedales
Un pedido que va a cumplir 10 años, perdió estado parlamentario tres veces y hasta fue una promesa de campaña fallida. Los humedales ocupan más del 20% del territorio argentino (cerca de 600.000 kilómetros cuadrados): esto incluye ambientes tan diversos como lagunas, mallines y turberas, hasta pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras estuarios y marinas, entre otros. Son ecosistemas muy valiosos ya que -además de la enorme biodiversidad que poseen- absorben el agua de lluvia y actúan como esponjas, previniendo inundaciones y facilitando la provisión de agua potable.
Argentina necesita una Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales para planificar su uso y establecer un marco general, con lineamientos y herramientas, que permita ordenar y gestionar las diferentes actividades productivas en armonía con la conservación, e impulsar la restauración y la recuperación de su biodiversidad.
Nuestro país cuenta con normativas que protegen al ambiente, sin embargo, todavía se necesitan nuevas legislaciones, actualizar las vigentes o hacerlas cumplir. Es momento de aumentar la ambición, porque la Argentina necesita promover y trabajar por espacios de concertación en los cuales la naturaleza y las personas formen parte del eje central del desarrollo del país, y redefina sus compromisos de forma sostenible.
*Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre
