El año empezó con la preocupación por la bajante extrema del río Paraná, de la que sólo hay antecedentes conocidos de 1971. En mayo se iniciaron múltiples focos de incendio y las llamas se propagaron rápidamente usando como combustible a la vegetación y suelos secos. Las chispas saltaban los arroyos, más angostos que lo usual por la sequía, y prendían nuevas islas, los brigadistas no daban abasto. Con datos satelitales, analizamos la evolución de los incendios activos, que se difundieron como píxeles rojos sobre una imagen del Delta. Al día 4 de octubre se acumulan casi 34 mil de estos focos de calor, un 47% durante agosto.
Los impactos ecológicos de las quemas se suman y potencian con el efecto propio de la sequía prolongada. Si hay algo típico del Delta es su variabilidad dada por pulsos de inundación, pero la presión sobre los humedales en estos últimos meses fue extrema. La vegetación fue arrasada, la fauna fue afectada directa e indirectamente por la quema de hábitats, muchos suelos fueron carbonizados, y el humo tuvo efectos negativos sobre la calidad de vida de la población de las islas y ciudades aledañas. De acá a fin de año, el panorama es desalentador. Los pronósticos climáticos e hidrométricos indican que se profundizará la sequía y que no se prevé la recuperación de los niveles del río Paraná.
No conocemos cuánto tiempo tardarán en recuperarse los humedales. A pesar de lo terrible de las pérdidas de vidas animales, de no mediar cambios drásticos de uso de suelo es posible que la biota regrese desde los ecosistemas del entorno al Delta. Sin embargo, los suelos tardan años en formarse: los sedimentos se acumulan después de cada creciente y se intercalan con las raíces de las plantas. La quema de suelos es uno de los impactos más grandes, y varía de acuerdo a la severidad de los fuegos. Tras los incendios del 2008, se calculó que recuperar el carbono almacenado en los suelos llevaría al menos 11 años. El impacto es global, ya que la emisión de gases de efecto invernadero tanto del suelo como de la biomasa vegetal contribuye al cambio climático.
El 95% de los incendios son iniciados por intervención humana, en lo que el Servicio Nacional de Manejo de Fuego incluye quemas intencionales y accidentales. En el Delta, podemos pensar en un incendio accidental por una colilla, una fogata o quema de basura mal apagada. Sin embargo, los primeros focos de magnitud reportados en junio, de 11 mil hectáreas, no ocurrieron próximos a las costas sino alrededor de lagunas interiores con vegetación herbácea. Otro elemento de juicio es que el ritmo de focos activos no fue constante: prácticamente no hubo quemas durante la fase más estricta de la cuarentena, cuando la movilidad era reducida. Coincidentemente con un cambio de fase del ASPO y con los controles menos estrictos a la circulación, la cantidad de incendios aumentó a partir del 11 de mayo.
En las islas del Delta, los incendios se han usado históricamente como práctica de manejo, por ejemplo para “limpiar” áreas con vegetación seca, para generar rebrotes tiernos de hierbas que puedan servir de forraje para el ganado, o en menor medida para acorralar y cazar animales silvestres. La mayor parte del área quemada está en Entre Ríos, por lo que se incumple la ley provincial Nº 9.868 que prohíbe el uso de fuego sin autorización expresa y estipula que todo aquel que tome conocimiento de un foco ígneo está obligado a denunciarlo. Es claro que esta y otras normativas no se cumplen.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) inició en junio denuncias penales en base a datos catastrales y a la localización de los incendios. Mientras las y los brigadistas se juegan la vida combatiendo los incendios, la Justicia demora en indagar a los posibles responsables de iniciar los focos. La Justicia no está en sintonía con la situación de emergencia. Recién el 11 de agosto, a raíz de una acción de amparo de una asociación civil (y no directamente relacionado con la denuncia penal del MAyDS), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó constituir un Comité de Emergencia Ambiental. Este comité trabaja en el marco del acuerdo PIECAS (Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) que involucra a Ambiente Nación y Parques Nacionales, a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a los municipios Rosario y Victoria. El trabajo interjurisdiccional es esencial para la gestión ambiental del territorio. Recientemente cinco universidades nacionales firmaron convenios para contribuir al PIECAS con información científica.
El fallo de la CSJN señala seis leyes nacionales que se relacionan con este conflicto ambiental, ya sea por las quemas, por la protección de bosques nativos y humedales en la convención Ramsar, o por la adaptación y mitigación del cambio climático global. Es decir: normativa no falta. Es muy positivo que se haya puesto en agenda el debate sobre la Ley Nacional de Humedales, pero es una herramienta que nos queda lejos y que no es imprescindible (ni una panacea) para actuar sobre la emergencia. Distinto es el caso del proyecto de modificación de la ley 26.815 (Ley de Manejo del fuego), presentado el 2 de octubre por el Frente de Todos y firmado por todos los bloques excepto por Juntos por el Cambio. Se trata de un proyecto con normativa que aplica directamente a la cuestión de las quemas. Ante una quema en un área de humedales, sea originada por incendios provocados o accidentales, se prohibirían por 60 años los cambios en el tipo de uso de suelo, los loteos, ventas de tierras y emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agrícola distinta a la que había antes del incendio. En otras áreas, las prohibiciones van entre los 30 y los 60 años.
Gran parte de los humedales del Delta Medio y Superior fueron convertidos a cenizas y carbón. Ahora es esencial intervenir rápidamente para evitar que se avance con emprendimientos inmobiliarios no aprobados, desmontes y agricultura intensiva con agroquímicos. Hace 10 años investigo la vegetación de las islas entrerrianas de las Lechiguanas, zona alcanzada por los fuegos en agosto. Los píxeles rojos en las imágenes satelitales pisaron humedales que había recorrido y rodearon las viviendas de las familias que viven allí hace cuatro generaciones. Ahora circulan fotos de maquinaria agrícola dentro de áreas endicadas de las Lechiguanas, presuntamente para preparar el suelo y sembrar granos. Son áreas que antes de las quemas se destinaban a ganadería extensiva. El uso de agroquímicos en humedales interconectados es tóxico para la población y la biota, con consecuencias no sólo localmente sino también río abajo. Es necesario actuar rápido para evitar cambios de uso de suelo en áreas ya impactadas por la quema y sin ningún permiso ni evaluación de impacto ambiental. La continuidad de la sequía en el Delta del Paraná, la falta de controles en el territorio y las demoras de la Justicia, dan rienda suelta al oportunismo y la especulación.
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* Natalia Morandeira es Investigadora de CONICET en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (UNSAM), Dra. en Ciencias Biológicas y docente en UN
