Las llamas dominan desde hace meses el Delta del Paraná, una zona de humedales de una extensión de 19.300 kilómetros cuadrados que alberga una gran biodiversidad. El suceso no es nuevo, pero sí particular. "Este año es especial porque hay una bajada histórica del río y esto provocó una sequía tremenda. Los ganaderos normalmente hacían sus incendios, que se controlaban por los humedales, pero se les fue de las manos”, dijo Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace Argentina. Y es que la zona de humedales actuaba como un muro natural. "Antes se incendiaban unas hectáreas y el fuego se topaba con los canales de agua, que les hacían de freno”, agregó.
La organización ecologista también denunció que la actividad de desmonte no se detuvo durante la pandemia de coronavirus. "La deforestación se siguió realizando porque los gobiernos provinciales lo han permitido. Salvo el gobierno de la provincia del Chaco, que expresamente ha dicho que está prohibido el desmonte y ha frenado algunos casos, tanto Formosa como Santiago del Estero y Salta no han salido a controlar”, explicó, por su parte, Hernán Giardini, coordinador de campañas de Greenpeace Argentina, citado por Deutsche Welle.
Giardini alertó de las consecuencias sociales y medioambientales de esta situación. "Más deforestación es más cambio climático. Significa también más inundaciones. Tanto las provincias de Salta como la de Chaco han tenido más inundaciones al perder la esponja que es el bosque” subrayó. Así, acusó a los gobiernos provinciales de "tener una mirada a corto plazo y creer que poner soja o vacas es sinónimo de progreso, cuando claramente no es así”. "A pesar de ser las provincias que más han deforestado en los últimos 30 años, siguen siendo las provincias más pobres del país”, recalcó.
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Un problema nacional y regional
Para Ingrid Wehr, directora de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur, "la expansión del monocultivo de la soja, la fabricación de bioetanol y la ganadería son los factores que empujan a expandir aún más las fronteras agropecuarias, la mayor causa de la pérdida de bosque, tanto en la selva amazónica brasileña, como en el bosque seco de la región transnacional del Gran Chaco”.
"Esta tendencia se refuerza por la ola de Tratados de Libre Comercio en la región, como el Tratado entre el Mercosur y la Unión Europa que aumenta las exportaciones de cuotas de carne a la Unión Europea, y con esto fomenta uno de los factores de la deforestación en la región: la ganadería industrial”, lamentó, recordando que "países severamente endeudados como Argentina dependen del ingreso de divisas”.
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No obstante, según recordaron fuentes del Ministerio argentino de Ambiente y Desarrollo Sostenido, desde el año 2007 Argentina "cuenta con la Ley 26.331, la cual, mediante un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y fondos compensatorios, pretende regular y disminuir el avance de la frontera agropecuaria”. "La ley obtuvo muy buenos resultados hasta el 2015, cuando produjo una baja constante en la pérdida de bosque nativo”, recalcaron. Sin embargo, reconocieron que "desde el 2016 hasta el 2018, la tasa de deforestación comenzó a crecer nuevamente”.
"La ley de bosques establece el ordenamiento territorial de los bosques en su territorio, así que esa es una labor de las provincias al igual que el control de que no se lleve adelante el desmonte en zonas prohibidas”, recalcó a DW Ana di Pangracio, directora adjunta del Área de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Esa organización, junto la Fundación Vida Silvestre publicó un informe que reveló que el 50% de las tierras deforestadas en 2018 en Argentina estaban clasificadas como zonas donde el desmonte está prohibido.
Argentina cuenta con Sistema de Monitoreo de Bosques Nativos, que registra anualmente la pérdida de bosques nativos en todo el país, así como un Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, "mediante el cual cada 20 días se realiza un registro de alertas de desmonte y las reporta a las provincias”, señalaron desde el Ministerio de Ambiente.
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Una ley poco efectiva y una petición en curso
No obstante, Di Pangracio criticó que dicha ley ha recibido el 10% menos de la partida económica destinada para su cumplimiento. "La falta de recursos genera que los titulares de tierras categorizadas en conservación o uso sostenible de bosques no reciban apoyo económico que les aliente a cuidar esos bosques", lamentó.
Para Gardiani, la solución pasa por endurecer la ley, así como por la penalización del desmonte. "Si no se convierte a la deforestación en un delito, las restricciones no alcanzan”, consideró. "Debemos hacer modificaciones en la Ley 26331”, reconoció públicamente el propio ministro argentino de Ambiente y Desarrollo Sostenido, Juan Cabandié.
Mientras llegan estos cambios, organizaciones de la sociedad civil reclaman la creación de una ley nacional de humedales que pueda evitar sucesos como los incendios en el Delta del Paraná, entre otras acciones.
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"El 12 de agosto la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que ordena crear un Comité de Emergencia Ambiental para frenar el avance del fuego y que los juzgados de las provincias involucradas presenten informes periódicamente sobre el estado de las medidas tomadas”, dijo Magdalena Pedace, una de las voceras de Jóvenes por el Clima, una de las organizaciones que firman dicha solicitud.
Cabandié se mostró favorable a dicha demanda, no obstante, urgió a tomar medidas inmediatas. "Es importante avanzar con la ley, pero eso un proceso que lleva tiempo, por lo tanto, hay que actuar ahora, por eso hemos avanzado en el emplazamiento de faros de conservación, que es un plan para la detección temprana, prevención y disuasión de este tipo de prácticas ilegales”, apuntó.
Asimismo, Di Pangracio reclamó un mayor compromiso del Poder Ejecutivo y Legislativo con partidas suficientes que permitan proteger los ecosistemas. "Eso es responsabilidad del Ejecutivo cuando envía cada año al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto nacional y de legisladores cuando aprueban ese proyecto en el Congreso Nacional”, recordó.
