Es de público conocimiento que el planeta atraviesa una serie de situaciones complejas que se manifiestan de manera crítica y a la que no es ajena la cuestión climática y ambiental.
Estamos viviendo un proceso de múltiples crisis que se agravaron notablemente a partir de la pandemia del COVID 19, de origen zoonótico, que está muy ligada a la grave situación ambiental que padecemos. Ello produjo una crisis sanitaria global, que luego ocasionaron enormes dificultades en las economías de los países.
A esto se suman las graves consecuencias que ha producido la invasión de Rusia a Ucrania, principalmente de carácter humanitario, pero que ha trastocado abruptamente los precios de las commodities agrícolas, de la energía y que a su vez produce alteraciones de magnitud al interior de las economías de cada país. Todo esto transcurre mientras la crisis climática que atraviesa nuestro planeta no se detiene.
Informe Ambiental 2022
La 14° edición del Informe Ambiental 2022 es una publicación que realizamos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de manera ininterrumpida desde el 2009 y que promueve el análisis y el debate acerca de los principales temas de la política ambiental y la sustentabilidad en la Argentina y en los países de la región. En esta edición, decidimos abordar el análisis de la transición socio ecológica integral, en tanto creemos que ello resulta el desafío más importante de nuestra época.
El tercer informe de Panel Intergubernamental del cambio Climático de la ONU (IPCC) reveló en abril de 2022 que los fenómenos extremos relacionados con el calentamiento global tendrán consecuencias nefastas e irreversibles, ya que no se han tomado las medidas suficientes por parte de los gobiernos para mitigar los gases de efecto invernadero.Esta es, sin dudas, la crisis que más debería preocuparnos y sobre la cual resulta necesario comenzar a delinear políticas de Estado.
Si bien a nivel mundial, la Argentina genera poco menos del 1% de las emisiones de gases que producen efecto invernadero, tiene mucho para hacer en materia de minimizar las emisiones de CO2 y otros tipos de gases que agravan la crisis climática. En el país, las emisiones per cápita son superiores al promedio de los países del G20, y más del 50% de ellas provienen del uso de combustibles fósiles, mientras que el 40% es atribuible al sector agropecuario.
La clave de procesos de transición socio-ecológica
En este contexto, es necesario construir procesos de transición socio-ecológica que nos permitan llevar adelante de manera gradual, pero sostenida, un camino hacia una economía baja en carbono, con plena inclusión social.
Sin embargo, la Argentina no parece transitar ese rumbo y carece de una estrategia consistente para enfrentar los desafíos que nos presenta la crisis climática. Una muestra de ello ha quedado en evidencia al no presentar la estrategia de desarrollo con bajas emisiones a Largo Plazo (LTS) que el Gobierno se había comprometido a aportar en la cumbre climática de Glasgow (COP26).
Por otra parte, la salida de la pandemia y la necesidad de sumar divisas para hacer frente al pago de la deuda externa ha producido un enorme incentivo para que las actividades extractivas de hidrocarburos, minería y agroindustria aceleren su crecimiento.
Sabemos con certeza que son actividades que tienen impactos ambientales adversos, como quedó demostrado el verano pasado con los incendios que arrasaron la provincia de Corrientes, la persistente sequía que se manifiesta en el Litoral y la Patagonia, y por la reducción de los reservorios de agua en gran parte de nuestra cordillera, por solo mencionar algunos de los ejemplos.
¿Qué sucede en materia energética?
El país sigue apostando por los combustibles fósiles y se busca intensificar la producción de gas, la cual se presenta como el combustible de transición por su menor impacto en la emisión de CO2, pero en contradicción con las recomendaciones científicas.
En 2021, además, se habilitó la prospección de hidrocarburos en la plataforma del Mar Argentino (en aguas ultra profundas) abriendo paso a una actividad que no tiene antecedentes en nuestro país y que supone la apertura de una nueva frontera para la explotación de petróleo. La crisis climática global ha hecho que ete tipo de combustibles tenga los días contados y la estrategia no parece tomar en cuenta que las inversiones en infraestructura que deben realizarse para su explotación podrán convertirse en un futuro no muy lejano en activos varados.
Tal como lo advierte la CEPAL, todo ello se da en un contexto en el que la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe han disminuido de manera significativa los recursos destinados a la protección y al desarrollo de políticas ambientales. Esto ha sucedido en simultáneo a una fuerte retracción de los sistemas de control público sobre las actividades que involucran la explotación de los recursos naturales.
Algunos problemas ambientales sistemáticos
En este sentido, y más allá de la crisis climática, Argentina padece desde hace décadas problemas ambientales que le son propios y que nunca han sido abordados de manera sistemática. Nos referimos especialmente a la contaminación de las aguas, la ausencia de sistemas de saneamiento, la deficiente gestión de los residuos. Todo ello en un contexto de baja institucionalidad ambiental que trae como consecuencia un bajísimo cumplimiento de las normas ambientales y un deficiente nivel de control de las actividades que producen impacto sobre el ambiente.
De igual forma, existen una serie de leyes que desde hace muchos años aguardan su tratamiento en el Congreso, como es el caso de la Ley de Humedales, la incorporación de los delitos ambientales en el Código Penal, la sanción de las leyes de Evaluación de Impacto Ambiental y de Ordenamiento del territorio, entre muchas otras, que son imprescindibles para lograr una efectiva prevención y protección del ambiente.
*Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
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