La expansión de la producción energética argentina está condicionada por una serie de factores jurídicos y económicos que "ponen en riesgo" el abastecimiento que el país consiguió recuperar en 2019, tras casi diez años de saldo deficitario.
Así lo destaca un informe de la Fundación Mediterránea, en el cual se señaló que "los cambios permanentes en las reglas de juego, la inestabilidad macroeconómica, el control de capitales y la insuficiente infraestructura complementaria, atentan contra la posibilidad de expansión de la producción, en particular la del gas", principal componente de la matriz energética local.
En una investigación del economista José María Rodríguez, se advirtió que la energía "al ser un sector capital intensivo" requiere de "una corriente permanente de inversiones" que a su vez necesita de un marco regulatorio y de estabilidad económica favorable.
"En la Argentina, los cambios en las reglas de juego bajo las cuales opera el mercado, sobre todo en los mecanismos de formación de precios claves del sector, la discrecionalidad de la política sectorial y la inestabilidad macroeconómica, determinaron un contexto de débil apropiabilidad de los retornos de la inversión", indicó.
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De esa forma se fue originando "un ámbito poco propicio para atraer capital de riesgo al sector", en el que "las inversiones mostraron una tendencia marcadamente decreciente, que se manifestó con caídas en la cantidad de pozos terminados, sobre todo de pozos en exploración y explotación".
La combinación de una caída permanente en la producción desde finales del siglo pasado y el aumento del consumo derivo en un saldo superavitario de la balanza energética cada vez más reducido, hasta que en 2011 se perdió el autoabastecimiento.
"Recién en 2019, el consumo vuelve a estar por debajo del nivel de producción energética", indicó Rodríguez, aunque advirtió que esa mejora en la balanza sectorial puede revertirse en la medida que no se establezcan condiciones propicias para las inversiones.
Con una participación relativamente baja de las energías renovables, similar a la de Estados Unidos (8.3%) y algo menor que la mundial (13.7%), la Argentina tiene sin embargo una matriz energética considerada "limpia", en tanto la producción de gas supera a la de petróleo y carbón.
"La alta disponibilidad de gas natural, sobre todo a partir de Vaca Muerta, puede tener un papel importante en la transición energética hacia un proceso de ´descarbonización´, que apunta a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global", destacó la Mediterránea en su informe.
Tarifas
Al respecto, puntualizó que "una correcta política de precios del gas natural permitiría que este combustible desplace de manera eficiente la utilización de otros combustibles más contaminantes que forman parte de la actual matriz energética".
"Sin embargo, los datos más recientes de producción energética, indican que el país transita en sentido contrario", apuntó Rodríguez.
Si se compara la producción pre-pandemia (2019) con la proyectada para este año 2021, se puede apreciar una reducción del 12,5% en la producción gas, pasando de 135,2 MMm3/d a 118,39 MMm3/d, en tanto que la producción de petróleo pasó de 82.518 m3/d, a 90.506 m3/d, mostrando un aumento del 9,7%.
Más allá de cuestiones relacionadas con la pandemia, Rodríguez sostuvo que "la política pública sectorial está detrás de este comportamiento divergente".
"La inclinación hacia la explotación de petróleo también está influenciada por la disponibilidad de infraestructura, que permite transportar la producción desde los pozos, las posibilidades que brinda la exportación y una coyuntura favorable en relación a los precios", añadió.
La mirada del Instituto Mosconi
Por otro lado, el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, advirtió sobre las consecuencias económicas de la norma recién sancionada sobre la prórroga por 10 años del Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas, que establece la ampliación de las “zonas frías” del país.
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El informe señala que en función de esa norma, el fondo tiene por objeto financiar las compensaciones tarifarias a los consumos residenciales del gas natural y gas licuado de petróleo de la región patagónica, que incluye a las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires, el Departamento de Malargüe de Mendoza y la región conocida como la Puna, que pagan el 50% de los cuadros tarifarios plenos.
“Geográficamente alcanza a más de la mitad de la Argentina, e incorpora, de forma injustificada, zonas templadas a un subsidio generalizado de enorme error de inclusión, que no discrimina hogares de ingresos medios y altos que no requieren subsidios”, destacó el Instituto Mosconi en un informe recientemente difundido.
Sobre el esquema de reducción tarifaria, que abarca descuentos que van del 30 al 50% en las facturas residenciales de esa zona, el trabajo del Mosconi puntualizó que “estas rebajas en la factura reducirán aun mas el precio del gas que paga la demanda, aumentará los subsidios, distorsionará señales de escasez y anulará todo incentivo a la eficiencia en el consumo de un bien de alto costo de producción y de importación”.
“Los subsidios aumentarán casi $3.000 millones por el efecto en el costo de generación eléctrica, lo cual implica un subsidio cruzado del sector eléctrico a los usuarios de gas. Pero también existirá un subsidio cruzado desde la industria que será afectada con un sobrecosto superior a los $2.000 millones en sus compras de gas”, expresó la entidad.
El Mosconi finalmente agregó que “ña política de tarifas y subsidios debe alejarse de pensamientos mágicos. Regalar la energía no es gratis, tiene costos en inversión, en calidad de servicio, en subsidios, en inflación, que ni el sector energético, ni la economía nacional tienen margen de financiar”.
FN / LR
