La Argentina se prepara para dejar a fin de año las cuestionadas declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), según informó el Gobierno a la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde un tribunal falló en contra de las medidas de protección comercial argentinas.
Según confirmaron desde la Unión Europea, la Argentina informó a Ginebra la intención de desactivar el 31 de diciembre las declaraciones que le valieron quejas formales de los principales socios comerciales como la UE, Estados Unidos, México y Japón, y también una serie de roces con Brasil. Es decir, unos veinte días después del cambio de gobierno.
La forma de salir del “cepo importador” quedará en manos del próximo gobierno. Una vez que se defina el sucesor de Cristina Fernández a fines de octubre, los equipos del sciolismo o macrismo (los dos con más chances) tendrán tres meses para consensuar la protección con el sector privado. Sin embargo, según trascendió, ya comenzaron los contactos informales con las principales cámaras que gozan de los beneficios del “comercio administrado” que restringe a la competencia importada.
“Se está analizando una vuelta a las licencias no automáticas de importación (LNA), pero el debate es si volverán a las 400 licencias originales o las 600 que terminaron existiendo antes de que se aplicaran las DJAI”, relató el consultor Miguel Ponce, del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. Las LNA están dentro de las herramientas que avala la OMC.
Además de las licencias, se analiza ampliar el uso de los llamados “para-aranceles”, como las medidas más estrictas de control fitosanitario que son moneda corriente en el comercio mundial y en particular en los países desarrollados.
La Argentina aplicaba LNA pero con demoras muy por arriba del plazo de sesenta días fijados por la OMC.
