ECONOMIA
Caso Greco

Amenazaron a una funcionaria de Economía

La subsecretaria Legal y Administrativa, Alejandra Taddei, realizó una denuncia ante el juez Torres por administración fraudulenta, para que se investigue el intento de pago de 600 millones de pesos al grupo Greco.

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La subsecretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Producción, Alejandra Taddei, recibió ayer amenazas de muerte, contra ella y su familia, informaron escuetamente fuentes oficiales del palacio de Hacienda que divulgaron el caso a través de la agencia oficial Télam.

Cabe señalar que Taddei fue la funcionaria que el 1 de febrero pasado formuló ante el juez Sergio Torres una denuncia por administración fraudulenta contra la Administración Pública Nacional por el denominado "Caso Greco".

El vocero del Ministerio de Economía se limitó a informar que ya había denuncia formal ante la Policía Federal y que ya está actuando la Justicia.

El "Caso Greco" fue un intento de pago de casi 600 millones de pesos a ese grupo económico por parte del Estado. La propia ministra de Economía, Felisa Miceli, denunció ante la Justicia a sus propios funcionarios -quienes elaboraron la liquidación-, mientras la Auditoría General de la Nación ya comenzó a investigar el circuito que siguió el expediente en el Ministerio.

Lo extraño del caso fue que Miceli autorizó con su firma el pago, fue aprobado por la Cámara de Diputados y fue trabado por el Senado gracias a una denuncia del radical jujeño Gerardo Morales. Una vez descubierto, Miceli denunció a sus funcionarios.

La denuncia de Miceli es por supuesto "fraude contra la administración pública", un delito penado con hasta seis años de prisión, y apunta a la "inadecuada defensa de los intereses del Estado" por parte de los funcionarios porque no apelaron la resolución judicial que intimó a pagarle al holding.

También pidió una medida cautelar: que el juez ordene impedir el pago al grupo Greco "para que no se consuma un mayor perjuicio" contra el Estado.

Entre los cuestionamientos a los funcionarios, además, se señaló que cuando se acordó la liquidación no se habrían tenido en cuenta las "compensaciones", es decir las deudas impositivas y previsionales que tenía el grupo con el Estado.