Brasil dio un nuevo paso en su estrategia de transición energética y desarrollo de biocombustibles al reglamentar el Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación (ProBioQAV), una decisión que volvió a encender los reclamos de la agroindustria argentina -de la mano de CIARA-CEC-, para avanzar con una nueva legislación que permita desarrollar ese mercado a nivel local.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este miércoles 12 de agosto el decreto que reglamenta el uso del denominado SAF (Sustainable Aviation Fuel) y establece las reglas para su producción, certificación, comercialización y trazabilidad. La medida deriva de la Ley del Combustible del Futuro, sancionada en 2024.
La normativa establece que, desde 2027, las compañías aéreas deberán reducir al menos 1% las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a sus vuelos domésticos. La exigencia irá aumentando gradualmente hasta alcanzar una reducción del 10% en 2037.
Biodiésel: la Argentina tiene capacidad para liderar un negocio que sigue trabado
No se trata estrictamente de una obligación de mezclar un porcentaje determinado de SAF con el combustible convencional, sino de una meta de reducción de emisiones, que podrá alcanzarse mediante la utilización de combustibles sostenibles y los mecanismos de certificación previstos por el programa.
Para CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales), el contraste con la situación argentina vuelve a exponer una oportunidad que el país está dejando pasar en una actividad estrechamente ligada a la producción agroindustrial.
“Mientras Brasil construye futuro nosotros vivimos en el pasado, con una ley vigente de estilo soviética y un proyecto de ley en el Senado que no tiene interés legislativo en ser sancionado”, cuestionó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras.
“El futuro de Argentina pasa por generar bioenergías basadas en materia prima agrícola con alta calidad y sustentabilidad, y fomentando la libre competencia. Es el momento de sancionar una ley en Argentina que genere futuro”, agregó.
El Gobierno y el Congreso comenzaron a discutir un proyecto legislativo impulsado por el oficialismo, pero por el momento la sanción viene demorada.
La iniciativa lleva la firma de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, y propone un esquema de formación de precios basado en la paridad de importación, además de un sistema progresivo de licitaciones para asignar cupos. El texto extiende el período de transición hasta el 31 de diciembre de 2031, prevé una vigencia de 15 años y apunta a aumentar los cortes obligatorios para absorber parte de la capacidad ociosa del sector. El proyecto retoma una discusión que había quedado trunca durante el debate de la Ley Bases. En aquel momento, el Gobierno retiró el capítulo de biocombustibles ante la falta de consenso con provincias, cerealeras, refinadoras y otros actores de la industria.
Un nuevo mercado para aceites, residuos agrícolas y etanol
La importancia del SAF para el sector agroindustrial radica, entre otros aspectos, en las materias primas que pueden utilizarse para su elaboración.
Estos combustibles pueden producirse a partir de aceites vegetales, residuos agrícolas, grasas, etanol y otras fuentes renovables o de bajas emisiones, lo que abre una nueva vía de agregado de valor para las cadenas agropecuarias.
La estrategia brasileña apunta justamente a conectar la transición energética con inversiones industriales, generación de empleo y una mayor industrialización de las materias primas locales.
El nuevo decreto crea además un sistema de certificación para garantizar la trazabilidad y sustentabilidad tanto del SAF producido dentro de Brasil como del importado.
Una de las herramientas centrales será el Certificado de Sustentabilidad del SAF (CS-SAF). El mecanismo permite separar comercialmente el atributo ambiental del volumen físico del combustible. De esta manera, una compañía aérea puede adquirir el certificado que acredita la reducción de emisiones aunque el combustible sostenible sea utilizado físicamente en otro punto del sistema.
La regulación busca así resolver uno de los problemas logísticos de este mercado: la imposibilidad de garantizar inicialmente la disponibilidad de SAF en todos los aeropuertos.
La Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) tendrán ahora 240 días para dictar las normas complementarias necesarias para poner plenamente en funcionamiento el esquema.
Brasil busca posicionarse como productor regional de SAF
El desarrollo productivo ya comienza a tomar escala. Estudios oficiales brasileños prevén un fuerte crecimiento de la oferta de combustible sostenible para aviación durante los próximos años.
La Empresa de Investigación Energética (EPE), dependiente del Ministerio de Minas y Energía brasileño, estima que los proyectos anunciados podrían alcanzar 1.700 millones de litros anuales de SAF a partir de 2030 y unos 2.800 millones de litros hacia 2035.
La proyección confirma la magnitud de una industria que Brasil busca desarrollar combinando su capacidad agrícola, su producción de biocombustibles y un mercado interno de aviación de gran escala.
Según estimaciones difundidas por el gobierno brasileño, los proyectos vinculados al SAF podrían aportar 13.000 millones de reales al PBI y generar alrededor de 9.000 puestos de trabajo hasta 2029, además de reducir unos ocho millones de toneladas de emisiones de carbono a lo largo de una década.
Para CIARA-CEC, ese proceso muestra que los biocombustibles no deben ser vistos únicamente desde la perspectiva ambiental. También constituyen una política industrial y agroexportadora, ya que permiten transformar materias primas agrícolas en productos de mayor valor agregado.
El reclamo de la agroindustria argentina
La comparación con Brasil vuelve a poner en discusión el marco regulatorio vigente en la Argentina.
Desde el complejo agroexportador sostienen desde hace tiempo que una ampliación del mercado de biocombustibles permitiría incrementar la demanda de aceites vegetales y otras materias primas agrícolas, atraer inversiones en nuevas plantas y generar exportaciones vinculadas a la transición energética global.
El planteo apunta además a un cambio de enfoque: avanzar hacia un esquema con mayor competencia entre productores y con condiciones que permitan aumentar progresivamente la participación de los biocombustibles en distintos segmentos del transporte.
Para CIARA-CEC, la demora implica también un riesgo competitivo. Mientras Brasil consolida reglas que comenzarán a generar una demanda obligatoria desde 2027, la Argentina todavía discute cómo actualizar su legislación.
La carrera excede incluso al transporte aéreo. Brasil viene desplegando una política más amplia de combustibles del futuro, que incluye SAF, diésel verde, biometano y otros mecanismos de descarbonización. La Ley 14.993, aprobada en 2024, creó varios de esos programas dentro de una misma estrategia nacional.
En ese escenario, la advertencia de la agroindustria local apunta a que la Argentina podría perder una ventana para transformar una de sus principales ventajas competitivas (la disponibilidad de biomasa y materias primas agrícolas) en una nueva plataforma industrial y exportadora.
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