El tema de las jubilaciones fue el gran ausente en los primeros diez anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, esta semana se conocieron detalles de lo que el nuevo Gobierno planea hacer con el sistema jubilatorio argentino. Manuel Adorni, vocero presidencial, fue el primero en expresarse al respecto: el plan es reducir el gasto un 0,4% del PBI y modificar el actual sistema.
“Es la crónica de una muerte anunciada, es seguir la política que venía haciendo Massa. La seguridad social, que hace 3 años ocupaba 8 puntos del PBI, hoy ocupa 6,5 puntos”, explicó a este medio Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.
De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos diez años el porcentaje de del PBI destinado a seguridad social bajó casi 3 puntos. La caída no fue lineal: en 2013 representaba el 9,4% y en 2017 tuvo un pico de 11,33%, acercándose a los parámetros internacionales. Si se comparan los números de los últimos 30 años, la cifra actual se parece a la de 1993: en ese momento el gasto público en seguridad social representaba el 6,33% del producto.
Según la Organización Internacional del Trabajo el promedio mundial de gasto público destinado a protección social es del 12,9%. En países de ingreso alto esta cifra sube a 16,4% y en los de ingreso medio se reduce a la mitad: 8%.
Para Semino, estos planes significan “continuar con el ajuste que ya está en marcha. Quedó aparte de los anuncios para hacer un maquillaje”, opinó.
Por lo demás, la situación de los jubilados “ya es desesperante”, agregó. “Tenemos 5 millones que están en una mínima con el bono en 160 mil pesos, las personas con discapacidad están cobrando 83 mil y las medias jubilaciones, que son 2 millones de personas, hoy están en 180 mil. La línea de indigencia está en 200 mil pesos”. Con estos números, al menos 7 millones de jubilados ya están debajo de la línea de indigencia.
Adorni afirmó en conferencia de prensa que las jubilaciones “son de muy bajo nivel” y que se suspenderá la actualización automática trimestral. Los aumentos serán una medida que quedará a discreción del Ejecutivo. “El objetivo es terminar con un esquema jubilatorio que ha transformado a los jubilados en personas con muchísimas necesidades”, explicó.
“Se espera que la inflación siga su tendencia incremental y acá los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo", agregó.
En efecto, las consultoras estiman que la suba de precios tendrá un gran impacto en los primeros meses del año, e incluso calculan que la inflación puede llegar al 300% para mediados de 2024.
Después de los anuncios, el ministro de Economía afirmó que la actual fórmula jubilatoria no funciona y prometió que los jubilados recibirán ingresos más altos. "Lo que estamos haciendo es proteger al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona: si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses los jubilados cobrarían entre un 25% y un 40% menos de lo que reciben hoy".
El problema de cualquier fórmula nueva, en un contexto de ajuste y de aumento constante de precios, es el impacto que esto puede tener en el valor real de las jubilaciones.
“Quien hace el ajuste sin pagar costos políticos es la inflación, no es un funcionario”, agregó Semino.
La situación no es nueva: “Alberto Fernández suspendió la ley de movilidad en diciembre de 2019, los aumentos durante el 2020 fueron por decreto e inconstitucionales, y fueron todos hacia la baja respecto a la ley suspendida y respecto a la inflación. Dicen que habrá una modificación que, en definitiva, es maquillaje. Lo cierto es que los jubilados que tenían 100 pesos para morirse de hambre hoy tienen 50”, sintetizó.
Las jubilaciones, según los datos de la Defensoría, perdieron 40% del poder adquisitivo solamente durante 2023.
Según la Defensoría de la Tercera Edad la canasta básica de un jubilado es de $313.185. Dentro de ese número se contempla vivienda, transporte, alimentación, medicamentos y servicios.
