Según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), aún no hay señales de lo que fue originalmente un proyecto de Ley Ómnibus, un tren que estaría compuesto por distintos vagones temáticos que implicarían distintas negociaciones y que todavía no tiene definida su forma.
Hay versiones que hablan que antes de que se conozca esto, había un gran decreto desregulador de necesidad y que tendría un impacto en la economía directamente proporcional a las primeras medidas que anunció esta semana el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. En ese contexto empiezan a delinearse algunas perspectivas.
Aún no se sabe en qué momento el presidente Javier Milei va a firmar el decreto para convocar a sesiones extraordinarias. Técnicamente, el Congreso de la Nación está en receso. Así que queda saber no solamente cuándo el Presidente va a habilitar el periodo de extraordinarias, sino que además deberá definir los temas. Y ahí el temario empieza a multiplicar los interrogantes.
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Ayer surgió un dato muy fuerte y forma parte de la agenda económica de hoy: se trata de una confirmación para los agroexportadores. El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, anunció que enviarán un proyecto para aumentar las retenciones al agro. Un primer dato que prendió las alarmas para algunas entidades de la Mesa de Enlace. Saben claramente que incluso hasta el Fondo Monetario Internacional sostiene que en situaciones como estas recomiendan el aumento de las retenciones a la exportación.
A eso se suman otros contornos que ya se conocen de este paquete de urgencias que enviaría el Poder Ejecutivo. Primero, retrotraer el mínimo de la base imponible del impuesto a las Ganancias. Otro punto importante: hacer cambios en Bienes Personales. Dos ítems que van a la relación y a la negociación del Poder Ejecutivo con los gobernadores.
También está la posibilidad de la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria o una negociación que permita suspenderla por un año y que le deje posibilidades al Poder Ejecutivo para que pueda fijar los aumentos jubilatorios. Todo en un contexto donde todavía no se sabe qué va a pasar con los bonos de enero y febrero de $50.000 que llevaban la mínima por encima de los $100.000. Es decir que además la mínima podría volver a estar por debajo de esta última cifra. No solo en el plano numérico, sino también político, porque eso también empieza a anticipar cuál será el clima de las extraordinarias en el caso de que el presidente Javier Milei finalmente las convoque.
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Han habido señales importantes. Una fue la que se conoció hace más de 24 horas de parte del bloque PRO, conducido por Cristian Ritondo, luego de una serie de reuniones con el expresidente Mauricio Macri, sin Patricia Bullrich, donde finalmente los diputados de dicho partido confirmaron que van a respaldar las medidas que mande el Gobierno de Congreso. Obviamente, con cuidado, pero estarían predispuestos a aportar 40 votos.
El nuevo oficialismo cierra esta semana con dos datos. Por un lado pudieron hacer una demostración de fuerza en el Senado, llegar a 39 voluntades y superar el número del quórum en la Cámara Alta. Toda una señal para Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, titular del Senado y poseedora solamente de siete bancas propias en un ciclo de 72.
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La segunda, los gestos del PRO que anticipan que la escena de la Cámara Alta podría reeditarse en una mayoría circunstancial, que mínimamente al Ejecutivo le garantice el quórum para poder empezar el debate. Todavía no se conocen los contenidos. Algunos dicen que es difícil pensar que el PRO ofrezca 40 votos sin saber de qué se trata. Otros sostiene que sí, que se sabe de qué se trata.
Algunas fuentes muy importantes del Ejecutivo admiten que necesitarían que el Congreso de la Nación le delegue facultades al Poder Ejecutivo, como sucedió en los noventa, donde escuchamos muchas veces una palabra que se ha repetido con el correr de los años y también en la primera década de este siglo: “superpoder”. Así que existe la posibilidad de que los arquitectos jurídicos de la Casa Rosada están pensando el decretazo, que va a estirar todos los límites de lo que no tenga que pasar por el Congreso.
Es posible que algunos aspectos del decreto, en el caso de que así sea, tenga que enfrentar discusiones en el fuero administrativo contencioso federal. Esa sería una primera señal respecto al impacto de la validez de los decretos. Es tan grande la cantidad de áreas productivas que estarían afectadas por el decreto desregulador que se espera un escenario de conflicto judicial.
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En el Congreso también hay interrogantes, porque dentro de todas las comisiones que no funcionan en el receso, hay una que funciona todo el tiempo y que debería ser constituida cuanto antes: la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la que finalmente valida los decretos de necesidad y urgencia. Algunos creen que se tomaría un tiempo para constituirla y entrar en la dinámica del día a día.
Hay un tema muy importante y es que, para que quede anulado el decreto de necesidad y urgencia, tienen que expedirse las dos cámaras del Congreso de la Nación. De hecho, esta comisión es bicameral, tiene representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, y se resolvió incluso que en esta nueva composición el Senado va a tener más presencia de la que ha tenido, y dependerá de la mayoría circunstancial que le permitió a Victoria Villarruel tener quórum y elegir autoridades. Así que ella tiene la llave para comenzar a constituir la comisión bicameral, está en juego este equilibrio de fuerzas y de aliados desconfiados que ahora son dadores de quórum, pero obviamente la pelota la tiene el Poder Ejecutivo.
MVB JL
