Las necesidades financieras de YPF pudieron más que la patria latinoamericana. El fallo de la Corte Suprema esta semana, que levantó el embargo que pesaba sobre la petrolera Chevron en el país por una sentencia contra la casa matriz por contaminación en Ecuador, dejó claro que la presidenta Cristina Kirchner privilegia el futuro de la firma estatizada por sobre los pedidos de su par Rafael Correa respecto de una causa emblemática para comunidades aborígenes de la selva amazónica.
Si bien se trata de una decisión tomada en el Poder Judicial sobre el efecto local de una demanda internacional por US$ 19 mil millones, el Gobierno no fue ajeno al litigio que hace casi un año venía frenando acuerdos de inversión de YPF y Chevron para desarrollar los yacimientos no tradicionales de Vaca Muerta, en Neuquén. Mostrar confianza de colosos internacionales en la expropiada petrolera es clave para el CEO Miguel Galuccio, que intenta conseguir inversores.
La decisión del tribunal supremo fue muy cercana en el tiempo y en los argumentos al dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, un cuadro del kirchnerismo, que pese a ser crítica de las “corporaciones”, esta vez optó por atender el argumento de Chevron Argentina de que no tiene nada que ver con Chevron Corporation, y recomendó el cese del congelamiento del flujo de ingresos de la firma dispuesto por instancias anteriores. De hecho, aseguró que el embargo estaba poniendo en peligro “la política energética” del país y señaló que hasta amenazaba “las finanzas públicas”.
Así, hizo lugar al pedido de los patrocinantes de Chevron, cuyo recurso extraordinario a la Corte incluyó las firmas de León Arslanian y Ricardo Nissen, dos letrados con buena sintonía con la propia jefa de los fiscales. El pedido de Gils Carbó, realizado el 22 de mayo, tuvo una respuesta más que veloz de parte de la Corte, que –salvo Carlos Fayt, que votó a la inversa– mantuvo sus lineamientos y dejó sin efecto el embargo, decisión que –para los demandantes– contradice convenciones internacionales sobre medidas cautelares suscriptas por la Argentina.
La última vez que Galuccio y el vicepresidente de Chevron Corporation, Ali Moshiri, se vieron en Buenos Aires, ratificaron un acuerdo por el que la compañía desembolsaría en el país unos US$ 1.500 millones. El pacto, al igual que en su primera versión, estaba supeditado a la resolución de la medida judicial que frenaba su puesta en práctica. Entonces se planteó el cierre del convenio para julio. No se había dado más explicación sobre el porqué de ese plazo, que ahora podrá cumplirse sin problemas, para satisfacción de YPF y el Gobierno nacional, que buscan revertir el déficit energético. Pero no para Correa, que en diciembre le había transmitido a la propia Cristina su interés por la resolución de este caso en favor de las comunidades aborígenes de su país.
