La Asociación Empresaria Argentina (AEA) realizó su postergada asamblea anual, donde aprovechó la presentación al público de cinco nuevos socios para reiterar sus quejas al Gobierno por el embate del oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia y por el rumbo económico. Fue en una reunión formal, sin debates, aunque con múltiples preguntas sobre el escenario político y las posibilidades de la participación del expresidente Mauricio Macri en el ruedo electoral. Y si bien no presentaron su receta, los grandes empresarios del país le pusieron condiciones al diseño del plan económico del próximo gobierno.
El cónclave se realizó en el piso 24 del Sheraton Hotel de Retiro, en donde había espacio de sobra para los 34 participantes. Hubo un comunicado de prensa con fuertes críticas a la médula del plan de gobierno del Frente de Todos, con eje en el cuidado de las instituciones y en las incertidumbres económicas; aunque, sin embargo, no existió en ese ámbito un debate en torno a la redacción del contenido de la postura gremial-empresaria.
“No iba a existir disidencia, ya que todos pensamos así. Pero tampoco sabíamos que iba a haber comunicado”, admitió uno de los participantes del evento, consultado por PERFIL. Según otra fuente, el texto estaba preparado de antemano por la mesa chica de la conducción de AEA, en donde pesan fuerte los dueños de Techint, Paolo Rocca, y de Arcor, Luis Pagani; y el CEO de Clarín, Héctor Magnetto.
Alzar la voz para que escuche el Gobierno
La exposición de estos principios, con la asamblea anual de fondo, buscó generar un mayor impacto en los medios de prensa y llegar por los diarios a la mesa del poder central, debido a la falta de comunicación que mantienen con el Gobierno. No fue raro que se hayan reiterado las quejas por la ausencia de respuesta a sus planteos de parte de Alberto Fernández y los funcionarios nacionales. AEA perdió el terreno que había ganado durante la gestión de Macri, entre 2015 y 2019, cuando era la gremial-empresaria preferida de Cambiemos. En ese período, la Unión Industrial Argentina (UIA) había profundizado sus diferencias por el plan antiindustrial y le dejaba poco margen a la influencia de Rocca y Pagani para mejorar las relaciones.
Hubo dos presentaciones en la mañana del miércoles. Primero, durante una hora, el periodista y columnista del diario La Nación Carlos Pagni trazó un panorama del escenario político del país. Hubo pocas preguntas al finalizar, pero la más resonante fue: “¿Macri será candidato?”. Los empresarios se fueron sin que les hayan develado el misterio, pero dejaron claro que es una de sus principales preocupaciones. En ese recinto, están repartidos los que esperan por el retorno del expresidente a la Casa Rosada, los que apuestan por Horacio Rodríguez Larreta y los que avivan las chances de Patricia Bullrich.
Hubo un break, en donde aprovecharon para sacarse la foto protocolar de la asamblea, pero que les restó tiempo para compartir preocupaciones. Aunque quedó claro que el efecto sequía y la inflación fueron los temas económicos que más incertidumbre genera en el círculo rojo. Ahí es donde entró el segundo panel, que tuvo como analista al economista Ricardo Arriazu, quien intentó sacarse de encima la coyuntura para hablar de los desafíos a largo plazo. Los empresarios creen que esta etapa del gobierno de Fernández está “terminada” para sus expectativas.
La asamblea anual estaba planificada, según el calendario de AEA, para septiembre del año pasado, pero debió postergarse por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. La opción fue separar ambos hechos para evitar que un pronunciamiento al respecto les quite peso a las quejas contra el Gobierno. Además de Pagani, Rocca y Magnetto, participaron, entre otros, Carlos J. Miguens (de la tradicional familia Miguens Bemberg), Federico Braun (supermercados La Anónima), Luis Perez Companc (Molinos Río de La Plata), Enrique Cristofani (Banco Santander), Eduardo Elsztain (IRSA y Banco Hipotecario), Martín Migoya (Globant), Charlie Blaquier (Ledesma), Pablo Roemmers (Laboratior Roemmers), y Aldo Roggio (Grupo Roggio).
Ante la denuncia de proscripción, una fuerte defensa a la Corte
“Al inicio de un año decisivo para la vida de nuestro país, los empresarios miembros de AEA queremos destacar, en primer lugar, que el respeto a las instituciones de la República es una condición necesaria para el desarrollo. En particular -y en el marco de los cuarenta años de recuperación de la democracia - subrayamos la extraordinaria relevancia del principio constitucional de la división de poderes y de contar con una Justicia independiente”, subrayó le entidad en su comunicado de prensa.
En el plano económico, tampoco ahorró críticas: “Durante largos años hemos convivido con el flagelo de la alta inflación, con déficits permanentes en las cuentas públicas, con la ausencia de una moneda doméstica respetada, con una muy elevada y distorsionada presión tributaria sobre el sector formal, con cambios permanentes en las reglas de juego, con varios tipos de cambio, con injerencias indebidas en el ámbito propio de las empresas como son los controles de precios, o las múltiples restricciones vinculadas al comercio exterior; por solo nombrar algunas anomalías”.
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El embate de los grandes empresarios a la relación del Gobierno con la Justicia se da en el preludio de la publicación de los fundamentos de la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en donde se le aplicó la prohibición para ser candidata a ocupar cargos públicos. El establishment reza por su ausencia de la jefa del kirchnerismo en el tope de la lista del Frente de Todos en las presidenciales de octubre, en el medio de las denuncias de proscripción que realiza ese sector del oficialismo.
El plan económico del círculo rojo
El cuestionamiento a la economía no sólo apunta contra Massa, una de las cartas más competitivas que tiene el oficialismo, sino que también tacha como inválido el sistema de intervención del Estado en las regulaciones principales, como sucede con los acuerdos de precios, pero también en la implementación de impuestos. En ese sentido, AEA pareció hacer pie con el informe que presentó la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre la presión impositiva del país que elaboró el jefe del Departamento Tributario de la entidad, Carlos Abeledo, quien es también el director corporativo del Grupo Techint.
Y si bien las críticas fueron al corazón del kirchnerismo, las grandes empresas del país también enviaron señales de advertencia a la oposición. Sucede que durante el mandato de Cambiemos se mantuvo el plan de Precios Cuidados, que había gestado el gobierno de Cristina Kirchner e, incluso, la baja impositiva tuvo su retroceso cuando la crisis económica afectó los fondos que necesitaba el Estado para intentar revertir el revés que, luego, sufriría en las elecciones de 2019.
“Somos conscientes que para revertir dichas anomalías -que son insostenibles en el tiempo- y adoptar políticas económicas virtuosas como las que imperan en los países exitosos, Argentina deberá inevitablemente asumir desafíos significativos. Tenemos claro, también, que ello requerirá de un trabajo político y técnico muy arduo y riguroso que no admitirá improvisaciones”, sentenció el comunicado de prensa.
AM / ED
