Según el último estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 15% de los trabajadores asalariados del país padece algún grado de inseguridad alimentaria, lo que significa que no logra cubrir de manera suficiente y estable sus necesidades básicas de alimentación.
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El estudio, presentado en el marco del Día Mundial de la Alimentación, advierte que incluso los asalariados formales se ven afectados por esta problemática estructural que atraviesa clases sociales, regiones y niveles educativos.
Condiciones laborales y formalidad: los sin aportes, los más afectados
La investigación del ODSA-UCA muestra que el acceso al trabajo formal reduce significativamente la inseguridad alimentaria, aunque no la elimina.
Entre los trabajadores con empleo registrado, el 9,8% presenta privaciones alimentarias, mientras que entre los trabajadores sin aportes la incidencia asciende al 24%.
La falta de cobertura social, estabilidad e ingresos suficientes explica buena parte de esta brecha. En tanto, los ocupados en el sector público registran un 14,1% de inseguridad alimentaria, una cifra intermedia que refleja disparidades entre provincias y organismos.
Educación y nivel socioeconómico: una dieta que también depende del aula
El estudio advierte una fuerte relación entre la educación y el acceso a los alimentos. Entre los asalariados con estudios hasta nivel secundario incompleto, el 34% sufre inseguridad alimentaria, mientras que entre quienes alcanzaron formación universitaria la incidencia desciende a apenas 4,6%.
El nivel socioeconómico también es determinante: en los estratos bajos, la inseguridad alimentaria afecta al 21,5%, mientras que en los sectores medios y medios-altos no supera el 7%.
La pobreza sigue siendo un factor clave en el deterioro alimentario. Según el informe, el 38,6% de los asalariados pobres experimenta inseguridad alimentaria, frente a solo el 3,4% de los no pobres.
Factores demográficos y geográficos: jóvenes, mujeres y conurbanos, los más vulnerables
Las brechas también se extienden por edad, género y territorio. El 14,3% de los asalariados jóvenes (de 18 a 34 años) sufre inseguridad alimentaria, frente al 12% entre los mayores de 55 años.
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En cuanto al género, las mujeres presentan una leve desventaja, con un 15,5% de afectadas frente al 15% de los varones.
Por regiones, las disparidades son marcadas: mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la inseguridad alimentaria alcanza apenas el 7,1%, en el Conurbano Bonaerense trepa al 18,9%, convirtiéndose en el epicentro del problema.
Un desafío estructural que exige políticas integrales
En sus conclusiones, el Observatorio subraya que la inseguridad alimentaria ya no se limita a los sectores desempleados o marginados, sino que afecta a una franja creciente de trabajadores pobres.
La precariedad laboral, la pérdida salarial y la inflación son factores que, combinados, erosionan la capacidad de los hogares de acceder a una alimentación adecuada.
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Por último, el estudio concluye resaltando “la articulación entre academia, sindicatos y el tercer sector en la construcción de estrategias que garanticen el derecho a una alimentación, empleo y protección social”.
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