El Gobierno Nacional declaró la emergencia agropecuaria para 800 mil hectáreas de la provincia de Córdoba a causa de la sequía. El ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, sin embargo, puso reparos en los efectos que pueda generar para los productores de la zona.
La medida fue anunciada mediante la Resolución 290/2023 publicada en el Boletín Oficial y declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2023 para “las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas afectadas por sequía”.
Además, se aclara que la emergencia para explotaciones ganaderas, tamberas y apícolas será hasta el 31 de diciembre. Las zonas que ingresan dentro de la resolución son el sur del departamento de San Justo, el norte de Marcos Juárez y Unión y noroeste de General San Martín.
Sequía y pérdidas millonarias
La ferocidad de la sequía en esta temporada de verano trajo pésimas noticias para los productores de gran parte del país. De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario las pérdidas para el sector podrían estar por encima de los USD 19.251 millones, lo que se traduce también en menor recaudación para el país por exportación.
Dentro del alivio que busca inyectar el Gobierno Nacional se encuentra la posibilidad de facilitar el acceso a créditos, prórrogas y exenciones impositivas. Para ello los afectados “deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”.
El paso posterior será remitir el listado de productores perjudicados desde el gobierno cordobés hacia la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
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El Ministro de Agricultura y Ganadería puso en duda la implementación de la medida
Si bien el ministro Sergio Busso puso en valor la resolución emitida por el Ministerio de Economía, sostuvo que “es relativo” el impacto positivo que pueda generar en los productores.
“En muchos casos, los beneficios de la ley de emergencia están vinculados a los dueños de la tierra, pero el 60% o 70% de los que producen alquilan la tierra, por lo que no se resuelven las necesidades del productor”, le dijo a Cadena 3 de Córdoba.
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“Hay muchos recursos que el productor aporta pero por el saqueo del Estado Nacional a través de las retenciones no vuelve nada. No estamos de acuerdo conceptualmente pero mientras tanto se podría discutir y plantear recursos para subsidiar al productor cuando pierde, como va a pasar con esta cosecha”, cuestionó.
Finalmente, consideró que el sector necesita que “se le saque el pie de encima, no intervenirlo ni restringir exportaciones ni penalizarlo a través de las retenciones”. Es el mismo pedido que hacen desde la Mesa de Enlace, el espacio que nació al calor de la 125 en 2008 y concentra a los cuatro sectores más representativos del campo.
GI/ff
