El hasta ahora fallido intento del ministro de Economía Martín Guzmán de echar a su subordinado, el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, dista de ser inocuo. Más bien todo lo contrario, refuerza una serie de preguntas que constantemente se formula una amplia variedad de actores: ¿quién gobierna en la Argentina? ¿cómo es el proceso de toma de decisiones en el gobierno de Alberto Fernández? ¿Existe un plan económico? Y en caso de que sea así ¿cuál es ese plan? ¿Cuál es la orientación económica del gobierno: la que propone el ministro Martín Guzmán o la de Federico Basualdo, Paula Español o Federico Bernal?
Estos interrogantes se los plantean actores tan diversos como analistas políticos, economistas, empresarios, banqueros, fondos de inversión, gobiernos extranjeros y el propio Fondo Monetario Internacional con el que el gobierno argentino busca acordar un programa de Facilidades Extendidas.
La lucha interna desatada a partir del intento del ministro de Guzmán de remover a uno de sus subordinados tiene implicancias para la agenda externa de la Argentina.
A fin de mes el gobierno deberá afrontar el pago de USD 2.400 millones de dólares con el Club de París. A pesar de las compras de divisas efectuadas por el Banco Central en lo que va del año, la Argentina cuenta con un bajo nivel de reservas líquidas como para pagarle al Club de París en efectivo. La opción más razonable sería reprogramar ese vencimiento. Pero ello requiere de un programa con el Fondo Monetario Internacional que difícilmente esté firmado para fines de este mes.
En ausencia de un acuerdo con el Fondo la Argentina podría entrar en default con el Club de París el 30 de julio, transcurridos los 60 días de gracia posteriores al vencimiento. El mes pasado, el ministro Guzmán realizó una gira por Europa buscando la buena voluntad de alguno de los miembros del Club. En los próximos días el propio presidente, acompañado del ministro, viajará a Europa.
Todo el episodio Basualdo no hace más que generar un ruido innecesario para la tarea que deben encarar el presidente y el ministro. Entrar en cesación de pagos con el Club de París no será gratis. Probablemente complicará innecesariamente las relaciones con los demás organismos multilaterales de crédito. ¿Qué credibilidad tienen frente a un gobierno extranjero un jefe de estado y un ministro de economía que no pueden desplazar a un subsecretario?
Son más las consecuencias que las relaciones con el Club de París
Las consecuencias van más allá de las relaciones con el Club de París. La Argentina debe negociar un programa con el FMI al cual debe comenzar a pagarle a fines de septiembre los US$ 44 mil millones del acuerdo Stand-by de 2018. La Argentina no cuenta con recursos para repagar esa deuda.
Tanto el ministro de Economía Guzmán como las autoridades del Banco Central hubieran preferido llegar a esta época del año con un programa del FMI ya cerrado. Sin embargo, pese a la frecuente interacción que las autoridades económicas tienen con el staff del Fondo, nada hace suponer que haya una negociación en curso ni que el gobierno y el FMI rubriquen un programa antes de las elecciones legislativas de este año, cuya fecha es hoy por hoy una verdadera incógnita.
El ministro ha señalado que no pagarle al FMI no es una alternativa dado que ello convertiría a la Argentina en un paria internacional. En consecuencia, en algún momento, el equipo económico deberá presentarle al Fondo un programa macroeconómico y de reformas estructurales sobre la base de la cual negociar un Acuerdo de Facilidades Extendidas. En cualquier negociación internacional la credibilidad a la hora de asumir compromisos es clave.
Por mucha buena voluntad que pueda tener la nueva conducción del FMI hacia la Argentina, las dudas acerca de la voluntad y la capacidad de las autoridades de honrar los compromisos asumidos, poco contribuirán a despejar el camino hacia un eventual un acuerdo.
No son solamente las tarifas eléctricas
En no pocas ocasiones el Fondo ha requerido un amplio consenso político como condición para otorgar un programa de financiamiento. No solo ello, la ‘paternidad’ (ownership en inglés) del programa por parte de las autoridades es un elemento que el FMI ha enfatizado en el pasado. El enfrentamiento entre el ministro y su subsecretario, enturbia una negociación que ni siquiera ha comenzado, y en la cual queda un largo camino por recorrer si consideramos que el eventual arreglo al que oportunamente lleguen Argentina y el FMI, en virtud de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad Fiscal, deberá ser ratificado tanto por la Cámara de Diputados -donde el bloque oficialista que conduce Máximo Kirchner es la primera minoría- y por el Senado, presidido por Cristina Fernández de Kirchner y en el que el Frente de Todos goza de una cómoda mayoría.
En términos sencillos, un arreglo con el Fondo necesitará del visto bueno de quienes sostuvieron a Federico Basualdo contra la voluntad de su superior que es quien lleva la relación con el FMI.
La disputa entre el ministro y el subsecretario de Energía Eléctrica ha generado rumores acerca de la continuidad de Martín Guzmán. Es una facultad del presidente nombrar y remover a sus colaboradores. Sin embargo, el momento para cambiar de interlocutor de cara a los organismos internacionales no parece el más oportuno. Como bien dice el conocido refrán ‘no es bueno cambiar de caballo en el medio del río’.
Independientemente de si el ministro Guzmán permanece en el cargo y si Federico Basualdo eventualmente termina eyectado de su cargo, el daño ya está hecho.
La credibilidad y la autoridad del ministro y del propio presidente se han visto afectadas. Los interrogantes planteados al comienzo de esta columna seguirán presentes en la mente de quienes deben lidiar con la Argentina. Flaco favor le hacen estas disputas internas a las negociaciones que la Argentina debe encarar en el futuro cercano.
Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA
* Profesor de la Universidad del CEMA
