Las declaraciones del presidente electo Javier Milei acerca de frenar la obra pública generaron preocupación en el sector de la construcción. La medida amenaza a 200.000 puestos de trabajo directos y 160.000 indirectos que integran la cadena productiva. Además, afectaría a un importante número de empresas que la tienen como su principal actividad
“Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan”, afirmó Milei este martes en una entrevista radial. “No tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las terminen ellos”, agregó en otro de los tantos diálogos que mantuvo en la semana posterior a ser electo, en esta oportunidad entrevistado por Alejandro Fantino.
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En la actualidad, hay 2.308 obras en ejecución, 518 en circuito o a iniciar y 676 proyectos en proceso de evaluación y aprobación, según informó el Ministerio de Obras Públicas, conducido por Gabriel Katopodis.
Las consecuencias económicas de frenar la obra pública
En este marco, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, señaló en diálogo con PERFIL: “El impacto macroeconómico de frenar la obra pública es muy grande. La construcción en general tiene un gran efecto sobre el empleo, sobre la actividad económica en proveedores y prestadores de servicios y en la recaudación fiscal que esas actividades y empleos generan”.
Al respecto, con una inversión pública en construcciones del orden del 1,6% del PBI para 2023, se estima que actualmente genera alrededor de 200.000 empleos directos de registrados, y 160.000 puestos de trabajo indirectos en la cadena productiva, según datos de la entidad.
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“Cabe señalar que dicha inversión en infraestructura es pobre respecto a lo necesario para que el país crezca y mucho menor a la que realiza el promedio de los países, incluso los vecinos. Es decir, para crecer sería necesario aumentar la inversión en infraestructura pública en lugar de frenarla”, aseguró Weiss.
Además, explicó que hay estudios sobre la matriz de insumo-producto del sector que indican que cada peso invertido en obra pública genera otros $1,24 de facturación en proveedores y servicios.
“Toda esa actividad directa e indirecta genera recaudación fiscal (impuestos, tasas, aportes, contribuciones a la previsión social) del orden del 45,8% de la inversión realizada”, precisó.
Por su parte, Guido Zack, director económico de Fundar, sostuvo que si bien es necesaria una consolidación fiscal para que el Banco Central no tenga que seguir financiando el déficit, hay que prestar mucha atención en qué sectores se hace porque no es neutra en términos de crecimiento económico y distribución del ingreso.
“Creemos que frenar la obra pública es un error porque no solo genera un impacto muy importante sobre la actividad económica presente sino que también en el crecimiento de largo plazo. La obra pública aporta lo que puede ser la eficiencia de las empresas a través de los servicios públicos. Estamos hablando desde cuestiones energéticas hasta de transporte y logística, entre otras”, aseguró el economista.
Asimismo, señaló que hasta la teoría que aboga por la menor intervención estatal posible en la economía reconoce la necesidad de que el Estado se involucre en la provisión de bienes públicos.
El impacto sobre el sector de la construcción
En cuanto al impacto sobre el sector de la construcción en particular, Weiss afirmó que “sería un golpe grave y afectaría sin duda a un importante número de compañías que tienen a la obra pública como su principal actividad, situación que será muy significativa en pequeñas empresas de todo el país, que realizan obras de vivienda social o de redes de servicios urbanos. También, a aquellas más grandes muy especializadas en un tipo de obra, como las viales o las grandes obras eléctricas o de saneamiento”.
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Por otro lado, desde CAMARCO detallaron que el Sector Público Nacional tiene presupuestado una inversión en obras para 2023 del orden de los $2,5 billones y que existe un importante monto de compromisos en trámite, aún no devengados formalmente, es decir, en trámite de aprobación por la repartición y no ingresados en Tesorería; estimados en $1,5 billones.
“No conocemos las decisiones del nuevo gobierno sobre las obras en curso. Confiamos en las declaraciones del Presidente electo ratificando el respeto total a los compromisos asumidos y al principio de continuidad del Estado”, manifestó Weiss al respecto.
“Sería vital la continuidad de esos contratos y el pago completo y oportuno de las contraprestaciones contratadas, para dar lugar a una transición ordenada del sector hacia las anunciadas nuevas formas de encarar la inversión en infraestructura pública”, agregó.
De no ser así, desde la cartera de Obras Públicas aseguraron a PERFIL que se producirán una innumerable cantidad de juicios contra el Estado por incumplimiento de contratos.
Obra pública, ¿a la chilena?
En otro orden, y con el objetivo de que sea el sector privado el que se encargue de las obras públicas, Milei busca avanzar en “el modelo a la chilena”.
Sin embargo, Weiss dijo: “Creemos que aquí hay una falta de información. Chile se ha distinguido, desde hace 30 años, por el aporte privado a grandes concesiones. Sin embargo, eso no ha significado que no exista un importante volumen de obra pública pagada por el Tesoro chileno”.
De hecho, según el proyecto de presupuesto de Chile para 2024, la inversión en obras públicas asciende al 4,1% del PBI.
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“Las exitosas concesiones chilenas se han concentrado en obras viales de alto tránsito (pagadas por el usuario por peaje), puertos (con pago por el cargador usuario), aeropuertos (con pagos por líneas aéreas y por la explotación comercial de servicios, locales, free-shop, etc). Los otros proyectos realizados por concesión corresponden a algunos hospitales, prisiones y unos pocos edificios públicos, (pagados por el Estado en forma diferida, contra disponibilidad del bien construido)”, detalló Weiss.
La mirada de los analistas
Jorge Neyros, consultor económico, aseguró que el recupero de la inversión de las empresas que realizan las obras se hace cobrándole al privado que usa la infraestructura o determinando algún tipo de beneficio que le pueda pagar el sector público.
En tanto, Zack dijo: “Esto es posible en determinadas obras públicas, como la realización de rutas, cuya inversión se puede recuperar con los peajes. Pero si un puente peatonal lo hace el sector privado, el peatón va a tener que pagar para usarlo. Lo mismo se podría decir de la obra pública destinada a los servicios de salud y educación”.
Ahora bien, “¿Qué empresa privada va a estar interesada en construir un hospital público si después el usuario no va a pagar por el servicio? Entonces, ¿quién va a ser el que le pague al sector privado por hacer el hospital? Si es el sector público, entonces es falso que no impacta sobre las finanzas públicas”, consideró.
En este contexto, Rocío Bisang, economista de EcoGo, sostuvo que hay inversiones que pueden no ser necesariamente rentables desde la óptica de un privado pero sí necesarias para el bienestar de la sociedad.
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