”Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo”, tuiteó el ministro de Economía, Luis Caputo, en referencia a la ley de inocencia fiscal que fue aprobada por el Congreso junto al Presupuesto 2026. Se trató de una celebración precoz, dado que la normativa que flexibilizará que los clientes demuestren que el dinero que depositan no proviene de orígenes ilícitos aún no había sido reglamentada por el propio Gobierno.
Incluso el Banco Nación se adelantó a darle la bienvenida a dinero sin respaldo documentado, pero debió borrar el tuit. Los malos tratos generaron bronca en la City.
Recién ayer el Ejecutivo promulgó en el Boletín Oficial la ley 27.799, que eleva de manera sustancial los umbrales a partir de los cuales una infracción tributaria pasa del plano administrativo al penal. El límite hasta el que se considera evasión simple pasó de $ 1,5 millones a $ 100 millones y la evasión agravada de $ 15 millones a $ 1.000 millones. Además, se redefinieron criterios de prescripción y limitaron los supuestos en los que el organismo recaudador puede formular denuncias penales.
Antes de esto, el 27 de diciembre, Caputo escribió en sus redes sociales: “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado. Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”.
Este mensaje fue citado por la cuenta institucional del Banco Nación, que le sumó: “A partir de mañana te esperamos en todas nuestras sucursales para atenderte y recibir tus ahorros con la seguridad y el respaldo del BNA, en el marco de la nueva ley de inocencia fiscal”. Poco después fue eliminado, debido a que aún no había sido publicada la regulación en el Boletín Oficial y, por lo tanto, la norma sancionada seguía sin tener vigencia. Desde la institución explicaron que se debió a un error interno y que hasta el momento sólo recibían consultas de los interesados, pero no los fondos.
Desde el sector financiero resulta común el deseo de no confrontar. Nadie quiere polemizar con el ministro. De todos modos, varias fuentes aclararon a PERFIL que van a pedir más detalles al Banco Central (BCRA). “Así como está no cierra que exijan que no se pida ningún papel. Hay mil regulaciones”, señalaron desde una importante institución de la City. “Es como cuando Caputo hace unos meses dijo que las transferencias de menos de US$ 50 mil no se iban a investigar o a pedir justificación. Pero después viene el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y te lo pide”, recordaron.
“Es más de lo mismo. Se entiende la necesidad, mas no las formas”, aclararon desde otra de las entidades con mayor presencia. “Nosotros cumplimos las normas del BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV). Nadie te va a rechazar un depósito en dólares, pero la normativa vigente dice que tienen que ser coherentes con tus ingresos”, explicitaron.
Desde la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) iniciaron gestiones ante las diferentes instancias regulatorias para generar dialogo interinstitucional que coordine la implementación de la norma. “La nueva legislación introduce modificaciones estructurales en el régimen penal tributario, afectando los parámetros de cumplimiento y los procesos de control vigentes”, comentaron. Por ese motivo, solicitó formalmente la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que integre al Central, la UIF y la ARCA. Buscan alinear criterios interpretativos de la ley, definir lineamientos y garantizar la seguridad jurídica para mitigar riesgos operativos.
Una ley impulsada por dos ex libertarios. El anuncio del proyecto de ley de principio de inocencia fiscal había sido realizado hace siete meses por el ex titular del ARCA (exAFIP), Juan Pazo, y quien presidía la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara da Diputados, José Luis Espert. La presencia del segundo buscó más que nada instalar al principal candidato libertario en las elecciones nacionales.
Como si esa conferencia de prensa del 5 de junio en Casa Rosada hubiera estado embrujada, poco después los dos funcionarios fueron expulsados de sus cargos. Pazo abandonó el organismo recaudador el 15 de diciembre, antes de la sanción de la ley.
Espert fue retirado de la lista de La Libertad Avanza y de su rol protagónico en el parlamento después de que PERFIL reveló que la Justicia de Estados Unidos investiga su vínculo con el narcotráfico a través de Federico “Fred” Machado, ahora extraditado al país del norte.
