El 2026 es, para el gobierno de Javier Milei, algo más que un “tercer año” de gestión. Sin la herencia o el riesgo electoral como excusas, la estabilización debería dejar de ser una promesa para convertirse en un cambio de régimen con rasgos de consolidación. La diferencia no es semántica. Estabilizar puede ser –y a veces es– una serie de fases, un ancla nominal, un ajuste fiscal, una desinflación. Un cambio de régimen, en cambio, requiere dejar atrás las fases con reglas que sobreviven a los sobresaltos, a la política y al calendario.
El Gobierno llega a este tramo con activos que, en otros intentos de ordenamiento, faltaron. Conserva respaldo popular y, al menos por ahora, un margen de maniobra político razonable y cuenta con un apoyo externo (del Tesoro norteamericano) inédito. Sin embargo, persiste una duda que explica por qué, aun con logros visibles, el mercado se resiste a “comprar” la historia completa: la sustentabilidad requiere dólares propios en el BCRA, leyes y consistencia intertemporal. Y esas tres cosas todavía están en construcción.
Todo parece indicar que el primer test del año será sorteado: ya están los dólares para pagar el vencimiento de deuda soberana de US$ 4.200 millones de la semana que viene. Pero 2026 concentra vencimientos externos relevantes y ahí aparece otro de los desafíos recurrentes del año: el acceso al financiamiento. En diciembre, el Gobierno anunció su retorno al mercado voluntario con un bono en dólares (vencimiento 2029, ley local) como parte de una estrategia para evitar que los pagos de enero muerdan reservas. Pero el resultado no dio para festejar (insuficiente y caro). Para completar el monto del vencimiento recurrió a la creatividad (ingeniería financiera) del equipo económico. Se logró el objetivo, pero de nuevo la sensación es que todavía no hay suficiente credibilidad. Y no se puede estar todo el año pendiente de que el equipo saque algún conejo de su galera.
El tercer test será político-legislativo y su primer desafío asoma rápido: la reforma laboral. Pero deberían seguir otras (la de sostenibilidad fiscal y monetaria, la tributaria, la de las relaciones fiscales federales, la educativa, la previsional). La economía argentina puede desinflar sin reformas por un tiempo; lo que no puede es crecer sostenidamente sin ellas. El problema es que, si las reformas se frenan o se diluyen, el “cambio de régimen” se vuelve un relato: suena bien, pero no ancla expectativas. Y sin expectativas ancladas, todo programa termina recurriendo al atajo de siempre: controles, parches o algún tipo de gradualismo disfrazado.
En estos días se oficializó un nuevo esquema de subsidios energéticos, con foco y transiciones durante 2026 que, por definición, reordenan ganadores y perdedores. La puesta en marcha del esquema es clave para que el superávit primario no de-saparezca. En Argentina, los ajustes fiscales suelen fallar no por su lógica, sino por su economía política: cuando el costo se vuelve visible en la clase media, la tolerancia se pone a prueba. La “fatiga social” no necesariamente estalla; a veces solo erosiona, progresivamente, la capacidad del Gobierno de sostener el rumbo.
Y todavía queda el núcleo duro: el frente cambiario y la acumulación de reservas. El Banco Central y el equipo económico insisten en que 2026 debería ser el año de fortalecer reservas y recuperar el puente hacia el financiamiento. Pero aquí es donde conviven, al mismo tiempo, la ambición y el riesgo. Si el esquema cambiario funciona, si el ritmo de compras acompaña y si el tipo de cambio real no queda sistemáticamente desalineado, el programa gana densidad. Si, por el contrario, predomina la tentación de “aguantar” con un gradualismo cambiario que priorice la nominalidad por sobre los fundamentos, el mercado vuelve a hacer lo que siempre hace: esperar el próximo evento de estrés.
Arranca un año en el que Milei tiene la oportunidad –y la obligación– de probar que lo logrado no fue un equilibrio transitorio sostenido por ajuste y narrativa, sino el inicio de un régimen consistente: uno que asegura tasas de inflación homologables, que acumula dólares sin rifar competitividad ni credibilidad, que legisla reformas sin quedar rehén de la coyuntura y que incentiva la inversión y el crecimiento. La conclusión, por ahora, no puede ser más que tentativa. Tal vez 2026 sea el año en que el Gobierno empiece a despejar la duda de fondo. Tal vez no. Pero si algo es seguro es que el margen para que la estabilidad sea un ejercicio de administración de riesgos inquietante y agotador –sin reformas, sin reservas y sin acceso al crédito– se vuelve cada vez más estrecho.
* Economista de la consultora Perspectiv@s
