Baltazar logró matricularse como gasista profesional estudiando en el turno noche del Centro de Formación Profesional 404 de Avellaneda. “Fue en 2022. Trabajaba todo el día para poder estudiar de noche, con mis 40 años me generaba cansancio, pero lo pude terminar gracias al profesor que me tocó, José, y a los directivos”, comentó a PERFIL. “Yo ya era gasista, pero nunca había podido matricularme. A partir de ese momento mi situación laboral cambió, me abrió muchísimas puertas”, agregó. “Me hice un muy buen amigo, Pablo, que también se matriculó. Con él pudimos comprarnos nuestra propia máquina para hacer cañería de gas”. Ahora trabaja para la administración de 78 edificios. El suyo es uno de los tantos casos de alumnos de instituciones de Educación Técnica que mejoraron su situación laboral –o encontraron una salida– a través de la capacitación.
El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional –creado por ley en 2005 y eliminado como parte del Presupuesto 2026 aprobado en el Congreso– ejecutó, durante el año pasado, $ 37 mil millones destinados a la compra de insumos y mantenimiento de equipos de escuelas secundarias técnicas, instituciones de educación superior (no universitarias) y de formación profesional. Al total de establecimientos que existen en el país (3.868, según el último reporte del Ministerio de Capital Humano) asisten más de 1,4 millones de alumnos.
Los datos oficiales (los últimos, de 2024) indican que, de ese total, 773.291 son estudiantes de escuelas técnicas. “Un tercio de los egresados se encontraban trabajando y estudiando a ocho años de concluir el secundario; mientras que entre los egresados de secundario en general esta condición comprendía a menos de un quinto”, concluye un análisis que durante algunos años se dedicó a hacer el Instituto Nacional de Educación Tecnológica a través de su Sistema de Seguimiento de Estudiantes y Graduados. “Al cabo de ocho años, prácticamente la totalidad de los estudiantes (93,5%) han alcanzado el título de secundario técnico partiendo de un valor bastante inferior (59,8%) al momento inmediato de terminar el cursado”, destaca también el documento, que concluye que los egresados “exhiben una mayor articulación entre la actividad laboral y el estudio que el conjunto de los egresados de secundario de la misma generación”.
Tanto la matrícula como la cantidad de instituciones crecieron: entre 2005, año de la promulgación de la ley, la cantidad de alumnos pasó de los 487 mil a los 773 mil actuales, lo que representa un aumento del 58,7%. Y, en los últimos diez años, la oferta también se incrementó: las escuelas pasaron de 1.599 a 1.735. Entre ellas, 1.529 son públicas y 206 privadas, 527 tienen orientación agropecuaria, 1.050 industrial y 153 en servicios.
La eliminación del Fondo Nacional (que estipulaba una inversión no menor al 0,2% de los ingresos corrientes del Presupuesto) afectaría directamente a este universo de alumnos e instituciones. Según explicaba el artículo 52 que lo creaba, entre sus recursos se podían incorporar aportes de personas físicas y jurídicas y de fuentes de financiamiento nacional e internacional, que estarían destinados a la compra de equipamiento, mantenimiento de equipos, insumos de operación, desarrollo de proyectos institucionales y mejoramiento de las condiciones edilicias. En 2025, como se mencionó más arriba, se ejecutaron $ 37 mil millones para ese fin. Este monto, según un comunicado de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) es el 10,8% de lo que establecía la ley. El presupuesto viene cayendo de manera sostenida: la ejecución fue del 50,5% de lo que debía ser en 2023 y del 9,4% en 2024.
“Ese Fondo nos permitía comprar herramientas, insumos y maquinarias. Los chicos de una Escuela Técnica que hacen carpintería o tornería necesitan limas metálicas que duran menos de un mes y necesitan mínimo cien. ¿Cómo las compran?”, se cuestionó en diálogo con este medio María Eugenia Gil, directora del establecimiento al que asistió Baltazar. “Esto será un desastre inminente. Hay un plan muy consciente, muy siniestro, de eliminar lo más que se pueda el conocimiento, los saberes, los oficios y la industria argentina”, opinó.
“El impacto de esta eliminación es directo, va directamente a la escuela”, explicó a este medio Carlos Rojas, exdirector de una secundaria de educación técnica y miembro de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTEP). El 6% del PBI que por ley también estaba obligado el Ejecutivo a invertir en educación fue derogado como parte del Presupuesto. “Las consecuencias se van a ver pronto, cuando las provincias se tengan que hacer cargo de los insumos”. También es cierto, agregó, que ese 6% “solamente se cumplió en 2015”. El problema ahora, asegura, es que no tendrán la garantía de una ley para poder reclamarlo.
En el caso específico del Fondo detalló que su eliminación impactará en la compra de reactivos, materiales, renovación de equipos, repuestos, manuales e insumos químicos. “Todo lo que se necesita en un proceso de formación”, sintetizó.
“Con este Fondo se gestionaba, por ejemplo, la actualización de computadoras con programas específicos para cada escuela”, aseguró por su parte Carlos Peralta, también docente y miembro de UTEP. “Se podía incluir una línea para contratar especialistas tutores o idóneos en proyectos especiales técnicos. También cubrir gastos para viajes de estudios”, remarcó. “Es un retroceso de 30 años y su objetivo es la desindustrialización, generar menos puestos de trabajo y menos calidad educativa”, opinó.
Argentinos por la Educación, en uno de sus informes sobre la enseñanza técnica, destacó que los alumnos de estos establecimientos obtienen mejores resultados en las pruebas Aprender: “el 40,4% de los estudiantes del último año de secundarias técnicas alcanzaron los niveles satisfactorio o avanzado en Matemática, mientras que en las secundarias comunes la cifra desciende al 29,6%”. En Lengua “el 63,9% de los estudiantes de esta modalidad alcanzan los niveles satisfactorio o avanzado, por encima del 62,3% de los alumnos de secundaria común”.
