El Gobierno nacional avanzó este jueves con una nueva depuración del sistema de medicina privada y dio de baja a otras 13 empresas de medicina prepaga, según un edicto publicado en el Boletín Oficial. Con esta decisión, ya son 36 las firmas excluidas del registro oficial en lo que va de 2026 y casi 150 desde el inicio del proceso de revisión, a comienzos de 2025.
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La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud, que informó a los usuarios que “se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el registro de financiadores” de estas compañías. Se trata, en todos los casos, de entidades que figuraban formalmente habilitadas, pero que no registraban actividad efectiva.
De acuerdo con el texto oficial, las auditorías realizadas por el organismo detectaron que estas empresas no contaban con afiliados ni prestaban servicios de salud, pese a mantener su inscripción vigente. Esa situación motivó el inicio del trámite administrativo para su exclusión definitiva del sistema.
Las firmas alcanzadas por esta nueva resolución son Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).
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Esta decisión se suma a la adoptada hace menos de dos semanas, cuando el Gobierno había dado de baja a otras 23 prestadoras, también señaladas como inactivas. En ese grupo se encontraban, entre otras, Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A., el Instituto Médico Asistencial IMA, Austral Organización Médica Integral S.A. y diversas mutuales y cooperativas que ya no operaban en el mercado.
Desde la Superintendencia explicaron que la depuración del registro busca ordenar el sistema, brindar mayor transparencia y garantizar que las entidades habilitadas cumplan efectivamente con las prestaciones que exige la normativa vigente. Según remarcaron, mantener empresas sin actividad en el padrón oficial genera confusión entre los usuarios y distorsiona los controles sobre el sector.
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El proceso de revisión comenzó en 2025, cuando la gestión del presidente Javier Milei avanzó con una auditoría integral sobre el registro de financiadores de la salud. Ese año, 112 prepagas fueron excluidas tras comprobarse que no funcionaban o presentaban irregularidades administrativas.
Con las bajas dispuestas en lo que va de 2026, el total de entidades depuradas asciende a casi 150. Desde el Gobierno anticiparon que el relevamiento continuará y no descartan nuevas exclusiones en los próximos meses, en el marco de una política orientada a reducir estructuras formales sin actividad real dentro del sistema de salud privada.
Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los afiliados verificar siempre que su prepaga u obra social se encuentre debidamente habilitada y en funcionamiento, información que puede consultarse a través de los canales oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud.
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