Pese a las críticas que despertó el megaproyecto de exportación de cerdos a China por parte de ambientalistas, el Gobierno está decidido a avanzar en la firma del memorándum con Pekín en agosto. Entienden que el impacto socioambiental está controlado a la vez que lo describen como una de las mayores inversiones extranjeras posibles, en el marco de la pandemia, capaz de generar hasta 9.500 puestos de trabajo a nivel federal.
Al momento, el texto del Memorándum de Entendimiento se encuentra bajo análisis del Ministerio de Agricultura de la República Popular China. En la Rosada, esperan concretar su firma virtual en las próximas semanas y avanzar en la coordinación de un primer encuentro presencial entre empresarios y autoridades en el marco de la Exposición Internacional de Importación en Shangai (CIIE) de confirmarse su realización. Planean viajar con una nutrida comitiva encabezada incluso por el propio presidente Alberto Fernández.
Acorde a un documento interno de la Cancillería al que accedió PERFIL, que analiza el impacto socioeconómico de las 25 unidades productivas proyectadas, la inversión total se calcula en 3.796.423.000 dólares, a razón de 151 millones por cada granja porcina. La producción esperada alcanzaría las 882 mil toneladas, duplicando la actual, y sumaría unos 2.500 millones de dólares en exportaciones anuales. Los posibles socios locales, pronostica el texto, tendrían una tasa de retorno para sus inversiones del 21,3% y siete años de plazo de repago de la inversión.
El origen de este acuerdo se remonta a octubre de 2019, en el ocaso de la gestión de Juntos por el Cambio, cuando se cerró un primer marco de cooperación intitucional entre la Asociación China para la Promoción del Desarrollo Industrial y la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) para avanzar en comercio bilateral e inversiones recíprocas. Luego fue Laboratorios Bagó, con intereses en la nación asiática y desarrollo de vacunas antiaftosa, quienes acercaron al gobierno de Fernández la inquietud de Pekín, a partir de la merma por la peste porcina africana.
Para el Gobierno es una oportunidad de redireccionar inversiones en desarrollo económico hacia las provincias a tono con la idea de generar trabajo genuino fuera de lo grandes centros urbanos. En esencia, es una apuesta inicial a que los grandes actores ya establecidos en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se asocien con los inversores chinos. Las pymes solo podrían entrar en una etapa posterior.
Hoy, la Región Centro nuclea casi el 70% del stock porcino en la Argentina en esas provincias y el 90% de la primera y segunda industrialización. De allí las varias reuniones, que tanto el canciller Felipe Solá como el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, mantienen desde hace meses con productores de esta zona.
Luego de que trascendiera el acuerdo en marcha con China, referentes ambientalistas se pronunciaron en contra de esta posibilidad. Mediante posteos en redes, colectivos como Jóvenes por el Clima Argentina o la periodista Soledad Barruti, autora de investigaciones sobre producción sustentable, denunciaron el hacinamiento en las granjas de producción porcina china y la generación de virus con potencial pandémico.
Desde el Gobierno, donde la Cancillería, Agricultura y Desarrollo Productivo trabajan para cerrar el acuerdo, circularon una síntesis que aclara varios aspectos del memorándum. Entre otras cuestiones, desmiente que la base genética para la exportación se constituya a partir de animales chinos, destaca las condiciones sanitarias locales y hace foco en la abundante disponibilidad de granos para alimentarlos. Al tiempo que fuentes involucradas insisten en que se realizará bajo los estándares locales y las inspecciones correspondientes.
