Tras las reformas aprobadas en el Congreso, después de un diciembre complicado y caliente en materia social, el Gobierno comenzó analizar los lineamientos de algunas medidas adicionales que se podrían adoptar en el transcurso de los primeros meses de 2018 y que implicarían asegurar un “sobrecumplimiento” de las metas fiscales establecidas para el año.
La meta de desequilibrio de las cuentas públicas fijadas para el año 2018 se ubica en 3,2% del Producto Bruto Interno (PBI), pero como en 2017 se logró un mejor cumplimiento, el equipo de Hacienda apunta sus esfuerzo a poder repetir ese balance con mejor nota para el próximo año.
“La idea es tener mejor hechos los deberes en materia fiscal, lo cual nos permitirá bajar más la inflación, generar más confianza y apuntalar las posibilidades de crecimiento de la inversión”, destacó un funcionario de Hacienda consultado por PERFIL. De allí es que si bien la meta para el próximo año es un déficit de 3,2%, el objetivo del sobrecumplimiento sería un desequilibrio que se ubique como máximo en 3,0% del PBI.
En número concretos ese sobrecumplimiento implicarían una cifra en todo el año que oscilaría entre 1.700 y 2.200 millones de dólares. El punto central de ese objetivo es que se están analizando algunos recortes adicionales a lo que ya se empezó a implementar. En el gabinete económico resaltan que los ajustes adicionales “no abarcan contratos de trabajo, aunque sí podría haber reacomodamiento de personal y mayores controles del rol y funciones que desempeñan”.
En 2017 el sobrecumplimiento fue del 0,1%, ya que según anticipó el propio ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el déficit fiscal de 2017 cerrará en 4,1% del PBI, frente al 4,2% fijado como meta.
Fondo. Además de generar más margen para eventuales imprevistos que se puedan cubrir y mantener la meta, la necesidad de sobrecumplir acerca al Gobierno a lo que le están reclamando los organismos internacionales. En su informe del viernes, el directorio del Fondo Monetario Internacional consideró que la Argentina va por el camino correcto, pero ponderó que debería acelerar la reducción del déficit fiscal.
En eso está trabajando activamente el Ministerio de Modernización, pero a la vez los recortes adicionales de los gastos de la administración pública pasarán esencialmente por las partidas de bienes y servicios, y contrataciones de prestadores de servicios.
“Se busca promover un mayor ahorro en muchos gastos de consumo que tiene el Estado. Además, habrá recortes en los viáticos, en automóviles, en muchos gastos políticos como asesores que aún existen en diversas áreas”, puntualizaron en el gabinete económico.
Asuntos externos. Un sector también donde se está poniendo mucho el foco es en el servicio diplomático, un lugar donde el crecimiento de los gastos ha sido significativo en los últimos años y en el cual algunos funcionarios del Gobierno consideran excesivos los niveles de partidas presupuestarias que se llevan las embajadas.
“Allí hay mucho para poder ahorrar”, afirmó el mismo funcionario del gabinete económico, aunque evitó hablar de cifras o porcentajes.
El rumor que circuló en los últimos días en el Gobierno era que se podría implementar un ahorro de por lo menos un 20% en los gastos generales que implican las embajadas y el servicio diplomático.
También se empezó a trabajar en lo que sería una aceleración de los bienes improductivos que posee el Estado no solo en la Argentina, sino en diversos lugares del exterior.
A modo de ejemplo, en Gobierno citaron que en Washington el Estado argentino posee una mansión que era la antigua residencia de la embajada y que ahora está en desuso, como así también, quizás algo realmente insólito, un predio en pleno Manhattan donde funciona un estacionamiento de autos. Se sabe también que hay varios inmuebles en situaciones similares en los países limítrofes.
