El visible enojo del bloque del Frente para la Victoria en torno al paquete anticrisis, que combina la moratoria impositiva y el blanqueo de capitales y podría ser una suerte de "amnistía" para casos de corrupción como Skanska y el Valijagate, obligó al Gobierno a abrir la puerta a posibles cambios, según afirmó hoy el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Randazzo manifestó que van a "corregir", si es necesario, el proyecto con nuevas medidas económicas que empezará a ser tratado mañana en el Congreso y subrayó que la iniciativa no tiene "ningún objetivo de beneficiar a aquellos que tengan causas penales" en la cuestión de repatriación de capitales, como tampoco "proteger la corrupción, como se dijo por ahí".
Lo concreto es que la medida generó una andanada de críticas no sólo de la oposición, sino también de parte de aliados coyunturales del kirchnerismo e incluso dentro del propio seno k. El diputado radical Oscar Aguad deslizó que dentro del oficialismo habría dificultades incluso para asegurar el quórum debido a las resistencias que el proyecto genera por estar “muy relacionado con el lavado de dinero que ha sido obtenido por actividades delictivas".
Claudio Lozano, de Proyecto Sur y un aliado eventual del Gobierno en la Cámara Bajo, ratificó que el perdón fiscal es un "premio a la fuga", mientras que Ariel Basteiro, otro voto afín al kirchnerismo, manifestó que deben quedar afuera de la condonación los grandes bancos y financieras, según enumera hoy el diario El Cronista Comercial.
Así las cosas, se divisa un duro debate que comenzará mañana desde las 16 en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Gustavo Marconato, y de Legislación del Trabajo, a cargo de Héctor Recalde, ambos del FPV, tras la cual el oficialismo realizará una reunión de bloque para discutir el proyecto y fijar una estrategia. La idea del kirchnerismo es emitir dictamen el jueves para poder considerarlo el 10 de diciembre, en el 25 aniversario del retorno a la democracia.
