El primer día de diciembre en el Boletín Oficial se publicó, entre otras cosas, la prórroga de los contratos de doce funcionarios de la Secretaría de Comunicación y Medios de Presidencia de la Nación. El segundo día aparecieron las designaciones de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad y del secretario de Seguridad Nacional, Martín Alejandro Ferlauto. El tercer día, otro puesto clave: el de Cristian Ezequiel Auguadra como secretario de Inteligencia de Estado. De acuerdo con el seguimiento y relevamiento que hizo PERFIL en base a las resoluciones y decretos de este mes, se publicaron las designaciones de más de noventa funcionarios y se prorrogó el contrato de más de 110.
En el conteo quedan afuera algunas resoluciones que hacen referencia a cargos que se ocuparon en 2024 y que fueron publicados recién en diciembre de 2025. Pero, así como aparecen nombramientos por 180 días en 2024 (que ya cumplieron su plazo) también figuran otros que están a cumplirse: es el caso, por ejemplo, de Mabel Sonia Judith Del Papa Ferraro, que estará a cargo de la coordinación de Asuntos Registrales de la Dirección de Dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad a partir del 3 de febrero de 2025. En esta norma se autoriza a que cumpla su mandato con “excepción del artículo 14” del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial que indica –como ya varias veces se explicó en este medio– cuáles son los requisitos mínimos que un funcionario debería cumplir. A saber: experiencia laboral acreditada en el área, un título universitario, o especialización profesional en ese campo.
Durante todos los días hábiles del último mes del año apareció en el Boletín alguna prórroga o designación. El 31 se dio por extendida la función, por ejemplo, de Diego Hernán Genovese como supervisor de la Auditoría Contable de la Auditoría Adjunta General de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría General de la Presidencia que dirige Karina Milei. El funcionario también está exceptuado del artículo 14 por no reunir, según la misma norma explica, “los requisitos mínimos establecidos” en ese Convenio.
Desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025, según el informe de Dotación de personal elaborado por el Indec, se perdieron 61.569 puestos de trabajo en la administración centralizada y descentralizada del Estado: pasaron de los 343.354 a los 281.785, lo que representa una reducción del 18%. En el último mes registrado (entre octubre y noviembre de 2025) se redujo en 785 puestos más.
En el último año (noviembre de 2024 a noviembre de 2025) se perdieron 22.322 empleos públicos: un 7,3% interanual. Los de la administración centralizada pasaron de 43.691 a 39.011, los de la administración descentralizada de 125.067 a 116.571 y los de empresas y sociedades del Estado de 97.153 a 89.566.
En el informe del Indec resaltan que si bien la Secretaría de Presidencia registra una variación negativa importante en su plantel (-6,2%) esto se entiende porque, mediante el Decreto 793/25, la Secretaría de Comunicación y Prensa pasó a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
