En los últimos treinta días hemos leído en los periódicos, seguido en las redes, escuchado en las radios y visto en los programas televisivos que todo lo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino es un despropósito, un manojo de acciones de gravedad, seguramente ilícitas, administrado por personas de enorme maldad y que, por una cosa o por la otra, merece el castigo judicial, que no tardará en llegar.
Hoy se tiene la sensación de que lo que se denuncia no requiere, en verdad, de ninguna intervención de la Justicia para confirmar el relato. Los investigados ya eran malas personas, las maniobras que se relatan son perjudiciales para la comunidad por propia definición del medio de comunicación, el hecho se encuentra absolutamente constatado, ese hecho además es claramente ilícito según las mismas notas periodísticas y solo queda entonces, salvo una escandalosa impunidad, que el juez confirme no solo que lo investigado debe ser castigado sino además que lo que dijeron los medios, nuevamente, fue un anticipo veraz.
Esto no es nuevo, pero se corresponde con un escenario que se renueva cada vez que desde sectores de poder se decide que alguien debe ser estigmatizado, perseguido, y castigado. La verdad es solo aquello que se relata originalmente en la primera nota periodística, y no requiere de ninguna confirmación o corrección ulterior.
El caso AFA realmente sorprende. Veamos.
La AFA no es un organismo estatal sino una asociación civil con personería jurídica e inscripta en la Inspección General de Justicia, y quienes la dirigen no están sometidos a las reglas de los funcionarios públicos.
La AFA recurre a empresas intermediarias y privadas para explotar sus activos: es la regla en el fútbol global. Lo hace la Conmebol a nivel regional y lo hacen otras federaciones –en Europa, Asia y África–. Las federaciones no cuentan con recursos propios para desarrollar internacionalmente derechos complejos. Y además la AFA avanzó hacia mayores márgenes de eficiencia en ese modelo.
La invocación irresponsable del derecho penal es un mecanismo que la política en general y los medios de mayor poder hegemónico saben utilizar para demonizar personas físicas o jurídicas. Pero ello no puede fundarse solo en cualquier vínculo entre una asociación deportiva y una empresa intermediaria encargada de la comercialización de derechos y/o de gestión logística. Esa simplificación es jurídicamente errónea.
Las referencias mediáticas a causas penales por lo menos llaman la atención. O nadie las ha leído o hay una mala intención informativa: de todos modos, como veremos, el sinsentido si es bien divulgado logra el objetivo de que algunas medidas judiciales aparezcan como dando la razón a los titulares.
En particular, los últimos días de sorpresivo castigo al empresario Javier Faroni, de varias décadas de inobjetable actuación en el mundo de la producción de espectáculos, no tienen ningún sustento judicial. Ninguno y de ningún tipo.
Faroni es un conocido empresario desde hace mucho tiempo. Por un breve lapso tuvo una actividad política que abandonó rápidamente para conectarse de modo absoluto con su rol comercial.
Él, en particular, desempeña una función privada de logística mediante la empresa TourProdEnter LLC. Se trata de una sociedad extranjera radicada en los EE.UU. que, de modo eficiente y absolutamente lícito, brinda una importante labor de logística que la AFA no podría cumplir sin ese auxilio esencial.
Esta sociedad está sometida a todos los sistemas de control fiscal, jurídico y comercial de cualquier persona jurídica en Estados Unidos.
Se trata de un agente comercial de AFA en el mundo.
En el desarrollo de la actividad ya referenciada, la empresa le rinde a la AFA los fondos que le corresponden; liquidaciones que se encuentra absolutamente respaldadas con el debido registro de cada una de las operaciones, en los libros comerciales y con un circuito de fondos absolutamente trazables.
Lo llamativo es que unos y otros se referencian, para el irracional castigo mediático a Javier Faroni, en un expediente judicial que se tramita en un juzgado federal de Lomas de Zamora. Ese expediente se inicia por una denuncia (en la que no hay una sola mención a Javier Faroni) en la cual se investiga una defraudación contra una anterior gestión de un club de fútbol por el supuesto no pago de un préstamo de una empresa privada (relación comercial en la que no ha tenido la más mínima intervención ni el empresario Faroni ni ninguna persona jurídica vinculada a él).
Aun así, la insistencia mediática logró algún objetivo menor: Javier Faroni, por 24 horas, fue impedido de viajar a unirse con su familia, su casa fue allanada por mas de 12 horas, él fue requisado y luego de todo esto el juez a cargo levantó la prohibición de salida del país. Pero el daño a su dignidad, a su familia y la estigmatización no se solucionan tan fácilmente. Por supuesto, ni Faroni ni su abogado sabemos qué cosa se le imputa. Faroni, en contra de algunas afirmaciones erróneas, no fue citado a declarar por ningún juez, sino solo fue citado a ser informado de sus derechos.
La descripción de pronósticos judiciales y el manipuleo de figuras jurídicas por parte de algunos periodistas son realmente nocivos.
La Argentina debe recuperar el camino de la seriedad institucional. Para el triángulo Poder Ejecutivo, sistema de justicia y medios ese regreso es urgente.
*Abogado (Cpacf: Tomo 47. Folio 769). Doctor en Derecho (UBA), Defensor de Javier Faroni.
