Las partes van a una colisión. Fuerte. Entre poderosos. Por un lado, Javier Milei y su gobierno, no tienen ninguna intención de avalar la compra de Telefónica por parte de Telecom. La visión que tiene el Presidente sobre la operación está hoy en la peor de las consideraciones; tanto en el aspecto económico como político. Y, si por él fuera, no aceptaría la adquisición. Por el lado del grupo Clarin y los vendedores españoles se trata de Cosa Juzgada y sin vuelta atrás. Y sólo restaría que el Gobierno tome esta realidad como algo definitivo y lo acepte.
En el medio, hoy es la fecha límite en la que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) debe tomar una decisión final sobre si autoriza o no, la compra de Telefónica Móviles Argentina (Movistar) por parte de Telecom Argentina, ya que vence la prórroga del decreto 448/2025 y el Ente queda así obligado a cerrar sus diagnósticos y tomar una determinación sobre la compra. Para bien o para mal. Y, por lo que se cree (y lo que ordenó Javier Milei), la tendencia del organismo es a rechazar la operación por problemas de defensa de la competencia y peligros de monopolios.
El problema es que para los españoles de Telefónica no hay marcha atrás. Los europeos ya recibieron el pago de unos US$ 1.245 millones, y ese dinero figura desde febrero del año pasado (cuando se consumó la compra, y consecuentemente el pago) dentro de los balances de activos de la empresa. Y no habrá marcha atrás con lo liquidado. Hacia delante, en todo caso, es responsabilidad de los compradores atender los requerimientos del gobierno argentino. Igualmente, Telefónica, para los libertarios, ya es parte del pasado. Todos los muchos, enormes, problemas que trajo la operación habrá que tratarlos de manera directa con Telecom. La empresa compradora que, para aclarar el panorama, tiene al Grupo Clarín como uno de los principales propietarios del paquete accionario con un 40%, pero no la mayoría, ya que se comparte cartel por porcentaje con la compañía Fintech, del mexicano David Martínez. Uno de los personajes más interesantes de la historia empresarial reciente de la Argentina, y que aparece en el escenario local desde el inicio del “juicio del siglo” entre el país y los fondos buitre que no aceptaron la reestructuración de la deuda planteada por Roberto Lavagna entre 2005 y 2006. Y que luego de reconvertirse en “buitre amigo” terminó como socio del Grupo Clarín en la compra de Telecom, y la autorización de operatoria en la telefonía celular. El otro 20% de las acciones es de cotización abierta. Sin embargo, el Gobierno no cree en atomizaciones y considera que todo es Clarín. Y que la batalla es con ellos. La ingeniería financiera fue realizada al mejor estilo primer mundo. Como hace muchos años no se veía en el mercado local. Fue una combinación de movimiento de miles de millones de dólares, armado de estructura de crédito, intervención de actores del primer mundo financiero mundial y un secretismo envidiable. Para comenzar, los agentes bancarios fueron el BBVA, Santander, ICBC y el Deutsche Bank. Entre todos, y bajo la garantía de la presencia de David Martínez y la gestión del vendedor español, de los 1.245 millones de dólares de la operación, casi el 90% proviene de apalancamiento financiero, un porcentaje poco habitual en este tipo de movimientos; donde en general, hay un importante aporte de capital propio. Más si el pago viene desde el mundo en desarrollo, como la Argentina. Sin embargo, el buen Veraz internacional del socio mexicano, la presencia del Grupo Clarín y su aceptable currículum y, fundamentalmente, las ganas de Telefónica de acelerar su salida del muy complicado mercado argentino, hicieron que las negociaciones se destrabaran rápido. Las conversaciones entre Telefónica y Telecom se dieron de manera directa desde mediados del año pasado, cuando desde Buenos Aires el Grupo Clarín y Fintech decidieron encarar la aventura. Se estima que los contactos directos comenzaron en junio 2024, y se aceleraron en el último trimestre de ese año, para cerrar sorpresivamente en febrero de ese año, la compra de la empresa. En este paso hay que tener una cuestión siempre sobre la mesa: Telefónica quería irse de América Latina en general y Argentina en particular, lo antes posible.
¿Por qué no hubo negociación con otros grupos para potenciar una competencia al mejor postor? Fue una condicionalidad de los compradores finales. La operación sería a todo o nada, poniéndose de acuerdo en un precio y cerrando la liquidación final con un giro de los millones de dólares correspondientes. Punto. Si desde Madrid se hubiera querido una negociación abierta, probablemente Telecom no hubiera participado. Y ante la comparación de los carteles del grupo comprador y el resto de los potenciales interesados (y la potencial billetera financiera de estos), se decidió avanzar con el principal competidor de Telefónica de Argentina. Con un detalle importante. Impuesto por el Grupo Clarín y el mexicano Martínez. Toda la negociación debería ser secreta. Blindada. No debería haber filtraciones de ningún tipo. Incluyendo la intervención del gobierno nacional.
La visión que tiene hoy el presidente Javier Milei está en la peor de las consideraciones
La protesta oficial sobre la compra fue pública, notoria y desde la emisión de un comunicado firmado por la Oficina del Presidente. En las oficinas de la Casa Rosada había otros empresarios y grupos en mente para que se hicieran cargo de Telefónica de Argentina. Concretamente los elegidos por los libertarios eran tres: el grupo Werthein, Eduardo Elsztain y el grupo Mindlin. De hecho, en uno de los casos, el nombre era más impulsado desde el Gobierno que desde el verdadero interés del privado. Sin embargo, al correr las horas la ansiedad oficial por el anuncio del cierre de las negociaciones entre Telefónica y Telecom comenzó a ceder y se tomaron una serie de decisiones cruzadas. La primera, dar por cerrada y confirmada la operación. Telefónica había vendido a Telecom su participación en la Argentina, y ya nada había para hacer. Caso cerrado. La segunda: plantearles a los compradores que se abre una etapa de negociación en la que, ahora sí, el Estado nacional estará presente. Y será la llave para que el desembarque llegue a buen puerto.
El oficialismo siempre puso sobre la mesa de análisis (y aprobación) la letra de la Ley de Defensa de la Competencia donde se establecen las “regulaciones para evitar la formación de monopolios y garantizar una competencia justa en los mercados”. Allí figura que “cualquier operación que implique una participación igual o superior al 25% del mercado relevante debe ser revisada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el organismo encargado de evaluar y dictaminar sobre la legalidad de la transacción”. Siguiendo la lógica presidencial, Telecom detentaría el 70% del mercado de las telecomunicaciones y el servicio de contenidos de cable, se estaría perforando la frontera del 25%. No es como ven las cosas desde Telecom desde el principio de la operación. Los compradores de Telefónica consideraron siempre que la competencia real no debe medirse dentro del mercado de telecomunicaciones estándar, sino tomar en cuenta el gran escenario que implica la apertura inevitable del espectro al servicio de internet satelital. Dicho de manera más directa, la irrupción en el mercado de Starlink, la empresa de Elon Musk, que hoy detenta el 100% de ese mercado. Pero también, como Telecom participa del mercado de market place digital y las billeteras digitales a través de Personal Pay, la apertura comparativa sería aún más amplia, ya que debería sumarse a la división porcentual a los bancos que operan la billetera de MODO y, obviamente, aMercado Libre-Mercado Pago, de Marcos Galeperin. Este sería para el tándem Clarín-Martínez (nunca hay que dejarlo afuera en estas acciones) el inmenso mercado donde debería considerarse la operación de compra de Telefónica, donde, obviamente ese 70% del que habla el Gobierno se diluiría en un nivel inferior al 25%.
Para la mirada oficial, esto no es así. Y quizá solo habría que tener en cuenta si es o no competencia la telefonía satelital con la que la empresa de Elon Musk quiere inundar el territorio argentino, con una inversión que permitiría llegar no solo a las ciudades, sino también, directamente, a los celulares.
En definitiva, nada que no se pudiera negociar. Y así lo entendieron desde el principio desde el lado de los compradores. Sin embargo, desde el oficialismo, siempre se consideró a la operación como “semiclandestina”, sin intervención oficial, algo que debería haber ocurrido ya que se trata de un servicio concesionado, y una demostración de abuso de poder y posición dominante del Grupo Clarin. Lo que abrió hacia delante una situación de conflicto en la relación entre el Ejecutivo y el grupo periodístico.
El 23 de marzo, el Gobierno habló desde la institucionalidad. “El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, tomó la decisión de dictar la suspensión de la operación, como “medida preventiva” basada en “la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado”.
Una curiosidad por cierto que esa oficina prácticamente desmantelada por los libertarios, en menos de un mes haya emitido dictamen. Sigue la comunicación rezando que “la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% para el mercado de telefonía móvil, 69% para la telefonía fija; y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país, la concentración podría llegar al 80%”.
Es verdad que Telecom detentaría más del 70% del mercado de las telecomunicaciones y el servicio de contenidos de cable, se estaría perforando la frontera del 25%. Telecom opina diferente. Entra así un nuevo actor en escena. Según los compradores de Telefónica, la irrupción en el mercado de Starlink, la empresa de Elon Musk, que hoy detenta casi el 100% de ese mercado de las telecomunicaciones satelitales (en el país y, salvo China, Rusia y ahora Canadá, del mundo), cambia la ecuación de las comunicaciones en el país. Y que es imposible pensar en el mercado de internet y la telefonía por celular, sin este nuevo y poderosísimo actor que cuenta con varios satélites personales. Además de una amistad manifiesta con el propio Javier Milei. Telecom le suma más argumentos a la defensa de su operación de compra de Telefónica. Habla de un futuro donde participa del mercado del market place digital y las billeteras digitales a través de Personal Pay, con la intención de hacer una gran inversión en este frente. Pero el Gobierno de Javier Milei no quiere dar por terminada la operación: habla de una suspensión temporal, hasta alcanzar un nuevo nivel de negociaciones.
Aquí Milei tuvo su idea. Algunas de las actividades que hoy ejecuta Telecom deberían ser vendidas. Las principales actividades de esa compañía son la telefonía fija, la celular, la televisión por cable, el servicio de internet, el contenido periodístico y los medios de comunicación. En la mira oficial están todas estas unidades de negocios. Algo que, obviamente, Telecom ni considera siquiera pensar.
Se trata de una historia con final abierto. Y que quizá exceda el actual mandato presidencial. Pero que a partir de hoy haya obligatoriamente novedades.
