Lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela no nació de la nada. No es un estallido imprevisible ni una tragedia inexplicable. Es el resultado de una secuencia prolongada de decisiones políticas que cerraron, una tras otra, todas las vías pacíficas para resolver el conflicto. En esa cadena de responsabilidades hay una que no admite ambigüedades: Nicolás Maduro es el principal responsable de haber empujado al país hacia una resolución violenta de la crisis.
"Nada de esto es deseable ni virtuoso. Es la consecuencia de haber cerrado todas las salidas y negado los apoyos cuando se pidieron"
Durante años se advirtió que gobernar desde la represión no producía obediencia duradera, sino acumulación de daño. Encarcelar líderes políticos, perseguir a defensores de derechos humanos, vaciar de sentido las elecciones y criminalizar la protesta no estabiliza: radicaliza. Aun así, el poder optó por clausurar el diálogo, destruir la mediación y convertir el miedo en política de Estado. Incluso detuvo e incomunicó –hasta hoy– al candidato presidencial de la izquierda independiente, Enrique Márquez. Cuando se cancelan todas las salidas institucionales, la violencia deja de ser una amenaza abstracta y se convierte en un desenlace probable.
Una discusión de fondo es quién tenía la legitimidad para responder, en términos equivalentes, a la violencia ejercida por el Estado. Muchos cuestionan que los venezolanos hayan delegado esa responsabilidad en un tercero, volátil y políticamente –y moralmente– cuestionable. Sin embargo, tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024 y el posterior terrorismo de Estado –en palabras de la CIDH–, la mayoría de la población perdió incluso la posibilidad de elegir a sus aliados. Quienes hubiéramos querido que nos acompañaran, simplemente nos dejaron solos.
Con notables excepciones, América Latina es corresponsable de este desenlace. Mientras el autoritarismo se consolidaba, la región prefirió el silencio, el cálculo diplomático o una neutralidad mal entendida. Se dejó a Venezuela aislada, sin una arquitectura regional robusta que defendiera la democracia y los derechos humanos. Ese vacío fue ocupado, inevitablemente, por Estados Unidos, que pasó a tener un protagonismo casi exclusivo.
Esta constatación no es teórica. Como defensor de derechos humanos participé durante años en una estrategia de “diplomacia ciudadana”, recorriendo la región para alertar sobre el deterioro institucional y represivo en Venezuela. Salvo gestos puntuales de empatía, predominó la solidaridad ideológica con el gobierno. Incluso organizaciones de derechos humanos intentaron explicarnos qué era lo que “realmente” ocurría en nuestro propio país.
"Con notables excepciones, se puede decir que gran parte de América Latina es corresponsable de este desenlace en Venezuela"
No fue sino hasta finales de 2017, con el éxodo de los “caminantes”, que algunos de nuestros propios pares dejaron de negar la realidad. La respuesta mutó a una frase cómoda y evasiva: “la situación venezolana es compleja”. Luego apostamos a la documentación rigurosa, a los informes internacionales de organismos como el Acnudh o la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU. Logramos una investigación histórica por crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), la primera en América Latina. Pensamos que la evidencia sería suficiente. Tampoco lo fue.
En 2024, pese a todo, los venezolanos participaron masivamente en elecciones con la esperanza de que la soberanía popular contaría, finalmente, con respaldo internacional e incluiría al universo progresista. Ese respaldo, salvo las palabras del presidente chileno Gabriel Boric, no llegó. Lula, quien podía girar el péndulo si hubiera tenido la voluntad política, terminó declarando que Maduro era un problema de los venezolanos. En ese contexto, muchos apostaron a Estados Unidos. No por fervor ideológico, sino por desesperación. Cuando toda organización interna es castigada, cuando la protesta se paga con cárcel y la política se vuelve un riesgo vital, la esperanza deja de buscarse dentro y se proyecta hacia fuera.
Hoy, quienes condenaron las protestas pacíficas masivas de 2014 y 2017 como “terroristas”, cuestionan que los venezolanos no se hayan hecho cargo de la violencia. Son los mismos que miraron hacia otro lado cuando una veintena de personas fueron asesinadas y más de dos mil detenidas durante las protestas contra el fraude.
De la presión militar al arresto de Maduro: cronología de la escalada de EE.UU. sobre Venezuela
Nada de esto es deseable ni virtuoso. Es la consecuencia de haber cerrado todas las salidas y negado los apoyos, cuando se pidieron descorazonadamente. Incluso en este escenario, lo que debe imponerse es la responsabilidad histórica: detener la represión, proteger la vida, liberar a los presos políticos y abrir un camino democrático real. Venezuela no necesita más violencia; necesita derechos, garantías y la posibilidad –todavía frágil– de reconstruirse sin miedo.
La gran pregunta es si el universo progresista seguirá eligiendo el “antiimperialismo” por encima de la democracia, el principismo abstracto por encima de la gente de carne y hueso. Por ahora, los venezolanos enfrentamos desafíos enormes y dolorosos, pero preferimos hacerlo sin Nicolás Maduro en el poder.
*Sociólogo y activista por los Derechos Humanos en Venezuela.
