La relación entre Estados Unidos y Venezuela entró en diciembre en su fase más peligrosa en décadas y terminó de romper todos los diques a comienzos este 3 de enero con el ataque sobre Caracas y el arresto de Nicolás Maduro. Lo que había comenzado como una combinación de presión económica, sanciones petroleras y disputas diplomáticas derivó, en apenas un mes, en operaciones militares en el Caribe, bloqueos aéreos y marítimos, incautaciones de petróleo y, finalmente, la activación de la causa judicial contra el mandatario chavista bajo cargos de narcoterrorismo.
La secuencia estuvo lejos de ser improvisada. Washington y Caracas recorrieron una escalera de escalada cuidadosamente construida, con el Caribe como escenario operativo, China como telón de fondo y la redefinición de la política hemisférica del gobierno trumpista como marco estratégico.
El punto de inflexión se produjo a mediados de diciembre, cuando la Casa Blanca endureció las sanciones contra el sector petrolero venezolano y anunció un bloqueo total a los buques sancionados que ingresaran o salieran del país. En paralelo, el gobierno estadounidense elevó el tono político: Trump calificó a la cúpula chavista como una "organización internacional terrorista", la inscribió formalmente en la categoría de narcoterrorismo y emitió órdenes de captura, siendo respaldado socios de la región, entre ellos el gobierno de Javier Milei.
De las sanciones a la militarización del conflicto
"Sería inteligente si Maduro eligiera dejar el poder. Si se hace el duro, será la última vez que lo haga", sostuvo Trump el 22 de diciembre. En ese momento, habían pasado apenas cinco días desde que comenzaron a circular rumores sobre una invasión militar de Venezuela, amplificados por el comentarista conservador Tucker Carlson, quien dijo que un escenario bélico entre ambos países era "inminente".
Aunque Venezuela no está vinculada al circuito del fentanilo que golpea a Estados Unidos, la etiqueta funcionó como paraguas discursivo para fusionar crimen transnacional, narcotráfico y seguridad nacional, que forman parte de la proclama del gobierno trumpista. En tanto, fue una narrativa que Washington utilizó para ampliar su margen de acción en el Caribe y que habilitó —política y jurídicamente— medidas que excedieron el esquema clásico de sanciones internacionales.
En ese contexto se produjeron bombardeos contra supuestas narcolanchas en aguas caribeñas, que Caracas denunció como "ejecuciones extrajudiciales" y violaciones al derecho internacional. El conflicto dejó así de limitarse a la presión económica y entró en una fase abiertamente militarizada, con reglas más difusas y mayores riesgos de error de cálculo. A tal nivel que el propio Maduro moderó su discurso "anti imperialista" y se mostró "simpático" en redes repitiendo frases como "No crazy war, yes peace forever" (No a la guerra loca, sí a la paz por siempre).
La incautación de petróleo y el mensaje a China
Horas después del anuncio del bloqueo naval a mediados de diciembre, Estados Unidos incautó un buque con cerca de dos millones de barriles de petróleo venezolano con destino a Asia. El golpe no fue solo económico: apuntó directamente al corazón del vínculo estratégico entre Caracas y Beijing, principal destino del crudo venezolano y actor clave para la supervivencia financiera del régimen chavista.
La respuesta de Maduro fue inmediata. Entre la noche del martes y el miércoles 17 de diciembre, la Armada venezolana comenzó a escoltar embarcaciones que zarpaban del transitado Puerto José con derivados de petróleo rumbo a mercados asiáticos, principalmente China. Según reconstruyó el New York Times, los buques no figuraban formalmente en la lista de sancionados, pero Washington seguía de cerca cada movimiento y evaluaba "varios cursos de acción".
Desde ese momento, el riesgo de un incidente naval o un enfrentamiento directo en el Caribe dejó de ser una hipótesis abstracta. Incluso voces del ecosistema mediático trumpista amplificaron la idea de que una intervención militar directa en territorio venezolano era inminente, contribuyendo a instalar un clima de expectativa bélica. "El régimen de Nicolás Maduro le quitó derechos petroleros a Estados Unidos y los queremos de vuelta", fue otra de las frases de Trump que más resonaron.
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A contrarreloj, la ofensiva diplomática de Maduro
Frente a ese escenario, Maduro activó una ofensiva diplomática de emergencia. El presidente venezolano habló por teléfono con el secretario general de la ONU, António Guterres, para alertar sobre la "escalada de amenazas" y sus implicancias para la paz regional. En paralelo, su canciller Iván Gil mantuvo contactos con su par chino Wang Yi y transmitió un mensaje directo a Xi Jinping, mientras Beijing expresaba su "solidaridad y apoyo firme" a la defensa de la soberanía venezolana.
También hubo gestos regionales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a evitar "un derramamiento de sangre", una señal de alarma frente a la posibilidad de una escalada fuera de control en el Caribe, incluyendo la posibilidad de una intervención militar directa de Estados Unidos.
Recién después de esos contactos, Caracas dio el salto institucional. A las 21.40 del miércoles 17 de diciembre, Venezuela denunció formalmente a Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU por una "agresión abierta y criminal" y pidió una reunión urgente del organismo. La jugada no apuntó a una condena inmediata —Washington tiene poder de veto— sino a internacionalizar el conflicto, ganar tiempo y elevar el costo político de cualquier acción directa.
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En los últimos días de diciembre, la tensión se trasladó también al plano aéreo. Movimientos militares estadounidenses en el Caribe, alertas de seguridad y ejercicios de vigilancia derivaron en cancelaciones y restricciones de vuelos, alimentando la percepción de un escenario prebélico. Para entonces, la posibilidad de una acción directa ya estaba instalada tanto en la agenda diplomática como en la opinión pública. El conflicto comenzaba a adquirir una lógica propia, con actores militares y judiciales ganando peso frente a los canales diplomáticos tradicionales.
3 de enero: arresto y judicialización del conflicto
El punto de llegada de esa escalada se produjo en la madrugada del 3 de enero, con el lanzamiento de la denominada Operación Resolución Absoluta. En una acción directa, fuerzas especiales estadounidenses bombardearon partes de Caracas y arrestaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mientras se encontraban en su residencia dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna. Ambos fueron posteriormente trasladados en avión a Nueva York.
La operación activó de manera efectiva el proceso judicial contra Maduro por cargos de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas. Se trata de causas abiertas desde hace años en tribunales estadounidenses, pero que hasta ahora no habían sido ejecutadas ni articuladas dentro de una estrategia más amplia de presión militar, diplomática y económica. La decisión marcó un quiebre histórico: Estados Unidos combinó sanciones, bloqueo, despliegue militar y judicialización directa contra un jefe de estado en funciones como parte de una misma arquitectura de poder regional.
El "corolario Trump" y el nuevo tablero hemisférico
La secuencia se inscribe en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada por el Departamento de Estado estadounidense el año pasado durante la conferencia del Comando Sur y definida en Washington como el "corolario Trump" de la doctrina Monroe —también llamada doctrina "Donroe"—. Migración, narcotráfico, crimen transnacional y la #injerencia de China# en la región aparecen allí como amenazas prioritarias, mientras que Iberoamérica vuelve a ser concebida como una zona de control estratégico.
La escalada, además, se produjo en un contexto político particular. Trump transita su segundo mandato y se mostró decidido a dejar su marca en la política hemisférica. En ese proceso, el secretario de Estado, Marco Rubio, emerge como uno de los principales arquitectos de la línea dura regional, en tensión con otros sectores del trumpismo —como el que encarna el vicepresidente J.D. Vance— que, desde el ala no intervencionista del MAGA, advierten sobre los costos de una escalada prolongada.
Tras la captura de Maduro, Trump afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela
A ese cuadro se sumó la negativa de Maduro a publicar las actas electorales tras las presidenciales de julio de 2024, un factor que reforzó la narrativa de ilegitimidad de su gobierno frente al reclamo opositor encabezado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
La transición en Venezuela, en tanto, será otro de los puntos donde Trump medirá su legado. Luego de que desestimara el liderazgo de Machado, designó a Rubio y al Secretario de Defensa Pete Hegseth, para supervisar el proceso en el terreno en medio de un clima de máxima incertidumbre con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
En tanto, Venezuela concentra todos los factores de interés estratégico para Estados Unidos: las mayores reservas de petróleo del mundo, flujos migratorios masivos, vínculos con redes de crimen transnacional y una creciente dependencia de China y Rusia. En ese sentido, la presión sobre Caracas funcionó no solo como una ofensiva puntual, sino también como un mensaje en el marco de la redefinición del orden global.
