El mundo atraviesa una etapa marcada por la inseguridad, la incertidumbre y la inestabilidad. A la fragmentación del orden internacional se le suma una creciente desigualdad social que profundiza tensiones económicas, políticas y el desplazamiento forzado de personas a escala global. En este escenario, el uso de la fuerza y la coerción vuelve a ocupar un lugar central en la política internacional, desplazando al diálogo, la negociación y el multilateralismo.
América Latina y el Caribe no están al margen de esta dinámica. Por el contrario, reaparecen como un espacio de disputa en un contexto de transición del poder mundial. Lo que ocurre hoy en Venezuela, país que posee la mayor reserva probada de petróleo del planeta, debe leerse en esta clave más amplia. Forma parte de una lógica de intervención que la región conoce desde hace más de un siglo y medio. Ello no implica desconocer sus tensiones internas, los déficits institucionales, las denuncias por la violación a los derechos humanos, la debilidad en la división de poderes ni las dudas en torno a la transparencia de los últimos procesos electorales, cuestiones que merecen un abordaje propio y soberano.
Sin embargo, la historia latinoamericana está atravesada por episodios de injerencia externa que, bajo distintos argumentos, buscaron condicionar las decisiones políticas de los Estados. Cambian los discursos, pero persiste una misma matriz: alinear los procesos políticos con determinados intereses estratégicos y, cuando ello no ocurre, recurrir a la presión diplomática o mediática, el aislamiento, el bloqueo económico o el uso directo de la fuerza, y a esto hoy se suman las redes sociales. La justificación de estas prácticas suele apoyarse en razones ambiguas y, en muchos casos, abiertamente esquivas al derecho internacional.
La reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo explicita con claridad. Allí se describe un mundo más peligroso y competitivo, se jerarquiza el uso integral del poder nacional y se identifica al Hemisferio Occidental como un área de interés vital. En ese marco, la estabilidad regional es concebida como sinónimo de alineamiento político y estratégico, reduciendo de manera significativa los márgenes de autonomía de los Estados.
Venezuela se convierte así en un caso testigo y en una señal de advertencia para la región y para el sistema internacional, pero particularmente para la República Popular China, que se ha constituido en un inversor estratégico y en un socio comercial clave para la mayoría de los países latinoamericanos, y que es identificada por Washington como el único actor con capacidad real de disputar su liderazgo global, que hoy parece estar en declive.
En este contexto, el disciplinamiento político, la demostración de fuerza y la advertencia preventiva forman parte de una estrategia más amplia que excede largamente a un solo país. Las consecuencias de este tipo de políticas son conocidas: mayor dependencia externa, deterioro institucional y profundización del sufrimiento social. Lejos de aportar soluciones, el intervencionismo tiende a agravar los conflictos y a clausurar salidas políticas legítimas.
Frente a un mundo cada vez más inseguro e inequitativo, la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la paz vuelve a ser una condición indispensable para pensar un futuro regional con mayor justicia y estabilidad. Hasta el 3 de enero, América Latina se reconocía como una región libre de conflictos armados entre Estados. La pregunta que se abre es inevitable: ¿qué será del porvenir latinoamericano?
Lo cierto es que lo que hoy sucede en Venezuela abre más interrogantes que certezas.
*Director del Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte, Universidad Nacional de Lanús. Exsecretario de asuntos internacionales para la defensa (2019-2023).
