ECONOMIA
opinión

Europa: el regreso del “impuesto verde”, pero continental

De manera lenta pero segura, los pedidos de un impuesto sobre el patrimonio para financiar la transición verde están volviendo a crecer en Europa, y una serie de iniciativas de diferentes movimientos políticos colocó una vez más el tema en la agenda política del continente.

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Impuesto verde. | unsplash

En un informe parlamentario francés de setiembre, Jean-Paul Mattei, del grupo MoDem, parte de la mayoría gobernante del presidente Emmanuel Macron, habló favorablemente de un impuesto de este tipo para financiar la transición ecológica. A principios del verano boreal, los eurodiputados socialdemócratas Aurore Lalucq y Paul Magnette presentaron a la Comisión Europea una solicitud para una “iniciativa ciudadana europea” sobre el tema. Si reúne un millón de firmas en al menos siete países en un año, podría conducir a la redacción de una directiva europea que introduzca un “impuesto sobre el patrimonio ecológico y social” dirigido al 1% de los hogares más ricos.

Por su parte, un estudio encargado por el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo y realizado por la ONG Tax Justice Network analizó los impactos potenciales de una iniciativa de este tipo. Y descubrió que un impuesto europeo sobre el 0,5% de los hogares más ricos generaría 213.000 millones de euros al año, una cifra para nada insignificante.

Este movimiento es aún más notable si se tiene en cuenta la virtual desaparición de los impuestos sobre el patrimonio dentro de los estados miembros de la UE. En 2023, sólo España todavía tiene uno, con un umbral de 700.000 euros y tarifas que varían de una comunidad autónoma a otra. Si bien parece poco probable que se restablezca un impuesto de este tipo a nivel nacional en Francia y Alemania, el debate parece muy diferente a nivel europeo cuando se trata de cuestiones climáticas.

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Terminado en Francia, suspendido en Alemania 

Una de las primeras medidas del presidente francés Emmanuel Macron fue la abolición del impuesto de solidaridad sobre la fortuna (ISF), un “impuesto de solidaridad” sobre la riqueza promulgado en 1981 por el gobierno de François Mitterrand. Para tapar el agujero presupuestario, Macron lo reemplazó con un impuesto sobre la riqueza inmobiliaria, el IFI. A pesar del nuevo impuesto, el cambio redujo considerablemente los ingresos: el ISF aportó 4.000 millones de euros a las arcas públicas en 2017, el IFI solo 2.350 millones de euros en 2022.  

En Alemania, el impuesto sobre el patrimonio sigue formando parte de la Grundgesetz, la ley fundamental que funciona como la constitución del país, aunque no se recauda desde el 22 de junio de 1995, cuando el Tribunal Constitucional Federal dictaminó que no respetaba el principio de igualdad ante el impuesto: la propiedad se evaluó sobre la base de los valores de propiedad de 1964, mientras que los activos financieros se evaluaron a su valor de mercado. Como la propiedad estaba gravada con menos impuestos que los activos financieros, el tribunal pidió al gobierno de Helmut Kohl que revisara los valores de las propiedades en los que se basaba el impuesto sobre el patrimonio. Como el gobierno de Kohl decidió no hacerlo, el impuesto fue automáticamente suspendido –aunque no abolido– el 1 de enero de 1997.

Un regreso improbable al nivel nacional

En los dos países a menudo descritos como los “motores de Europa” surgió con frecuencia la cuestión de un retorno de los impuestos al capital. En Alemania, todos los partidos de izquierda lo incluyen en su manifiesto en cada elección legislativa, pero, a excepción de Die Linke, ninguno está tomando medidas. Entrevistas con parlamentarios del SPD y del Partido Verde entre 2010 y 2016 nos mostraron que la defensa del impuesto sobre el patrimonio es solo una fachada. Su objetivo principal parece ser obtener apoyo electoral y sindical en lugar de ser incluido en los diversos contratos de coalición negociados a lo largo de los años. 

Por ejemplo, en 2021 el SPD y el Partido Verde unieron fuerzas con el Partido Liberal (FDP, de derecha) para formar un nuevo gobierno. Si bien estaban en una posición fuerte para reintroducir un impuesto a los más ricos de la sociedad, incluso a través de una medida temporal, la posibilidad fue rápidamente descartada, sin sorpresas. 

Macron rechazó sistemáticamente varias estrategias para reintroducir el impuesto sobre el patrimonio en Francia, y el ministro de Economía, Bruno Le Maire, dijo que recrearlo “no es la solución”.

Esta situación se debe en gran medida a cómo los opositores a un impuesto a la riqueza replantearon los debates. Aunque originalmente se concibió como una medida de solidaridad en Francia y como un recurso presupuestario para los Länder en Alemania, sus opositores lograron enfatizar sus supuestos efectos sobre las empresas y los negocios. Y, aunque los activos comerciales estaban excluidos de la base imponible, la tasa fue denunciada como un impuesto corporativo encubierto. El argumento era que el ISF conduciría al exilio de los más ricos en un contexto de competencia fiscal entre estados, fuga de capitales y, por tanto, pérdida de empleos.

¿Una solución europea? 

Atrapados en este punto muerto, los defensores de un impuesto a la riqueza llevaron la batalla al nivel de la UE y la vincularon a una nueva cuestión: el medio ambiente. Un análisis de los archivos parlamentarios del período 2010-2016 muestra que ningún partido en Francia o Alemania, incluidos los ecologistas, utilizó este marco político. Por lo tanto, la cuestión de reducir las desigualdades sociales y económicas mediante la tributación abrió paso a una cuestión potencialmente más consensuada que probablemente atraerá un apoyo más amplio. Una estrategia similar ya se observó en el caso de otras políticas públicas, como la reforma del código laboral en Portugal.

Al pasar al nivel europeo, los partidarios de un impuesto a la riqueza pueden eludir las críticas de que las empresas de cada nación están siendo debilitadas en la competencia económica continental. Sin duda, es esta dimensión la que llevó al Ministerio de Economía de Francia a mantener abierta la posibilidad de un impuesto europeo sobre el patrimonio. Si la Iniciativa Ciudadana Europea alcanza el número requerido de firmas, podrá permitir a los partidarios del impuesto sobre el patrimonio movilizar a la opinión pública europea. 

En muchos países, incluido Alemania, la opinión pública parece estar a favor de tal medida. Si bien todavía queda un largo camino por recorrer para que el impuesto sobre el patrimonio tenga un gran regreso en Europa, hay movimiento en Bruselas. Un impuesto de este tipo también sentaría las bases para un sistema tributario común que fortalecería a la UE en su conjunto, en un momento en que los partidos euroescépticos de derecha del continente, antes de las elecciones de 2024, buscan debilitarla.

Publicado originalmente en The Conversation (https://theconversation.com/calls-grow-in-europe-for-wealth-tax-to-finance-the-green-transition-216212).