En la construcción de un sendero de desarrollo sostenido, la relación Estado/empresarios es clave. Es sorprendente ver la similitud con que se califica a unos y a otros según el arco ideológico del observador: o todas las culpas recaen sobre el Estado (ineficiencia, corrupción, inestabilidad) o caen sobre los empresarios (rentistas, especuladores, parasitarios). Así, la posibilidad de generar reciprocidad es muy baja. Construir una relación de reciprocidad público-privada que favorezca el desarrollo implica, en principio, reconocer que la relación Estado/empresarios es políticamente jerárquica y asimétrica. A pesar del poder económico que detentan las grandes empresas y la capacidad de daño a nivel macro que tienen varios de sus comportamientos microeconómicos (reticencia inversora, fuga de capitales, baja innovación), el Estado es el principal responsable de garantizar el cumplimiento de precisas metas de desarrollo y de sancionar a aquellos que las incumplan. La teoría del “disciplinamiento del capital” no es el acallamiento de los actores en la esfera pública, sino la más elemental garantía de cumplimiento de acuerdos sociales amplios que involucran recursos públicos. Por eso es fundamental que la relación se promueva a través de canales institucionalizados y que estos canales no se reduzcan a acciones aisladas que se diluyen en el tiempo
*Investigadora Unsam-Conicet.
