El Gobierno aprobó una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta u$s600 millones para reformar la administración tributaria federal, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como organismo técnico del programa.
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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del lunes 28 de septiembre, en el Decreto 1115/2026, con las firmas del presidente Javier Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo. En la normativa se contempla un primer préstamo por hasta u$s100 millones para avanzar con cambios destinados a mejorar la gestión de los ingresos públicos.
La línea de financiamiento, denominada Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N° AR-O0035, tendrá un plazo de utilización de diez años desde la entrada en vigencia del acuerdo. El objetivo general del “Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal” será mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia de la gestión de los ingresos públicos.
Dentro de ese esquema, el decreto también aprobó el Contrato de Préstamo BID N° 6139/OC-AR por hasta u$s100 millones, destinado específicamente a financiar el programa. De esta manera, la operación distingue entre una línea de crédito condicional por hasta u$s600 millones y el préstamo inicial de hasta u$s100 millones que se encuadra dentro de ese mecanismo de financiamiento.
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El programa tendrá dos objetivos específicos: mejorar la gobernanza y la capacidad institucional de ARCA y fortalecer la administración de los ingresos tributarios. Para alcanzarlos, el proyecto estará estructurado alrededor de cuatro componentes vinculados con la gobernanza y capacidad institucional, la gestión integral de riesgos, la transformación de la experiencia del contribuyente y la modernización digital.
La ejecución de la iniciativa y la utilización de los recursos estarán en manos del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, que tendrá a su cargo la coordinación administrativa y fiduciaria. ARCA, en tanto, participará como organismo técnico sustantivo y actuará de manera coordinada con esa dependencia.
Antes de avanzar con la operación, el Banco Central evaluó su posible efecto sobre las cuentas externas. Según quedó plasmado en el decreto, el BCRA consideró que la dimensión del financiamiento “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” y concluyó que ese efecto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.
La Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía tampoco formuló objeciones al financiamiento. De acuerdo con el texto oficial, sostuvo que el costo financiero del préstamo, sobre la base de la información disponible y los supuestos utilizados, “es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.
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A través del artículo 1° del Decreto 1115/2026, el Ejecutivo aprobó formalmente el modelo de acuerdo entre la Argentina y el BID por hasta u$s600 millones. El artículo 2°, por su parte, dio luz verde al modelo del contrato de préstamo por hasta u$s100 millones, junto con las políticas para la adquisición de bienes y obras y para la selección y contratación de consultores financiados por el organismo internacional.
La norma también facultó al ministro de Economía —o a los funcionarios que este designe— y al secretario de Finanzas para suscribir, indistintamente y en representación de la Argentina, tanto el acuerdo de la línea de crédito condicional como el contrato correspondiente al préstamo del BID y la documentación adicional vinculada con ambas operaciones.
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El decreto habilitó además al ministro de Economía, o a los funcionarios que designe, a acordar modificaciones vinculadas con la ejecución del Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal. Sin embargo, estableció como límite que esos cambios no alteren de manera sustancial el objeto o el destino de los fondos, no impliquen un incremento del monto acordado ni introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.
Respecto de las características financieras, el decreto señala que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y las demás cláusulas previstas tanto para la línea condicional como para el préstamo son las usuales para este tipo de contratos y resultan adecuadas para los objetivos a los que serán destinados los recursos.
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Por último, la norma designó formalmente al Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Hacienda, como organismo ejecutor del programa, mientras ARCA tendrá el rol de organismo técnico sustantivo.
GZ/LT
