El Gobierno presentó ante el Congreso de la Nación una iniciativa que busca agregar un nuevo impuesto, esta vez a la Renta Inesperada, que pagarían las empresas con ganancias superiores a mil millones de pesos a través de una alícuota del 15% sobre el aumento de sus utilidades (valor constante); sujeto a otras restricciones con relación a la magnitud de sus utilidades respecto a sus ingresos o que tal cociente haya aumentado como mínimo en cierto porcentaje al compararlo con el año anterior.
El antecedente tributario argentino indica que siempre que se aprueba un impuesto “transitorio” se corre el riesgo de que permanezcan en el tiempo o a largo plazo, o que luego se requiera de otro gravamen temporal para sustituir los recursos que entregaba el anterior. Cabe recordar que el año pasado ya se aplicó por “única vez” el Aporte Solidario y Extraordinario, un impuesto a la riqueza personal.
La información se desprende de un análisis hecho por la Fundación Mediterránea titulado “Receta esperada: paga el sector privado”, en el que se expone el latente riesgo de que el gravamen se perpetúe en el tiempo y sus consecuencias negativas para la economía a corto y largo plazo. Así como el aumento de la presión tributaria sobre las empresas.
Daños colaterales del impuesto a la Renta Inesperada
Si el impuesto estuviera vigente en 2022, recaudaría entre 0,2% y el 0,3% del PBI. No parecen demasiados recursos para el daño que generaría a la economía argentina a corto y largo plazo. En primer lugar, porque significaría un nuevo aumento en la presión tributaria que sufren las empresas (en este caso de mayor envergadura), que así pasaría de 28,1% a 28,6% de sus ingresos por ventas en el sector industrial.
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En segundo lugar, si se aprueba el impuesto a la Renta Inesperada significaría un nuevo impuesto transitorio, que como se mencionó anteriormente, en Argentina siempre hay chances de que permanezcan a largo plazo, consigna el análisis hecho por la Fundación al sostener que cada vez que se aprueba un impuesto transitorio, los mayores recursos incentivan una suma en las erogaciones del Estado, y dado que generalmente el nuevo gasto se mantiene en el tiempo se requiere que lo transitorio se convierta en permanente.
Un claro ejemplo es el impuesto a los débitos y crédito bancarios o a los derechos de exportación. Así, la presión tributaria ha subido casi sin pausas desde 2003, exceptuando dos años de la anterior administración de gobierno, sostiene el reporte.
En tercer lugar, no se trata solo de un aumento en la presión tributaria, sino de una nueva señal acerca del rumbo económico del país, incrementando la percepción de inseguridad jurídica y afectando negativamente la inversión a largo plazo.
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“¿Quién puede invertir en un país que cada vez que a algún sector le va mejor le aplican un nuevo impuesto o le suben los existentes?”, se pregunta la Fundación Mediterránea. Para quien tiene rentabilidad (empresas) o altos ingresos (familias) ya existe el impuesto a las Ganancias en el cual mientras mayores ingresos, más se paga.
Adicionalmente, para muchos sectores, especialmente para el agropecuario, existen Derechos de Exportación, que al ser reintroducidos en 2022 también se anunciaron como transitorios.
¿Quién goza de mayor renta inesperada en Argentina?
Esta es la pregunta que se debe responder según el informe. Mientras para las 10 mayores empresas argentinas que cotizan en Bolsa el aumento nominal promedio de sus ingresos en el primer trimestre del año resultó del 58%, en el mismo lapso los recursos del Sector Público Nacional (SPN) subieron 67%, frente a una inflación interanual del 53%.
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En el primer cuatrimestre del año, en que los recursos del SPN subieron un 70% (con un IPC de 54%), y con erogaciones estatales aumentando también fuertemente por arriba de la inflación (75%); el déficit primario resultó equivalente a 0,4% del PBI anual en cuatro meses, cuando podría haberse obtenido un superávit de 0,3% si el gasto se hubiera limitado a copiar el sendero inflacionario.
Para los autores del relevamiento, se está dejando pasar la oportunidad de bajar más rápidamente del déficit fiscal o de pasar al superávit, por llevar a cabo una política de gasto demasiado expansiva.
Se trata, además, de un proceso a largo plazo: entre el año 2000 y 2021, el PBI generado por empresas subió un 37% en valores reales, frente a una expansión del 146% en el gasto del SPN en el mismo lapso. De más está decir que ni familias ni empresas reciben mayores o mejores servicios del Estado en estas dos décadas, salvo el hecho que ahora millones de personas adicionales reciben ingresos desde el sector público (nuevos empleados públicos, jubilados sin aportes, planes sociales, etc).
El empleo público aumenta más que el formal privado
En el mismo período de poco más de dos décadas, el empleo público subió un 80%, cuando el trabajo asalariado formal privado lo hizo un 57%. En 2022, además, los salarios públicos exceden en un 15% al salario privado formal promedio. Como se lo mire, parece que es el sector público quien debe ajustar sus gastos y desequilibrios, para que Argentina tenga posibilidades de volver a la senda del crecimiento.
El mencionado proyecto de ley contempla que los recursos aportados por el impuesto a la renta inesperada sean participados con las provincias, que de aprobarse proveería un aumento de ingresos totales de entre 0,2% en CABA hasta un 1,6% en Catamarca. Está claro que esta disposición busca sumar a los gobernadores a la estrategia de subir la presión tributaria para evitar contener el gasto del estado, algo que la mayoría de los mandatarios provinciales muy probablemente comparten.
Se trata del atajo de buscar aprobar reformas con el apoyo de las provincias menos pobladas, que pesan más en el Senado, muchas de ellas con mala calidad institucional y fuertemente dependientes de las transferencias nacionales y, por ende, con menor margen para decidir en forma autónoma. El tipo de atajos que mantiene al país estancado o en decadencia desde hace mucho tiempo.
SE / LR
