El proyecto de ley Bases establece la creación de la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que hubieran alcanzado los sesenta y cinco años de edad y que no cumplan con los 30 años de aportes.
“El haber mínimo para los beneficiarios de esta prestación de retiro será el establecido en el artículo 14 de la ley 27.260 y alcanzará únicamente a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de dicha ley”. En términos sencillos, el sistema de retiro será equivalente a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber mínimo y podrán cobrarlo únicamente las personas mayores de 65 años que sean ciudadanas argentinas por opción o naturalizadas (con una residencia mínima de 10 años), y no sean beneficiarias de otra pensión o prestación por desempleo.
A diferencia de la PUAM, este sistema de retiro “establecerá parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados”. En la práctica, explicó el abogado previsionalista Christian D’Alessandro a PERFIL, “a quienes no tengan los aportes suficientes se le otorga esta pensión, que es el 80% de una jubilación mínima. Ese sería el piso. Y, dependiendo de los aportes que se tenga, si no se tiene los 30 que la ley pide para poder jubilarse, se les toma una proporcionalidad”. Pero, “el techo de esta prestación es la jubilación mínima. Es decir que es una PUAM más un plus”.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizado en base a datos oficiales, durante el primer cuatrimestre del año “en los programas vinculados a la Seguridad Social se observan muy fuertes caídas”. En el caso de la PUAM, la ejecución es un 52% menor respecto al mismo periodo de 2023.
El "retiro" se trata en definitiva de una PUAM más un plus, sostienen los especialistas
La PUAM, explicó D’ Alessandro, no es susceptible de derecho a pensión. “Empieza y termina con la vida del titular, no se transmite a pensión. Es una prestación de carácter no contributivo, que no sale de los recursos de la Seguridad Social, sino del tesoro público y que da derecho a tener PAMI”, detalló.
Por lo tanto, muchas personas que tenían 10 o 20 años de aportes, que no entraron en moratoria y accedieron a la PUAM, no fueron compensadas como en principio prevé la nueva ley. “Con las moratorias una persona puede completar los años de aportes que faltan y poder cobrar como mínimo la mínima. Pero si tenían aportes muy buenos en su historial laboral y eso ameritaba que cobren más –porque a lo mejor necesitaban 5 años de aportes–, tenían 25 años de aportes reales y necesitaban 5 de la moratoria, entonces se jubilaron con muy buenos sueldos pese a utilizar este sistema”.
Si la moratoria se deroga, “el dinero que la persona ha hecho con sus esfuerzos de trabajo se pierde, porque el piso va a ser la PUAM y el techo va a ser una jubilación mínima”.
Si bien las moratorias jubilatorias “no atacaban el problema estructural, sino que lo disfrazaban”, explicó Eugenio Semino a PERFIL, eliminarlas ahora no es la mejor solución. “La primera moratoria, que fue en 2005, se dio en razón de lo que había sido la crisis del 2001. La gente se había quedado sin trabajo, necesitaban protección social, y ahí entraron 2 millones y medio de personas que compraron su deuda”.
El contexto en el que se aplica la moratoria actual sigue siendo de alto grado de informalidad, a lo que se suma la caída en los niveles de empleo. Entre diciembre y febrero se perdieron 62.920 puestos de trabajo, una cifra liderada por la caída en la construcción, que perdió más de 12 mil.
Desde CEPA informaron también que “en lo relativo a otras modalidades de trabajo registrado, a febrero de 2024, 2.092.842 personas tienen al monotributo como su modalidad principal. Esta categoría creció en 9.375 puestos en febrero”.
El trabajo en casas particulares, que realizan en su mayoría las mujeres, perdió 5903 puestos en esos tres meses estudiados.
La caída del sector privado es mayor a la del sector público: en el primero fue del 1% y en el segundo del 0,6%.
La moratoria disfrazaba el problema. Eliminarla no es la solución, dicen
Para el Defensor de la Tercera Edad, “las respuestas se piensan electoralmente y no de manera estructural”. Pero, aunque la moratoria no sea la mejor solución, “es absurdo derogarla por la informalidad en el mercado laboral, que además tiene mayor impacto en las mujeres”.
La ley de moratorias tiene vigencia hasta 2025, por lo que, opinó “hay que dejar que esta ley se cumpla y después discutir de base el financiamiento del sistema”.
En cuanto a los otros gastos en seguridad social que más cayeron en la ejecución presupuestaria interanual, señalaron desde CEPA, están el Programa 1.000 días de la ANSES (-47%), las Pensiones no Contributivas (-40%), las Prestaciones Previsionales (-32%) y las Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, que incluyen las transferencias al PAMI (-56%).
