El Congreso nacional se apresta a sancionar una nueva ley de movilidad previsional. De la actual regla –suspendida– que establece que los ajustes en los haberes previsionales serán en un 70% inflación y 30% salarios, se propone volver a la fórmula anterior que ajustaba 50% según salarios y 50% según recursos tributarios de la ANSES con un tope de aumento de los recursos totales más un 3%.
Si esto es mejor o peor para los jubilados dependerá de si los recursos totales de ANSES suben por encima o por debajo de la inflación.
Sorprende que la fórmula que se quiere restablecer fue modificada por el anterior gobierno porque consideraba que imponía aumentos del gasto previsional que no eran tolerables para las finanzas públicas. De aquí es que se pasó a la fórmula basada fundamentalmente en la inflación. Ahora, con el argumento de darle sustentabilidad al sistema se vuelve, previo haber pasado un año con ajustes definidos discrecionalmente, a la vieja fórmula que se cambió porque era no sustentable.
¿Puede la regla de movilidad garantizar la sustentabilidad del sistema?
Para responder esta pregunta sirve analizar la evolución del gasto previsional nacional. Según datos del Ministerio de Economía se observa que:
- En la década de los ’90 el gasto previsional nacional era de 7,3% del PBI.
- Entre los años 2002 y el 2008, en un marco de alta inflación y sin regla de movilidad, el gasto previsional nacional bajó a 5,0% del PBI.
- Entre los años 2009 y el 2019, también con alta inflación pero con regla de movilidad el gasto previsional promedio fue de 8,0% llegando al 9,0% en el 2019.
Estos datos muestran que el gasto previsional no depende de la regla de movilidad. Es cierto que manipulando los aumentos se pueden logran licuaciones en los haberes como ocurrió entre los años 2002 y 2008 y en menor medida en el presente año.
A través de las moratorias previsionales se repartieron indiscriminadamente 3,6 millones de jubilaciones sin aportes. Un derivado de esta mala decisión es la creciente incidencia de personas que cobran doble beneficio (jubilación más pensión).
Pero se sabe que licuar el gasto previsional negando la movilidad implica diferir los problemas porque genera alta litigiosidad. Mucho más decisivo en la dinámica del gasto previsional son el envejecimiento de la población y las malas políticas previsionales.
Dentro de ellas, se destacan las moratorias a través de las cuales se repartieron indiscriminadamente 3,6 millones de jubilaciones sin aportes. Un derivado de esta mala decisión es la creciente incidencia de personas que cobran doble beneficio (jubilación más pensión).
La sostenibilidad del sistema no se va a lograr cambiando la fórmula de movilidad sino impulsando un ordenamiento integral que aborde 5 puntos fundamentales.
1) Tender a igualar los requisitos de acceso al régimen general fijado en 65 años de edad y 30 aportes.
2) Ajustar a futuro estos requisitos gradualmente con el envejecimiento de la población.
3) Cerrar las moratorias y dejar como único beneficio de protección a las personas que llegan a la edad de jubilación sin aportes a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
4) Limitar la posibilidad de acumular beneficios (jubilación más pensión).
5) Tender a armonizar todos los regímenes especiales al régimen general.
El Senado convirtió en ley la quita de fondos a la Ciudad y aprobó la movilidad jubilatoria
La política previsional genera impúdicos cambios de roles en la clase política. Cuando se ocupa el rol opositor se asume una actitud refractaria a cualquier cambio ordenador, mientras que cuando se está en el oficialismo se apela a manipular la movilidad para poner algún límite al insostenible crecimiento del gasto que generan las malas reglas previsionales.
Mientras este cambio de roles se ejecuta con gran plasticidad, estos mismos actores propulsan con firmeza –casi como una política de Estado– el inmovilismo para avanzar en el ordenamiento del sistema jubilatorio.
El sistema previsional es el dispositivo institucional que más compromete el futuro de los niños y jóvenes. Esto se debe a que los efectos de sus decisiones perduran por décadas y las nuevas generaciones son las que debe pagar los costos de dichas decisiones.
Un país con más del 60% de los niños y jóvenes en la pobreza, no se puede dar el lujo de tener un sistema previsional desordenado y generoso con una gran cantidad de privilegios.
* Economista de IDESA
