En medio de las tensiones del juicio por la estatización de YPF, el gobierno argentino sumó un nuevo frente de conflicto luego de que los querellantes en el caso de la expropiación de Aerolíneas Argentinas reclamen una audiencia judicial para entender la postura de la administración de Javier Milei en relación con el pago de una sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
"Los beneficiarios del fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas solicitan audiencia con la Juez Colleen Kollar-Kotelly, para conocer las intenciones del Gobierno del Presidente Milei sobre el pago de USD 340 millones correspondiente a la sentencia del CIADI. De lo contrario, comienzan embargos", señaló el director de Latam Advisors, Sebastián Maril.
La lista de socios de Burford, el secreto mejor guardado de la causa YPF
Maril sigue de cerca el proceso judicial que enfrenta el país con Titan Consortium por una deuda por USD 327 millones. En 2019, el CIADI falló contra la Argentina en la apelación por la condena dictada en 2017 que obligaba al desembolsar el monto en cuestión.
En 2018, Titan compró los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo que lleva adelante el pleito legal por la estatización de YPF en los tribunales estadounidenses, por USD 107 millones. El estudio londinense se desprendió del juicio al considerar que el desembolso del dinero seguiría dilatándose.
Aerolíneas Argentinas: qué dice el escrito de Titan
Ahora, el demandante presiona para que la gestión libertaria cumpla con el compromiso aplazado. "Desde que las partes presentaron su moción para desestimar el escrito y las presentaciones complementarias, Argentina eligió un nuevo presidente, Javier Milei, que ha prometido una política fiscal y económica nacional radicalmente nueva", indica un escrito al que accedió el titular de Latam Advisors.
Y continúa: "A la luz de estos acontecimientos, Titan solicita respetuosamente a la Corte establecer una conferencia de status para determinar si la nueva administración de Argentina cumplirá voluntariamente con el Laudo del CIADI y, en caso contrario, determinar el camino más efectivo para avanzar en este litigio".
La demanda surgió a raíz de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas que tuvo lugar en 2008 durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Por aquel entonces, la línea aérea estaba en manos del grupo español Marsans.
Así como ocurre con el caso YPF, si la Justicia estadounidense resuelve en contra de los intereses argentinos, no se descarta que se produzcan embargos de bienes. No sería la primera vez que ocurre. En 2012, los denominados "fondos buitre" lograron que se embargue la Fragata Libertad.
MFN CP
