En medio de las discusiones por el tratamiento la ley Ómnibus, se resolvió que la Justicia Nacional en lo Comercial intervenga en el amparo presentado por las agencias de turismo contra la normativa vigente en el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei.
Según confirmó NA, la Cámara en lo Contencioso Administrativo dio luz verde a los tribunales que entienden en cuestiones comerciales para tratar la medida judicial dispuesta por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) contra el DNU.
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Otro foco de conflicto para el DNU de Milei
“Toda vez que –debido a la índole de la pretensión, vinculada con las modificaciones introducidas por el decreto impugnado en materia concerniente a la actividad comercial de los Agentes de Viaje y la locación de servicios turísticos; esto es, normativa de derecho común– no se advierten razones que permitan atribuir competencia a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal”, reza el fallo rubricado por los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco.
De esta manera, se abre otro foco de conflicto para el Gobierno, después de que la Cámara Nacional del Trabajo dictaminara que el capítulo 4 del decreto presidencial, que contiene los principales ejes de la reforma laboral, es inconstitucional.
A principios de enero, la FAEVYT, que nuclea a todas las agencias de viajes argentinas, presentó un amparo para que la Justicia "declare la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 en el punto en el cual pretende derogar el régimen general de los agentes de viajes (ley 18.829)".
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"Es fundamental resaltar que la derogación del régimen de agentes de viajes impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que, cumpliendo con esta ley, brindan seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector. La desaparición de esta norma, tal y como plantea el DNU, promovería una competencia absolutamente desleal con personas que no son profesionales de la actividad turística y que no tendrán ningún control para cumplir correctamente con su labor ni brindar ningún tipo de garantía a los pasajeros”, señaló el titular de la federación, Andrés Deyá.
Y añadió: "La oferta de servicios turísticos sin control alguno habilita la intermediación sin cumplir con pautas mínimas de legalidad y responsabilidad frente a los usuarios y consumidores que quedan expuestos a cualquier tipo de estafa y abuso por parte de sujetos que obtienen beneficio lucrativo operando en la informalidad”.
"Somos uno de los sectores más amplios, diversos y competitivos de la Argentina, hay más de 5.000 agencias registradas en todo el país, son cientos de miles de puestos de trabajo que se ponen en riesgo frente a una competencia desleal que tendrá también consecuencias directas sobre los usuarios, por eso avanzamos con este amparo solicitando que esta medida se declare inconstitucional”, completó.
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El pedido de las empresas de turismo al Gobierno
En simultáneo, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) envió una nota al ministro del Interior, Guillermo Francos, y a la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, para reclamar la incorporación del sector turístico al programa Cuota Simple que iniciará el 1 de febrero.
“Es una gran oportunidad para que nuestro sector, que en el último año aportó el 8.3% del PBI y lideró los índices de generación de empleo, siga traccionando como motor de la economía nacional y propiciando su crecimiento”, expresó Gustavo Hani, presidente de la CAT.
Bajo su perspectiva, es fundamental que el turismo local forme parte de la iniciativa "así como lo estuvo en Ahora 12 con excelentes resultados, aportando a la generación de empleo, a las economías regionales y al crecimiento del sector y del país”.
MFN / Gi
