La histórica cooperativa láctea de Santa Fe, SanCor, quedó bajo una nueva etapa de control judicial, en medio de reclamos salariales impagos, cuestionamientos al manejo interno y procesos penales que involucran a ex autoridades.
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Ayer, lunes 29 de diciembre, el juez Marcelo Germán Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, resolvió intervenir SanCor Cooperativas Unidas Limitadas, con sede central en Sunchales, al ordenar una coadministración judicial dentro del concurso preventivo que atraviesa la empresa, con el objetivo de reforzar el control sobre su funcionamiento.
Los motivos de la intervención judicial
La medida se tomó luego de los pedidos presentados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control, que alertaron sobre una serie de incumplimientos graves por parte de la cooperativa. Entre ellos, se mencionaron deudas salariales persistentes, el no pago del aguinaldo correspondiente a 2025 y un crecimiento constante del pasivo desde que se abrió el concurso.
Según el juez, este escenario profundiza la delicada situación económica y financiera de SanCor y pone en riesgo tanto a los acreedores como a los trabajadores, en un contexto ya marcado por la incertidumbre.
Otro punto clave fue la falta de colaboración de la empresa durante el proceso concursal. La Sindicatura señaló que SanCor no entregó información esencial sobre contratos, vínculos con otras firmas, estado de las plantas, niveles de producción, comercialización y stock.
Gelcich remarcó que esta falta de datos dificulta el control del concurso y va en contra de las obligaciones legales de la concursada, lo que terminó de justificar la necesidad de una intervención más activa por parte de la Justicia.
Cómo funcionará la coadministración
La resolución judicial dispuso la designación de un coadministrador que trabajará junto a las actuales autoridades de SanCor, sin desplazarlas, pero con amplias facultades de control, gestión y auditoría sobre la empresa.
Este coadministrador será un profesional especializado en sindicatura concursal, elegido a partir de una terna propuesta por la Sindicatura, y deberá intervenir en todos los actos con impacto patrimonial o contable, que no tendrán validez sin su firma.
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Además, podrá contar con hasta seis auxiliares —entre abogados, contadores, ingenieros y técnicos en lechería— y tendrá autorización para ingresar a todos los establecimientos de la cooperativa, incluso con apoyo de la fuerza pública si fuera necesario.
La coadministración tendrá un plazo inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga, y los costos que demande la medida deberán ser afrontados por la propia SanCor.
Ex directivos procesados y reclamos del gremio
En su fallo, el juez también hizo referencia a la situación judicial de ex autoridades de la cooperativa. Puntualmente, recordó que los ex presidentes José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez fueron procesados en una causa federal que investiga la presunta apropiación indebida de aportes de los trabajadores al sistema de seguridad social.
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Desde ATILRA, el gremio que representa a los trabajadores lecheros, anunció que ampliarán la denuncia penal y advirtieron que estas maniobras habrían contribuido al deterioro de la empresa y a la actual crisis salarial y laboral.
Por último, el magistrado dejó en claro que la intervención no apunta a desplazar a la conducción de SanCor, sino a garantizar un control efectivo que proteja a los trabajadores, a los acreedores y a la propia cooperativa, con la intención de sostener la continuidad de una firma clave para la economía regional.
GZ / lr
